México, 10 Jul. (Notimex).- El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Arturo Núñez Jiménez, reconoció que es imposible comprobar la compra o coacción del voto, en específico para un candidato o partido en las urnas, toda vez que el sufragio es secreto.
Núñez Jiménez apuntó que la probanza de una hecho de compra de voto está fuera de la casilla, pues “dentro de la urna usted nunca puede decir este voto es comprado y este es libre”.
Para comprobar adquisición de votos, a través de tarjetas Soriana y de monederos electrónicos Monex, se deberá recurrir a instrumentos legales como demostrar que quien da una tarjeta, que implica un beneficio, comete un delito tipificado en el Código Penal Federal.
“Es el intercambio de favores por votos, entonces, independientemente de cómo se haya concretado, la intención fue hacer esto y se hizo, y de alguna manera debió haber influido en un grupo de electores aunque no se sepa de qué tamaño es”, apuntó.
Advirtió que es necesario escarmentar e impedir estos delitos, porque se corre el riesgo de que nuestras elecciones terminen en el triunfo de la plutoclasia, es decir, el triunfo del poder del dinero y no el poder del pueblo.
“Como tenemos una sociedad brutalmente desigual se aprovechan para comprar el voto, manipular la ignorancia y la necesidad de la gente. Y debido a la desigualdad social manda el dinero no el poder libre y soberano del pueblo”, puntualizó el legislador perredista.
Respecto a la impugnación que interpondrá el candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, para anular la elección presidencial, precisó que el equipo jurídico y los representantes ante el IFE analizan las causales para conformar la demanda.
Núñez Jiménez agregó que presumiblemente hay causales fundadas para poder anular la elección y por ello se establece este medio de la impugnación, pero el que tendrá que decir la última palabra es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El gobernador electo por Tabasco se pronunció por impulsar una reforma de la ley electoral para ampliar y precisar las causales de delitos electorales como la compra del voto, y también rechazó como medida para evitar conflictos electorales la segunda vuelta.
Comentó que también hay que reformar y actualizar el Código Penal Federal en Materia de Delitos electorales, porque si bien está abordado el tema de la compra-venta del voto, esta muy “light”.
Recordó que la legislación penal electoral data de 1989, y los procesos electorales ya han evolucionado, pues el paquete de delitos electorales se centraba en el padrón electoral cuando votaban los muertos, lo que se ha superado, pero han surgido nuevos fenómenos.
