Comienza a ser recurrente que escucho decir a personas que no votaría por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) porque “destruiría las instituciones”. El enunciado me ha dejado pensando y denota lo que será la guerra electoral del próximo año. Haciendo un poco de historia no recuerdo que las instituciones de la Ciudad de México se hayan destruido cuando fue Jefe de Gobierno, pero tal vez la memoria me falle. Pero no es un texto a favor de AMLO.

Es más bien un somero análisis del estado que guardan nuestras instituciones a las cuales querrían defender de AMLO. Deseo legítimo pero tal vez un tanto inexacto.

La impunidad y la corrupción que ahogan a México pasa por la ineficacia de las instituciones a cargo de combatirlas y castigarlas. No es fortuito que en casi todas las instituciones públicas hay señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o bien historias periodísticas sustentadas. Nuestros medios están llenos de esas historias. Es decir, nuestra crisis de gobernabilidad pasa, sin lugar a dudas, por la ineficacia de las instituciones.

Por más que el discurso político versa sobre la fortaleza de las instituciones y hay muy pocas que se pueden jactar de ser instituciones de Estado y que su funcionamiento sea óptimo. Algunas han caído por el tobogán del descrédito, como el Instituto Nacional Electoral (INE) cuya credibilidad en la sociedad está en sus peores momentos, luego de tener pleno respaldo ciudadano (y ese no fue AMLO sino los partidos políticos que no son un peligro, según ellos). O qué tal el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI) que sufre de los vaivenes políticos y se ausenta por momentos de las batallas a favor de la ciudadanía. El último gran caso sonado fue el del INEGI y el nombramiento irregular de Paloma Merodio que fue colocada ahí por la aplanadora priista y por el capricho del Secretario Meade. Tampoco fue AMLO el que debilitó la institución. El Banco de México podría ser uno de los ejemplos más salvables que hay sobre instituciones fuertes.

Para formar Estado se necesitan instituciones que respondan a ese interés y no al capricho del gobierno en turno. La fiscalización, procuración e impartición de justicia tienen un serio adeudo con la sociedad exactamente por eso: responden a intereses de grupos o partidos y no a su razón de ser. Por eso tantos casos de corrupción o violencia pasan al anonimato de la injusticia y son ahí olvidados por las instituciones que dicen que los protegerían.

El debate sobre cómo formar instituciones es oportuno mientras vemos el moribundo amanecer de las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y de los sistemas locales. Y no es por AMLO que el SNA no nace de manera vigorosa como se necesita ante los tiempos de rapiña que vivimos por parte de los partidos políticos (incluyendo el de AMLO).

El SNA no nace como debe de nacer por la falta de voluntad política. Porque tener un mecanismo que persigue la corrupción iría en contra de los intereses de los mismo corruptos que son varios en todas partes. Si después de 3 años no se ha nombrado a un Fiscal Anticorrupción es porque no conviene a los intereses y mientras no convenga la institución del Fiscal –pieza clave en el andamiaje normativo en la lucha anticorrupción- seguirá debilitándose (y eso no es culpa de AMLO).

Las instituciones públicas no viven del diseño institucional. Con éste se podrán hacer más o menos cosas, pero no podemos olvidar que las instituciones públicas necesitaban servidores públicos de probada honorabilidad. Y es ahí la puerta de entrada para que los partidos políticos desgasten la institución y la coopten tenuemente a favor de sus intereses.

Un ejemplo sería la CNDH de Raúl Plascencia Villanueva versus la CDHDF de Emilio Álvarez Icaza. Dos instituciones cuya confianza y trabajo se diferenciaban claramente por los servidores públicos que las dirigían. Plascencia lacayo del presidente en turno, mientras Icaza se erigió como el más efectivo ombudsman en México.

Un gran acerito ciudadano fue el nombramiento de los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA. Personas de respetada honorabilidad. De todo el sistema y sus instituciones son ellos los únicos que poseen una credibilidad inigualable. Simplemente porque ven por el Estado y no por sus intereses filias o fobias.

Hace un par de días el CPC presentó dos amparos en contra de las entidades federativas que no habían armonizado sus leyes en concordancia con la Constitución y la Ley General. El hecho que lo hagan es de celebrarse, pero al mismo tiempo debe ser de preocupación porque indica que en muchas entidades federativas el Sistema Local Anticorrupción está destinado al fracaso porque ya ha sido cooptado. El diseño del SNA es progresista, sin embargo, estamos fallando en la voluntad que transforme la realidad. Esa es la ausente. Por ello, lo que busca el amparo es que un juez federal obligue a las entidades a hacer las cosas correctamente.

Uno de los amparos presentados es porque muchos estados no reformaron de acuerdo a los principios federales una pieza legislativa fundamental que es la ley de responsabilidades administrativas, además, entre los aspectos más graves que señala el amparo se encuentra que 21 estados no han destinado presupuesto al funcionamiento de sus órganos anticorrupción y Yucatán es el peor caso, porque ni siquiera contempló la asignación de recursos en su ley. Voluntad, siempre voluntad, o falta de.

Las instituciones están destruidas y se desangran por minuto. AMLO podrá ser mejor o peor, eso no lo sé, pero más que preocuparnos por cómo él podría destruir las instituciones me parece que debemos de reconocer que los que están en el poder ya las destruyeron a tal grado que sostienen un sistema moribundo pero lejos de cumplir para lo que fueron creadas. El peligro no está si llega AMLO. El peligro lo estamos viviendo día con día. ¿Si es mayor con AMLO? Eso no lo sé. Pero hoy las instituciones están incendiadas.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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