México, 10 jul (EFE).- Una juez impidió hoy el acceso a los medios de comunicación a una audiencia en Ciudad de México donde se juzga por daño moral a Layda Negrete, productora del documental “Presunto culpable”, que en 2011 cuestionó al Poder Judicial mexicano por su opacidad.
“No va a haber acceso por acuerdo de la jueza”, dijeron a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) al comunicar la decisión.
La fuente explicó que la titular del juzgado 17 en materia civil del Distrito Federal, María del Rosario Mancera Pérez, “determinó que no fuera pública” la audiencia, en la que se presentan hoy las pruebas contra Negrete.
El caso tiene que ver con el documental “Presunto culpable”, dirigido por Roberto Hernández, que cuenta la historia de José Antonio Zúñiga “Toño”, un joven acusado de homicidio con pruebas endebles y un testimonio falso, el de Víctor Daniel Reyes, y condenado a 20 años de cárcel.
El documental, que generó una enorme repercusión en México, presentó la trágica situación del sistema judicial de un país donde el 93 % de los acusados no ve al juez, que por lo general ni siquiera se persona en el juicio que atiende.
Antes de ingresar al juzgado para la audiencia, y en declaraciones a la prensa, Negrete expresó su molestia por la decisión de no permitir el acceso a medios de comunicación a la sala, que desconoce el artículo 20 de la Constitución, que señala que los juicios se desarrollarán “de manera pública”.
La también abogada mexicana dijo que grabar la audiencia era necesario porque en una anterior hubo “omisiones en el registro” de los testimonios, por lo cual ya no confiaba en la imparcialidad en su caso.
“Lamento que el Poder Judicial del Distrito Federal esté decidiéndose por la opacidad y por no dar la cara en una audiencia que es a todas luces pública”, apuntó.
Respecto a la causa por “daño moral y genérico” interpuesta en su contra por Reyes, dijo que pretendía que ella pagara “daños y perjuicios por cantidades exorbitantes”, superiores a 200 millones de pesos (15 millones de dólares) en el caso.
“Nuestra defensa es que nosotros no fuimos a exhibir a una persona, a lastimar el honor de una persona en particular, ni de un funcionario siquiera. Nosotros estamos exhibiendo un sistema que tiene muchas deficiencias, en especial en el Distrito Federal”, añadió Negrete.
“Nuestra lucha es por que haya cámaras en los juzgados, por que haya registros fidedignos, y así como podemos ver las audiencias del Congreso, del Senado, de la Suprema Corte, quisiéramos también poder ver los juicios penales y civiles donde se deciden día a día cuestiones tan delicadas de un ciudadano”, aseveró.
El juicio es uno de los dieciocho motivados por la cinta, pues también hay acciones legales contra los distribuidores y otras personas que participaron en ella.
“Todos los codemandados estamos enfrentando prestaciones por 3.000 millones de pesos (232 millones de dólares). Son cantidades exorbitantes, no están fundamentadas”, tampoco el reclamo “de daño moral. No sentimos que haya fundamento legal alguno para ello”, dijo Negrete.
La abogada consideró que en la causa está en juego “el derecho a la libertad de expresión, de criticar a los jueces, a la judicatura, y “la pregunta de qué tan pública es la audiencia pública”, sea civil o penal.
Además, destacó que están ocurriendo “violaciones procesales” que han estado documentando y que, “parece que daría casi para un ‘Presunto Culpable 2′”. EFE
