“El TLC nos da en la torre (golpea) por la competencia que tenemos con Estados Unidos. No es lo mismo un agricultor mexicano que un ‘gringo’, ellos tienen más superficie, más maquinaria y más tecnología. Es una competencia desleal”, aseguró a Efe, Ricardo Gabriel Hernández, campesino de Jalisco.
En estos años del TLCAN la restricción de las políticas públicas para el campo ha obligado a que seis millones de hectáreas dejen de trabajarse. Las cifras que esgrime la Central de Organizaciones Campesinas y Populares son preocupantes. Cien mil expertos agrícolas que trabajaban en instituciones públicas y programas gubernamentales perdieron su trabajo, 50 mil ingenieros agrónomos ya no se dedican al campo y millones de mexicanos viven en zonas rurales subsistiendo bajo mínimos.
Por Martí Quintana
México, 10 de agosto (EFE).- Por desleal, empobrecedor e injusto, miles de pequeños productores agrícolas de México exigen la eliminación del capítulo agropecuario en el nuevo TLCAN, un convenio al que acusan de llevarlos casi a la miseria junto al desdén de las autoridades.
“En estos años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) la restricción de las políticas públicas para el campo ha obligado a que seis millones de hectáreas dejen de trabajarse”, dijo a Efe José Jacobo Femat, presidente nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp).
Las cifras que esgrime Femat son preocupantes. Cien mil expertos agrícolas que trabajaban en instituciones públicas y programas gubernamentales perdieron su trabajo, 50 mil ingenieros agrónomos ya no se dedican al campo y millones de mexicanos viven en zonas rurales subsistiendo bajo mínimos.
De acuerdo con el representante de Cocyp, entidad que forma parte del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), que representa a unos 200.000 pequeños productores, ello lleva a buena parte de la población campesina a “la miseria y supermiseria”.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la población rural pobre ascendía al 61,1 % en 2014, mientras que la urbana era del 41.7 por ciento.
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El mayor problema, argumentó Femat, es la libre colocación de precios, la falta de control estatal y los exportadores e intermediarios, que compran el producto a precios irrisorios y luego los venden con grandes ganancias.
“Es el exportador, el empaquetador final que manda el producto al extranjero quien se beneficia del productor, esquilmándolo al máximo”, denunció.
A sus 53 años, Ricardo Gabriel Hernández vive en Jalisco y es cosechador de maíz, uno de los productos con más compraventa desde y hacia Estados Unidos.
“El TLC nos da en la torre (golpea) por la competencia que tenemos con Estados Unidos. No es lo mismo un agricultor mexicano que un ‘gringo’, ellos tienen más superficie, más maquinaria y más tecnología. Es una competencia desleal”, aseguró a Efe.
Hoy en día, el precio del maíz -uno de los alimentos insignes de México- lo estipula la Bolsa de Chicago, cuando antes en el país latinoamericano existían precios mínimos o “de garantía”, y recibían ayudas que hoy continúan, pero apenas rondan los 140 pesos (7.83 dólares) por hectárea.
El mercado local, presionado por los precios de la competencia estadounidense, tampoco ayuda a este agricultor con seis hijos.
A él le dan alrededor de 3 mil 500 pesos por cada tonelada de maíz, que luego se vende a los fabricantes de tortillas a 5 mil 500 pesos.
Lo más preocupante es que lo que gana el campesino por tonelada equivale, prácticamente, al costo del cultivo y cosecha, aseguró.
En el estado de Oaxaca, Humberto Castro pasa por las mismas penurias. Tiene 41 años y lleva desde los 21 en el campo. Planta fríjoles, una legumbre que, como el maíz, acompaña el plato diario de millones de personas.
Por hectárea de fríjol, tiene unas seis, gana alrededor de 16 mil pesos, a dividir entre 12 meses.
“Prácticamente no alcanza, tiene uno que diversificar con la crianza de borregos, ovinos, y cuando hay oportunidad actividades de comercio”, apuntó.
Él es de los afortunados: “Hay agricultores que solo tienen una hectárea o dos hectáreas, el común. Solo trabajan un ciclo de cultivo y luego migran”.
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En este contexto, la Conorp anunció que buscará que se celebre un plebiscito para que la ciudadanía decida si se excluye el capítulo VII “Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias” del TLCAN, en vigor desde 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá.
Para ello están cabildeando legisladores para que soliciten la realización de esta consulta, de la que se encargaría el Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo año.
Ello significa trabajar contrarreloj, pues la renegociación del TLCAN comienza este 16 de agosto y los Ejecutivos de México y Estados Unidos desean que se desarrolle con rapidez y concluya antes de los procesos electorales de 2018 en ambos países.
Además de la Conorp, otras organizaciones campesinas se han manifestado recientemente en contra del TLCAN. Incluso el sector lechero denunció competencia desleal de Estados Unidos, llevando a la quiebra a más de 500 mil unidades productivas.
Esta posición choca con el discurso oficial, que ve en el convenio comercial un instrumento beneficioso para productores y consumidores de los países socios.
En todo 2016, el intercambio comercial de productos agroalimentarios entre México y Estados Unidos fue de 42.785 millones de dólares, y desde 1994 el comercio bilateral aumentó un promedio anual del 9 por ciento, según la Secretaría de Agricultura.
