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En la década de los años 80, el filósofo Henry Staten propuso el concepto de “afuera constitutivo” para establecer la idea de que toda identidad se define a través de una serie de relaciones con elementos externos.

La identidad mexicana se ha desarrollado históricamente con el “afuera constitutivo” que representa nuestro vecino norteamericano. Es innegable que ambas naciones van de la mano en muchos aspectos, y la seguridad es uno de los primordiales.

En ese sentido, el tráfico de armas representa un problema mayúsculo en la región, por lo que es necesario atacarlo en conjunto.

El tema no es ignorado por el Gobierno de los Estados Unidos. En 2020, el Departamento de Seguridad Nacional implementó la Operación Sin Rastro ―Operation Without a Trace― con el objetivo de combatir el tráfico ilegal de armas y municiones. Según sus datos, desde su lanzamiento logró incautar mil 125 armas, más de cuatro mil 300 cargadores, 680 mil cartuchos y más de 28 millones de dólares en divisas ilegales.

Estos resultados son solo un indicador de la punta del iceberg. El problema es más profundo. El tráfico de armas está catalogado entre los tres delitos más redituables a nivel mundial, junto con el narcotráfico y la trata de personas.

En este contexto se inserta la histórica demanda que el pasado 4 de agosto impulsó la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard, contra empresas armamentísticas en Estados Unidos. El fondo está por encima de la compensación económica que se exige.

Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la Cancillería Mexicana, aseguró que el daño producido por el tráfico ilegal de armas es simplemente incalculable. La cifra monetaria de la compensación es solo una condición para que la demanda sea tomada en cuenta en los tribunales estadounidenses. El objetivo es sentar las bases para el aumento en el control de todo el proceso relacionado con las armas.

Es momento de acabar con la negligencia que ha marcado la producción armamentística y su distribución en EU; una muestra de esa negligencia son los modelos hechos para llamar la atención de narcotraficantes mexicanos, como la Colt .38 súper “El Jefe de Jefes”, diseñada en oro de 24 quilates, rubíes y diamantes.

Crear este tipo de armas equivale a dirigir la publicidad directamente al crimen organizado. Es innegable.

La intención de la Cancillería no es cuestionar la segunda enmienda que instituye en EU el derecho de sus ciudadanos a comprar y poseer armas. El objetivo es hacer visible el hecho de que el efecto de esas negligencias sea el sufrimiento de familias mexicanas.

Los gobiernos de México y EU han comprendido la necesidad de trabajar en conjunto. Es necesario que las empresas entiendan que el momento histórico exige priorizar la agenda de seguridad sobre un modelo de ventas.

Frenar el ingreso de armas es central, como lo es sacarlas de las calles. Este lunes, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, reactivó el programa “Sí al desarme, sí a la paz”, encaminado a combatir la violencia urbana, porque la cultura de paz es esencial para la comunidad.

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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