Hermosillo, 10 Jun. (Notimex).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación al alcalde del municipio de Guaymas, Otto Claussen Iberri, porque un depósito de basura clandestino afecta a la salud pública de esa área.
El organismo informó que se trata de la recomendación 19/2014 al determinarse que la autoridad municipal ha vulnerado los derechos humanos de los habitantes y debe procurar actuar en su beneficio para evitar riesgos contra la salud pública.
En un comunicado de prensa señaló que el depósito de basura, clandestino, en un predio del “Ejido San José de Guaymas”, afecta la salud pública, hecho que el Congreso del Estado debe también investigar.
Refirió que el 25 de septiembre de 2013, el ciudadano Héctor Enrique Ciapara Campoy presentó una queja ante la CEDH, la cual realizó las investigaciones, determinando que la autoridad municipal ha vulnerado las garantías individuales.
Mencionó que en la recomendación se establece que el ayuntamiento de Guaymas debe realizar un estudio de impacto ecológico en el que se evalúe la dimensión del daño ocasionado al ecosistema regional y se inicie, a la brevedad su remodelación.
Asimismo, la CEDH recomendó que el gobierno municipal debe girar instrucciones para que se repare cuanto antes el daño ocasionado a los habitantes, e iniciar la reubicación de este depósito de basura clandestino.
Pidió además que el Congreso del Estado realice una investigación para instaurar los procedimientos a los servidores públicos que violaron los derechos humanos de la salud y medio ambiente sano en Guaymas.
También que exhorte al secretario del ayuntamiento y al director de Ecología y Medio Ambiente del municipio de Guaymas a cumplir con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, que fueron omisos en rendir informes a la CEDH.
El organismo pidió también al procurador Ambiental del estado de Sonora que concluya a la brevedad posible el procedimiento respecto de la denuncia, así como también finque sanciones y responsabilidades a los servidores públicos involucrados.
