Desde hace más de una década ejidatarios de El Bajío, ubicado entre los municipios de Puerto Peñasco y Caborca, en Sonora, están en pie de lucha contra los Baillères, cuya minera Penmont se ha visto envuelta en una trama de despojo, ilegalidades, violencia, señalamientos de corrupción e impunidad.
Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- Ejidatarios del ejido El Bajío, el cual desde hace una década mantiene una disputa legal con los Baillères, una de las familias más ricas del país, señalaron al Poder Judicial por ayudar en repetidas ocasiones a los propietarios de la minera Penmont removiendo a los magistrados que emiten sentencias a favor de los afectados, afirmó Ariadna Alzuru Mogollón, vocera de la fundación ejido El Bajío.
En entrevista en el programa “De Doce a Una”, la activista señaló que los ejidatarios no solo han tenido que enfrentarse al poder económico de los Baillères, sino también al Poder Judicial que sirve a los intereses de esta familia.
“En principio las y los ejidatarios se han enfrentado a un poder económico enorme, que es la familia Baillères, es una familia que tiene muchísimo poder, es una familia que además tiene el poder justamente de remover magistrados, eso lo vieron lo vivieron los y las ejidatarias en el 2014 cuando el Magistrado que emitió la sentencia fue removido de su cargo y a lo largo de estos 10 años todos los magistrados que han estado han sido removidos, no les da tiempo de estudiar el caso, las sentencias no han sido ejecutadas y evidentemente para los y las ejidatarias y la Fundación El Bajío es muy claro, que este poder económico está detrás de toda esta situación”.
Desde hace más de una década ejidatarios de El Bajío, ubicado entre los municipios de Puerto Peñasco y Caborca, en Sonora, están en pie de lucha contra los Baillères cuya minera Penmont se ha visto envuelta en una trama de despojo, ilegalidades, violencia, señalamientos de corrupción e impunidad.
La minera Penmont, propiedad de Fresnillo, subsidiaria de Industrias Peñoles, el brazo minero del Grupo Bal de los Baillères, es acusada de haber realizado exploraciones y explotación minera en sus territorios de forma ilegal, desde los años noventa.
En esa década, la compañía de los Baillères, pidió un permiso de exploración, el cual al ser otorgado dio pauta para que iniciaran ilegalmente tanto la construcción de la mina Dipolos, así como extensión de La Herradura —que en 2020 produjo 55.3 por ciento del oro total de Grupo Bal—, con las cuales los ejidatarios perdieron el acceso a todo su territorio, como han denunciado ellos.
Por aquel entonces les pagaron 16 mil pesos a cada uno de los 77 ejidatarios y nunca más se volvió a saber de la minera hasta que vieron la mina en forma, que estaba explotando oro a gran capacidad. Notaron un despliegue y movimiento de maquinaria pesada. A partir de ahí no tuvieron acceso a su tierra. El Ejército mexicano, dijeron, custodiaba la mina y no les permitía entrar a la tierra a ninguno de ellos.
La situación llevó al inicio de 2009 a un conflicto legal entre el ejido El Bajío y la minera Penmont. Ese año un grupo de ejidatarios interpuso un juicio agrario —el 188/2009— con el objetivo de que la minera les consultara la pertinencia de las acciones emprendidas dentro de su territorio.
Cuatro años después, en 2013, los ejidatarios interpusieron 67 juicios agrarios contra Penmont, en los cuales el Magistrado Manuel Loya Valverde les dio la razón al sentenciar en 2014 que la empresa de los Baillères debía desocupar y entregarles las tierras —lo cual tuvo que llevarse a cabo mediante la intervención de las fuerzas del orden—, regresarlas, además, al estado que tenían antes de la ocupación, así como a devolver el oro que se extrajo, y a indemnizar a los afectados por el uso de sus tierras. Pero nada de eso ocurrió.
Han pasado desde entonces diez años del fallo sin que se ejecuten las 67 sentencias que dictó el Tribunal Agrario, y la situación a partir de ese momento, según han denunciado los ejidatarios de El Bajío, ha empeorado.
“Esa es nuestra gran pregunta, ¿por qué la sentencias no han sido ejecutadas? El ejido El Bajío cuenta con 67 sentencias a su favor desde el 2014, son sentencias que emitió el Tribunal Agrario número 28 de Hermosillo, Sonora, esta sentencias implican que la mina debe salir del territorio de ejido El Bajío, esto finalmente se logró en el 2018, después de 4 años. Sin embargo la sentencias estipulan que al haber ocupación ilicita del territorio, la empresa tiene que pagar las rentas por haber ocupado el territorio de manera ilegal y tiene que devolver todo el oro extraído de manera ilegal a sus propietarios, es decir, a los ejidatarios y ejidatarios del ejido El Bajío, esto por supuesto no ha sucedido y es lo que se está pidiendo la ejecución de la sentencias”, indicó Ariadna Alzuru.
En 2022, el exmagistrado Manuel Loya Valverde, quien en 2014 determinó que la minera Penmont debía restituir al ejido El Bajío el oro extraído de estas tierras al no poder acreditar su concesión, denunció que la familia Baillères, presionó y tuvo injerencia en el Senado para que ese mismo año no fuera ratificado en su cargo.
“Hubo la interferencia absoluta de la empresa a nivel cámara legislativa del Senado de la República. Eso me queda claro y lo percibí. Es más, yo afirmo y lo he hecho siempre, mi no ratificación no se decidió al interior del Senado de la República, mi no ratificación se decidió desde antes de que se iniciara el proceso de ratificación, es decir yo ya iba definido a que no se me iba a ratificar. Esto pues sin duda alguna, yo no lo puedo negar, hay una presión fuerte por parte de la empresa, la mina, hacia los órganos legislativos para que no se diera mi ratificación”, dijo en entrevista en el programa “Los Periodistas” el 16 de agosto de 2022.
La activista detalló que las sentencias también indican que la empresa debe retornar el ambiente en la tierra a su estado natural, es decir, al estado anterior a la explotación minera, lo cual no hansucedido.
“Esto tampoco ha sucedido, el ejido El Bajío sigue con más de 3 mil hectáreas destruidas, además tenemos la mina La Herradura al lado que también produce una cantidad de contaminación importantísima, todo el polvo que se levanta de esta mina va a parar al territorio del ejido El Bajio, entonces esta sentencias no han sido ejecutadas, las exigencias y las demandas de los y las áreas son muy claras, simple y llanamente piden que la empresa minera se apegue a la justicia y que las sentencia sean ejecutadas. En noviembre de este año los ejidatarios van a cumplir 10 años sin acceso a la justicia”.
Ariadna Alzuru recordó que los ejidatarios de El Bajío decidieron declarar su territorio como área destinada a la conservación, como parte de una estrategia, pues las áreas destinadas a la conservación no permiten que exista explotación minera. Sin embargo, señaló que la minera intentó anular este recurso, el cual fue rechazado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
“En la asamblea anual de accionistas de Fresnillo, el pasado 23 de mayo, estuvieron los representantes ejidales y ellos pudieron constatar como justamente el director de la empresa decía que la empresa quería recurrir esto, esto no lo puede hacer la empresa, de todas formas se hizo un intento de es anular el área destinada a la conservación, la CONANP ya dijo que esto no es posible, se ratificó el área de voluntariamente destinada a la conservación, dentro del territorio del ejido El Bajío. Lo que nos llama la atención, es que la empresa minera dice esto en la asamblea de accionistas, pero quien hace todo el trabajo para recurrir a esto son personas vinculadas a el Cártel de Caborca y al sobrino de Caro Quintero”.
“Nosotros esperamos que se cumpla con la justicia, nosotros pedimos que podamos acceder a la justicia y que los y las ejidatarias puedan finalmente tener el acceso a la justicia y el cumplimiento de las 67 sentencias a su favor”.
