El Estado de México es la región más poblada del país, con más de 17 millones de habitantes. Puede decirse que uno de cada 10 mexicanos son mexiquenses. En esa entidad, gobernada durante 74 años por un solo partido, el PRI, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, –el único que existe en la entidad– fue fundado, hoy hace cuatro años, por un grupo de jóvenes, y ha logrado brindar un acompañamiento integral a las comunidades que optaron por no ceder a los intereses políticos y empresariales que buscan con insistencia despojarlos de su tierra, de su agua o de sus bosques. Actualmente son pueblos que enfrentan y frenan los despojos auspiciados por los gobiernos federal y local, aunque en ello les vaya la libertad y la vida de por medio.
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Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– El Estado de México, la entidad que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobierna desde 1942, guarda un sinnúmero de pequeñas y grandes luchas dadas por ciudadanos de cara a los intereses políticos y empresariales. De acuerdo con la experiencia del abogado José Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), la única figura de defensa de los derechos civiles existe en ese estado, la resistencia de los pueblos mantiene aún como referente a la Revolución Mexicana.
Y es que el actuar de la gente en esos pequeños pueblos ha derrumbado el mito de que los mexiquenses son sólo aquellos que venden el voto o que se prestan a ser acarreados por el PRI. Se trata de pobladores de comunidades que incluso han dado la vida por defender aquello que consideran propio. Es tal como sucedió en 1910, dice el activista; la gente salió a defender la tierra y más de 100 años después la lucha sigue siendo por la tierra, por el agua y por los bosques, afirma en entrevista con SinEmbargo.
Es la gente de más edad la que está en las primeras filas de las embestidas, de los anuncios y de los reclamos. En ellos, la Revolución pareciera estar más viva que nunca, asegura.
Hasta hace cuatro años, el Estado de México –la entidad más poblada del país– carecía de una figura que defendiera los derechos humanos de las comunidades. El caso de San Salvador Atenco en 2006, no es el único movimiento en defensa de la tierra que se ha gestado en esa entidad, ni los otomíes de San Francisco Xochicuautla resisten a Grupo Higa a partir de que saliera a la luz el caso de la “casa blanca” de la esposa del Presidente de México, en 2014.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero fue fundado por un grupo de jóvenes egresados de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ellos advirtieron que en el Estado de México se gobernaba bajo una política represora y en contra de los pueblos indígenas. Actualmente han acompañado a una veintena de pueblos que han reivindicado su derecho a controlar sus recursos naturales.
La cantidad de trabajo y la magnitud de los problemas que el CDHZL atiende, cuenta José Antonio, puede medirse con dos casos: Nochixtlán y la Ley Eruviel.
El primero, ocurrido apenas el 18 de junio pasado, exhibe el modo de actuar del Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien es parte del llamado Grupo Atlacomulco, contra los opositores a su gobierno, expone. El segundo caso, destaca, es la Ley Eruviel, promulgada este mismo año por la necesidad de legalizar el actuar de lo ocurrido en Nochixtlán, en Xochicuautla, en Coyotepec, en San Salvador Atenco.
Pero a cuatro años de labor, José Antonio insiste en que para la gente del Estado de México hay esperanza. En principio, porque es gente que ha sobrevivido a esa forma de hacer política. Además porque en la embestida, los pueblos se han reconocido como iguales al punto de que la derrota de unos significa la derrota de todos.
Los del Centro Zeferino Ladrillero consideran a esos pueblos los “gérmenes de autonomía” que terminarán por impregnar a uno de los principales bastiones del PRI en México.
AUSENCIA Y NECESIDAD DE DEFENSA
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero fue una idea que surgió, primero, ante la necesidad de defensa legal de activistas que estaban sufriendo una represión gubernamental muy fuerte desde 2011, cuando se apoyaba a una organización social que luchaba por obtener viviendas dignas: la Alianza Única del Valle.
“Varios estudiantes nos fuimos integrando y en 2012 empezamos a tener la idea de construir un Comité Jurídico, pero nos dimos cuenta de que teníamos las capacidades suficientes para no sólo dar la defensa legal de la Alianza del Valle, sino también involucrarnos en otras luchas y otras defensas legales que pudieran tener la misma necesidad de abogados con un mismo perfil: ser la defensa de los movimientos sociales”, narra José Antonio Lara Duque.
Luego, ese comité se convirtió en el Centro de Derechos Humanos. “Decidimos nombrarlo Zeferino Ladrillero, porque don Zeferino es el Coordinador de la Alianza del Valle más longevo, lleva al menos 45 años defendiendo derechos humanos en el Estado de México”, comenta el abogado.
Ese es el origen. De la Alianza del Valle se impulsó el CDHZL y lo reivindicaron como una organización de derechos humanos que nace desde el movimiento social, para acompañar a otros movimientos, a los pueblos y a las organizaciones.
El Centro está integrado por jóvenes con 24 años de edad promedio, y mayoritariamente por mujeres –de las siete áreas que lo conforman, cinco están en manos de luchadoras sociales– y esto es también una de sus principales reivindicaciones cuando realizan un acompañamiento en el Estado de México.
“Y en ese sentido es asombroso que en la entidad federativa más poblada, con más de 15 millones de habitantes –es decir que uno de cada 10 mexicanos es mexiquense– haya una inexistencia de organizaciones de derechos humanos que den acompañamiento a pueblos y organizaciones que defienden sus tierras y sus recursos naturales”, dice.
–¿A qué le atribuyes esa ausencia?
–Es una clara consecuencia de que en el Estado de México, el Gobierno estatal es de los más autoritarios y represivos que existen en todo el país, y eso ya es mucho decir. Si de por sí en el país tenemos una tradición de gobiernos represivos y autoritarios, el Estado de México tiene toda una tradición de control en su población. El famoso Grupo Atlacomulco, fundado a principios de siglo XX, no ha perdido el poder en el Estado de México y de ahí que ese grupo fuerte dentro del PRI encabezara la estrategia para retomar la Presidencia de la República en 2012. Cuando ellos regresaron [a Los Pinos] era evidente que lo harían a través de uno de sus grupos más consolidados. Ese grupo es el responsable, entre otros hechos, de la represión que se vivió San Salvador Atenco en 2006. Lo que mostraron es la mano dura y la disposición que tienen para reprimir y apenas lo volvimos a ver en Nochixtlán. Es una muestra de su forma de gobernar. Otro botón de muestra es la Ley Eruviel, que es lo que pasó en Nochixtlán, pero legalizado. Es el uso de armas de fuego en contra de la población civil. Las pruebas de cómo gobiernan las han dado, ahí están. La Ley Eruviel es la legalización de sus formas.
–A partir de lo que mencionas, de la inexistencia de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la entidad, ¿cómo ha sido defender los derechos en el Estado de México?
–Bueno, evidentemente ha sido muy complicado. Hay un bloqueo gubernamental bastante serio en contra de los pueblos, una cantidad asombrosa de amenazas, hostigamiento, persecuciones, fabricación de delitos. Y siendo el CDHZL, el único grupo defensor de derechos en el Estado de México, los únicos que acompañamos los procesos legales, la realidad nos ha exigido un despliegue de capacidades y de trabajo endemoniado. Los compañeros y compañeras del CDHZL trabajamos de lunes a domingo, con jornadas de 10 a 12 horas. No hay vacaciones. Y eso, para quienes se atreven a integrarse, es una exigencia altísima. Pero por otro lado, toda esta labor colosal nos ha involucrado con los pueblos campesinos, indígenas, con las organizaciones populares, con el magisterio mexiquense. Yo creo, viéndolo en retrospectiva, que a cuatro años de distancia el Centro Zeferino ha logrado tener el privilegio y el honor de acompañar a más de una veintena de pueblos del Estado de México y organizaciones, que más o menos agrupan a unos 100 mil mexiquenses. Además hemos logrado no sólo acompañar, sino una relación muy estrecha con la gente. Hemos sido muy abrazados por los pueblos y las organizaciones. Eso nos ha dado una gran fortaleza.
–Podrían definirse como grupos y pueblos que han logrado zafarse de una estructura que el PRI ha construido en el Estado de México por décadas: un magisterio controlado, transportistas, comerciantes, etcétera. Son pueblos, pequeños grupos, que han logrado zafarse de esa estructura. ¿Qué futuro hay para esas personas que están fuera y que han resistido por años las políticas del PRI mexiquense?
–El Estado de México va a terminar cambiando. Lo que han hecho estos pueblos y organizaciones no es otra cosa mas que sembrar la semilla que, dentro de poco, dará resultados. Efectivamente, el priismo mexiquense logró tener un control casi total de todos los sectores sociales, pero las propias necesidades empresariales y gubernamentales los están llevando a despojar de bienes a los pueblos y de derechos a las personas que terminan organizándose. El agua, por poner un ejemplo, los pueblos de Coyotepec y Tecámac son emblemáticos en esa defensa. Incluso puede haber personas que en algún momento pudieron reivindicarse priistas, porque hay una tradición de ser priista, pero el agua en estos dos pueblos fue una conquista, una construcción social que vino desde muy abajo. Entonces, cuando el gobierno llega y la pretende despojar, las propias bases, que en algún momento se reivindicaron como priistas, son personas que antes de ser priistas son habitantes de esos pueblos. El arraigo a su identidad y a sus familias logra una fuerza incontrolable. No se puede controlar un pueblo al que le quieres despojar el agua. Esos son los gérmenes de autonomía que tiene el Estado de México. Es el tema que a principio de los años 90 se hablaba: el de la construcción de autonomías. Casi 20 años después se nota como esa idea está siendo retomada por los pueblos y lo asombroso es que muchos son cercanos al centro del poder político y económico de este país. El Estado de México rodea a la Ciudad de México, el centro neurálgico de nuestra Nación; es el estado que tiene más población, el que aporta mayores riquezas al Producto Interno Bruto (PIB) y a las estadísticas nacionales. El cascabel ya se le puso al gato y lo pusieron los compañeros y compañeras de estas comunidades. Tal vez hoy aún es difícil ver los resultados, quizá aún es muy pronto, pero yo sí creo en esos gérmenes de autonomía que en algún momento van a resultar con propuestas innovadoras, desde las comunidades, para mejorar sus condiciones de vida desde procesos propios.
–¿Hay esperanza para los mexiquenses a pesar de todas las políticas y las leyes, la mala calidad de vida, la pobreza?
–Hay esperanza de una respuesta enérgica por parte de la gente. Tan la hay que le Ley Eruviel no es otra cosa que un acto con tintes de desesperación para poder controlar a los pueblos que no han podido ser despojados de sus bienes naturales. Ahí están San Salvador Atenco, que lleva en lucha más de 10 años resistiendo el despojo de sus tierras. Resistieron una de las peores represiones que se han visto en el México reciente. San Francisco Xochicuautla, una comunidad otomí en el municipio de Lerma, lleva al menos 10 años deteniendo la construcción de una autopista privada que destruiría buena parte de sus territorios sagrados. Es una lucha que comenzó años antes de que se conociera que es Constructora Higa la encargada de construir esa vía. Coyotepec y Tecámac mantienen una resistencia por el agua. Hay luchas muy visibles y otras no tanto. En el Estado de México pululan las resistencias populares.
–Quizá haya una especie de “suerte” en que los actos represivos se hagan públicos y, por lo tanto, hay casos que no corren con esa “suerte”.
–Creo que eso es justamente algo que vino a aportar el Centro. Antes, el Gobierno mexiquense podía aventar una granada y sofocarla con una tina; nadie escuchaba el ruido ni se sabía lo que pasaba. Eso es algo que ha cambiado mucho en el Estado de México. Las represiones sistemáticas, por lo menos ya son visibles, ya le cuestan al poder. Antes lo hacían en la total impunidad y no es que hoy tengamos ríos de justicia y de persecución de los delitos que cometen, pero algo cambió.
LA TAREA DEL DEFENSOR
–Ante la ausencia de defensores de derechos humanos que realicen un acompañamiento profundo como el que ustedes hacen, ¿qué puedes decirnos de la gente con la que ustedes trabajan?, ¿cómo los reciben, qué les dicen?
–Lo que he notado es que las personas antes de acudir a nosotros van a las instituciones públicas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); es decir, hay conocimiento de las instancias a las cuales hay que recurrir. Desafortunadamente aún estos espacios, no se diga la Comisión Estatal de Derechos Humanos, le quedan a deber a las poblaciones. Su intervención y su perspectiva de defensa de derechos humanos es exageradamente limitada y, además, los conflictos generalmente son con los gobiernos municipales, pero sobre todo con empresas o intereses privados muy poderosos, entonces eso limita mucho más el actuar de las comisiones. Cuando llegan y buscan al Centro Zeferino Ladrillero nos hemos percatado que es porque otro pueblo les dijo de nuestra existencia. Nosotros no tenemos ningún tipo de publicidad o algo parecido. Tenemos redes sociales, pero nos damos cuenta que se llega a nosotros porque personas de una lucha les dicen a las otras. Ahora en la Ciudad de México hemos empezado a acompañar resistencias, pero porque hubo contacto con la gente de Coyotepec que les habló de nuestra labor a los Vecinos Unidos del Poniente, que están resistiendo la construcción del Tren Interurbano México-Toluca. San Francisco Magú, otro pueblo mexiquense, le habló de nuestra existencia a los habitantes de Coyoacán, que están resistiendo la construcción de una unidad inmobiliaria que les destruyó mantos acuíferos. Ahora estamos iniciando esos acompañamientos y es consecuencia de que los propios pueblos hablaron de nuestra existencia. Yo creo que se debe a que nos involucramos con un acompañamiento integral a las luchas de los pueblos y organizaciones. No sólo damos defensa jurídica sino que tenemos otras especializaciones que ponemos al servicio de las comunidades y de los pueblos, lo cual permite que ellos se apropien de las consignas y se fortalezcan. Eso es lo que hace un defensor de derechos humanos: fortalecer al actor social para que tenga las suficientes herramientas y conocimientos para defender sus derechos. Eso, al menos en el Estado de México, no existía. Todavía no abunda, pero prácticamente en todas las regiones del Estado de México estamos acompañando.
–Después de una jornada de acompañamiento que realizan en alguna de estas tantas comunidades, ¿qué piensas de que actualmente los pueblos aún luchen por defender su tierra, su agua, sus bosques? Es decir, cosas tan fundamentales en cuanto a derechos de comunidades y que evidencian que no hay respeto hacia ello.
–Evidentemente falta mucho por hacer. Yo soy de esas personas que cree que el mundo por el que estamos luchando no lo vamos a alcanzar a ver en términos de procesos históricos, aún falta mucho para que eso se logre. Pero lo que sí nos queda claro es que los pueblos son los que están resistiendo de forma directa el embate de la política neoliberal en este país, el del despojo. La gran riqueza que tiene este país es que tiene pueblos muy valientes; personas que afrontan a los grandes intereses en la defensa de sus familias, que están dispuestos a estar en prisión e incluso a que se les prive de la vida. Para muchos de los compañeros con más edad en los pueblos, su referencia sigue siendo la Revolución Mexicana. Para muchas personas de los pueblos en los que estamos todo lo que se vive no es otra cosa que el fortalecimiento de los que alguna vez ya fueron derrotados. No necesariamente hay un ánimo de la lucha violenta. Sí hay una expectativa sincera de que la lucha civil y pacífica sea suficiente e inteligente como para echar atrás a las empresas y gobiernos que están intentando despojarlos. Pero también hay una determinación a no permitir que se les quiten las tierras, su agua y sus bosques, y hay personas que están dispuestas a entregar su vida antes de que se les despoje. Y así pareciera que no han pasado más de 100 años desde la Revolución.
–Esa percepción derumba el mito de que en el Estado de México sólo hay gente que vende su voto y que todos son los acarreados del PRI.
–Claro. Evidentemente ese acarreo, ese control corporativo existe. Pero la verdad es que en el Estado de México, como en el país en general, el abstencionismo y el desencanto de las instituciones es grandísimo. Las personas que supuestamente votaron por ellos, además de que son muy pocas no emitieron un voto que se traduzca en respaldo; donde se sustenta el gobierno es en la fuerza pública, en las policías. En los pueblos sí puede haber quien vote por ellos, pero la construcción social y los tejidos familiares no los han tocado y están sólidos. Ahí es donde no pueden entrar.
–Entonces en ese choque de ideas y de entendimiento sobre el mundo, ¿cuál es el futuro para quien pretende defender los derechos humanos en el Estado de México?
–Hoy es bastante riesgoso, ya que a la fecha el Centro ha documentado 150 agresiones a defensores de los derechos humanos en lo que va de la administración de Eruviel Ávila Villegas. Pero está, además, toda la cifra negra, la que no conocemos. Tenemos datos de al menos una decena de presos políticos en el Estado y otro alto número de personas que tienen giradas órdenes de aprensión con fabricación de delitos. Parece que ese es el futuro o lo que le depara a cualquier persona que defiende derechos humanos en el Estado de México. Pero cuando digo que las cosas están cambiando, hablo también de que se está formando en la conciencia colectiva que la resistencia de un pueblo no puede entenderse sin la resistencia de otro. Hay una suerte de solidaridad cada vez más fuerte en el sentido de que unos no pueden permitir que la lucha de otro pueblo sea derrotada, porque implica una derrota a todos los demás. Y eso se está construyendo poco a poco y las cosas, al Estado, se les empiezan a complicar mucho más. Es el punto donde los municipios ya no tienen la fuerza para combatir a los pueblos organizados y es necesario que intervenga el Gobierno del estado. Lo que sí están logrando los pueblos es quizá no meter en jaque a una administración, pero han logrado repeler sus agresiones, los hostigamientos y sobre todo han detenido los despojos, que es lo que le duele al poder y no es poca cosa. No han podido hacer nada. Tienen presos y aún así no han podido. La gente no lo deja.
LOS HERMANOS BERRIOZÁBAL DE SAN PEDRO TLANIXCO
–En tu experiencia, José Antonio, ¿cuál es el caso que más te ha marcado?
–Puedo decir que el caso del pueblo de San Pedro Tlanixco, ubicado en el municipio de Tenango del Valle. Es un pueblo indígena. Su principal actividad es el campo y tienen el infortunio de ser vecino del municipio Villa Guerrero y de la zona que está destinada a la producción industrial de flores; es decir, un espacio donde empresas poderosísimas cultivan flores y las exportan. En el 2003 a estas empresas se les ocurrió que era mejor que el agua del río –que viene del Nevado de Toluca– habría que entubarla para que llegara con mayor presión a sus zonas de cultivo, pero dejando sin agua a la gente de San Pedro Tlanixco y empezaron una lucha para defenderse. Se involucraron en el Congreso Nacional Indígena y organizaron mesas de diálogo con la mediación del Gobierno del estado para destrabar ese conflicto, desafortunadamente el gobierno tenía los dados cargados hacia las empresas. Los empresarios españoles no sólo se manejaron con una actitud prepotente sino también humillante hacia los representantes de Tlanixco. Tiempo después, los empresarios se metieron a ese pueblo, pero todo se salió de control. Cuando entraron más de una docena de empresarios sonaron las campanas del pueblo y en 10 minutos había 300 o 400 habitantes. Alguien identificó al líder de los empresarios, vino un golpe, le siguieron más y él murió. Hubo una respuesta iracunda del gobierno, porque tenían el pretexto perfecto para detener a los liderazgos y acabar con la resistencia popular. Entre los liderazgos más visibles, están los hermanos Berriozábal. Ellos fueron muy señalados desde el principio y no por su participación, sino por ser dos de los principales liderazgos del pueblo. Como dicen: las autoridades no buscaron quién la hizo, sino quién la pagara. Cuando se realizaron los operativos de detención a los dirigentes, uno de los Berriozábal fue detenido y trasladado al penal de Almoloya. Otro logró escapar. Su mamá, una señora ya grande de edad, se enteró de la detención de uno de sus hijos y la fuga del otro. Ella acudió a las visitas en el reclusorio y es evidente el dolor que siente al ver a su hijo en prisión, sentenciado por homicidio. Pero ella dijo que su única tranquilidad es que uno de sus hijos logró escapar. Él, desde el exilio, le mandaba cartas, fotos de donde andaba. Pero después de cuatro años lo detuvieron. Llegó a prisión y su hermano le dijo: “Mi mamá dijo que lo que le daba tranquilidad era que tú estuvieras libre y que ella se muere si sabe que sus dos hijos están en prisión”. Decidieron ocultarle a la mamá que ya lo habían detenido y ahora le ayudan al hijo a editar fotografías en donde él anda por todo el mundo y le escribe cartas desde la cárcel, aunque para ella vengan desde muy lejos. Cuando es día de visita, él siempre tiene que esconderse y puede ver a su mamá a una distancia de 50 metros. Esta historia la sé porque me tuvieron que avisar para que nunca se me salga delante de ella que su hijo, el que cree libre, está preso. Ella sólo sabe que soy defensor de su otro hijo.
