Como en Veracruz, Coahuila, Chihuahua y Quintana Roo y a la par de los gobernadores priistas, Graco Ramírez Garrido Abreu, un Gobernador emanado de la izquierda y en un primer momento apoyado por Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la Presidencia de la República, debe ser enjuiciado e investigado antes de que se vaya, dijo Javier Sicilia Zardain. Morelos es seguro, dijeron las familiares de víctimas, pero “es seguro que te maten, roben, te secuestren” y Graco oculta la realidad.
Cuernavaca, Morelos, 10 de agosto (SinEmbargo).– Graco Ramírez Garrido Abreu, Gobernador de Morelos, debe rendir cuentas y ser enjuiciado por los crímenes de lesa humanidad, antes de dejar el cargo, dijo Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
A dos años de que concluya la actual administración, el también escritor y poeta expuso que el Gobierno federal debe ir por Graco y no esperar a que el daño aumente, como lo hizo con el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
“Que rinda cuentas antes de irse, porque se van en la absoluta impunidad. Duarte va a salir así, como salió [Humberto] Moreira, luego tenemos que perseguirlos, o como salió el de Oaxaca, Ulises Ruiz, y tantos. ¿Dónde está Ángel Aguirre y Ayotzinapa?Empecemos por ahí, porque si no la estructura está al servicio de los criminales, de los intereses más obscuros”, dijo.
En los cuatro años de Gobierno del perredista, recordó Sicilia, en Morelos ocurrieron 3 mil 600 homicidios, 191 feminicidios, 384 secuestros y 77 mil robos.
“Y la deuda del estado es monstruosa. No ha dejado un sólo problema, ha agravado los problemas; es un Gobierno de saliva, que ha usado la mentira como forma de Gobierno”, detalló.
Sicilia y víctimas –entrevistadas por SinEmbargo– coincidieron en que en la entidad el Gobernador Graco Ramírez niega la realidad y los crímenes que se cometen en contra de la población civil.
Las fosas de Tetelcingo y en Jojutla revelaron 117 cuerpos y nueve bolsas con 12 fragmentos de personas. Algunos de los cadáveres con el tiro de gracia, sin identificación, en total clandestinidad.
“Las fosas de Jojutla son del Estado, donde no siguieron ningún protocolo. No se les informó a las familias. Otros están con tiro de gracia, sin necropsia, huesos. Y el Gobierno sale con que es una falta administrativa, una práctica común. Ese es un crimen de lesa humanidad, ¿por qué están desapareciendo cuerpos sin protocolos?”, planteó Sicilia.
La fosa de Tetelcingo fue descubierta por la familia de Oliver Wenceslao Navarrete, un joven había que fue secuestrado y asesinado en 2013, y cuyo cuerpo fue llevado a la morgue, pero la Fiscalía morelense en lugar de entregarlo a sus familiares lo mandó a la fosa común sin avisar a la familia.
Tras el descubrimiento, otros familiares de desaparecidos, así como organizaciones y colectivos civiles, presionaron al gobierno de Morelos, por lo que la Fiscalía empezó a retirar los cadáveres del sitio. Entre los cuerpos había dos niños y un feto.
“Graco es un maestro de la corrupción, de la retórica de la mentira con una estructura psicópata. Hay una complicidad desde el Gobierno federal, que en lugar de investigar lo arropa, lo protege. Pero ahí están los agravios y las víctimas brotan de la tierra, como en Tetelcingo”, dijo Sicilia.
El activista afirmó que “a Graco lo vamos a sacar” y agregó que si la Secretaría de Gobernación no ataca la impunidad contra los gobernadores es síntoma de que “trabaja” con el crimen organizado.
LA MARCHA DEL 16 DE AGOSTO
Sicilia recordó que la marcha que se prepara para este 16 de agosto, en donde participarán líderes transportistas, las bases magisteriales, iglesia católica, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, colegios de abogados, el Frente Popular Gustavo Salgado, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (AUEM) y familiares de víctimas de distintos delitos y violaciones de derechos humanos, será para exigir la renuncia y juicio político de Graco Ramírez.
Algunos familiares de víctimas aseguran que en Morelos sólo han obtenido retrasos en la investigación de sus casos, como le ocurre a Tranquila Hernández Lagunes.
La mujer perdió a su hija, entonces de 18 años, un 13 de septiembre de 2014 cuando la joven se dirigía a una tienda cercana a su domicilio.
“No he tenido ninguna respuesta, ni siquiera atención. No me han atendido, porque aunque te den una cita, te tienen sentada horas y horas. La última cita que tuve fue hace seis meses. Me dijeron que ellos me hablaban y no me han hablado”, dijo.
Tranquilina criticó la falta a avances para dar con el paradero de su hijo y se quejó del Gobierno de Graco Ramírez.
“Yo me siento perdida. No hay avances y para ellos no pasada nada. Morelos es seguro sí: seguro te roban, te matan, te secuestran, pero para el Gobernador no pasa nada”, indicó.
Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anahí Morales, estudiante de la UAEM y desaparecida desde 2012 cuando acampaba con su esposo en un pueblo del Estado de México, coincide con Tranquilina.
En Morelos el peregrinar de los familiares de las víctimas por la justicia puede llevar años. Desde que su hija desapareció el caso pasó de Fiscalía en Fiscalía e incluso el expediente fue turnado al Estado de México, sin resultados.
“En Morelos ya no existe la carpeta de mi hija, porque ellos fueron a acampar a un pueblo del Estado de México, pero nunca regresan. Luego se localiza el cuerpo de su esposo en una cañada, desnudo. Se localizan sus objetos, la casa de campaña, pero de mi hija ni un solo objeto personal ni la ropa que llevaba. Levanto mi denuncia en Morelos, paso de Fiscal a Fiscal y ninguno hizo una investigación adecuada. Después me preguntaba el asesor del Procurador que si yo a quién quería que investigaran, porque ellos ya no sabían”, narró.
Como Tranquilina, Angélica también ha tenido que esperar y llevar oficios de una oficina a otra, porque en la fiscalía no hay nadie que haga ese trabajo.
“Las cifras que saca el Gobierno de Morelos en el periódico no son reales, es peor; es difícil en Morelos la seguridad, por mi experiencia con las víctimas todos los días hay desparecidos”, indicó.
Jacobo Dayán, especialista en Derechos Humanos y analista internacional, precisó que el caso de las fosas de Morelos, es un ejemplo más de los crímenes que se cometen en el país.
“Tenemos miles y miles de personas desaparecidas y el estado está enterrando personas. No se hace la búsqueda de los familiares, en el caso de Tetelcingo personas que fueron inhumadas, el ocultamiento de cadáveres también es desaparición forzada, esas personas por qué murieron. Si no hay expedientes, cómo se atreve el Estado mexicano a dar por concluido el caso y enterrar 117 casos”, dijo.
Dayán recordó la negativa del Gobierno de Graco Ramírez a entregar información sobre las fosas a los familiares de las víctimas.
“El Gobierno del estado de Morelos tiene que aclara qué pasó, porque no puede salí con que es un problema administrativo. Lo que tratan de hacer es meter la pata por delante y no enfrentar el problema”, finalizó.
