La búsqueda, el estrés, la angustia y los sentimientos que experimentan las buscadoras han venido a deteriorar su salud al cargarlos por tantos años. Una encuesta realizada por la organización Idheas muestra que, de 150 familiares de personas desaparecidas, al menos 138 indicaron que tenían buena salud antes de la desaparición de su ser querido y 122, en concreto, indicaron que a raíz de la desaparición desarrollaron alguna enfermedad crónico-degenerativa.
Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).- La búsqueda de Araceli Salcedo Jiménez ha sido implacable. Ha recorrido pasillos de hospitales, cárceles y miles de kilómetros de calles con la fotografía de su hija Rubí Fernanda en el pecho. La ha buscado hasta en aquellos lugares en los que nadie quisiera encontrar a un ser querido desaparecido: entre cerros, fosas clandestinas y campos de exterminio.
Sin embargo, la enfermedad y los accidentes han alcanzado a Araceli, madre buscadora que lleva 11 años tratando de encontrar a Rubí, desaparecida en septiembre de 2012. En su lucha, incluso confrontó en 2015 al entonces Gobernador Javier Duarte. Cinco años después tendría que enfrentar otra situación, un cáncer que le fue detectado en 2020 y que parecía haber vencido, pero se ha ramificado. Pese a ello, no se detiene.
A pesar de la enfermedad y de diversos accidentes que ha padecido en el campo, que la han llevado al hospital, y de las amenazas de grupos criminales y desconocidos que quieren que detenga sus rastreos, ella afirma tajante: “La lucha por un hijo no termina. Una madre nunca olvida, a pesar del desgaste tanto físico como emocional”.
La historia de Salcedo, fundadora y representante del Colectivo de Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba, no es aislada, sino una constante entre las madres y familiares de personas desaparecidas. La búsqueda, el estrés, la angustia y los sentimientos que experimentan las buscadoras, “al cargarlos por tantos años” han venido a deteriorar su salud.
“A raíz de tanto dolor viene la enfermedad, los accidentes. El inminente deterioro de la salud, aunque los médicos de algunas instituciones no lo quieran ver de esa manera”, señala Araceli.
En ello coincide Grace Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos y la organización BÚSCAME.
“El cúmulo de estrés de tantos años, la depresión, la falta de buena alimentación, —porque pues cuando andas en búsqueda comes lo que puedes o lo que hay— ha habido muchos estudios que siempre han hablado de que el estrés genera y libera muchas toxinas que a la larga pueden causar enfermedades crónico-degenerativas como son pues la hipertensión y la diabetes”, dice.
No obstante, el deterioro y los problemas de salud, a pesar de estar contemplados en la Ley General de Víctimas, en la práctica no son reconocidos por el Estado mexicano, debido a que ni siquiera se ha realizado un estudio del impacto en la salud que ha generado a los familias las desapariciones de sus seres queridos, denuncian las activistas, expertos y organizaciones de derechos humanos.
“De las trampas jurídicas que le dejaron a la Ley General en materia de atención a víctimas, justo es esta palabrita o esta frase que utilizan, que es: ‘derivado del hecho victimizante’. Es decir, si a los cinco minutos de que te avisaron que tu familiar desapareció, no te dio cáncer, no te dio hipertensión, diabetes, un paro cardíaco o un derrame cerebral, no lo consideran consecuencia de o derivado del hecho victimizante (la desaparición)”, explica Fernández.
Ante la falta de cifras, un diagnóstico y frente a la negativa de instituciones como la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) de vincular las enfermedades directamente con la desaparición para reconocer la problemática, organizaciones como Idheas Litigio Estratégico han abordado el problema y realizaron una encuesta que reveló que la mayoría de los familiares de personas desaparecidas han experimentado una disminución en su salud física y mental.
Evelyn Barrera, del área jurídica de Idheas, señaló en entrevista con SinEmbargo que de al menos 150 personas encuestadas, 138 indicaron que tenían una buena salud antes de la desaparición de su familiar, pero 122 fueron concretas al afirmar que desarrollaron alguna enfermedad crónica después.
Las principales enfermedades reportadas son diabetes, hipertensión, problemas de presión, colitis, anemia, problemas cardíacos, trastornos alimenticios, ataques de pánico y ansiedad, depresión y problemas dentales.
Además, 138 de las personas encuestadas están activamente buscando a sus familiares desaparecidos, de las cuales 44 han sufrido algún tipo de accidente o lesión mientras realizaban sus búsquedas, como caídas, fracturas, dislocaciones y desmayos. También han sufrido infecciones respiratorias debido a la exposición en fosas clandestinas.
A pesar de estas condiciones, solo el 47 por ciento de las personas encuestadas ha buscado apoyo médico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y de estas, solo el 15 por ciento ha recibido apoyo.
“Muchas veces la Comisión no da la atención médica a las víctimas porque dicen que las enfermedades no tienen relación con el hecho victimizante, pero justamente en la encuesta nosotros encontramos algo muy interesante: que las afectaciones a la salud son a partir de las búsqueda y que eso es claramente relacionado con el hecho victimizante”, detalló la investigadora.
SIN RESPUESTA DEL ESTADO
Grace Fernández, quien busca a su hermano Dan Jeremeel desaparecido en diciembre de 2008, señala que la falta de atención médica oportuna y de prevención por parte de la Comisión de Víctimas y el sector salud ha llevado a muchas víctimas a fallecer de estas enfermedades.
La falta de cifras y estadísticas sobre cuántas víctimas han fallecido a causa de estas enfermedades también es un problema, destaca la activista, ya que las autoridades no están generando políticas públicas para la atención de la salud de las víctimas.
“Nunca han publicado absolutamente nada (cifras o estadísticas) porque eso los obligarí a generar política pública para la atención y la realidad es que las víctimas priorizamos la búsqueda de nuestros familiares sobre nuestra atención”, añade.
De acuerdo con Fernández, la Comisión de Víctimas prefiere pagar estudios o publicaciones como “El Yugo Zeta” a realizar estudios de los impactos en la salud de las víctimas y hacer convenios con el sector salud para buscar la forma de darles una atención médica oportuna.
“No hay un apoyo que garantice que van a tener la atención médica ya cuando tengan la enfermedad, y lamentablemente muchas han fallecido de estas enfermedades derivadas de todos los sentimientos que vienen cargando por tantos años”, dice.
Araceli Salcedo coincide en ello: “No lo quieren aceptar que el dolor nos enferma. También esa incertidumbre de no saber si nuestros hijos ya no están, nos ha venido mermando”.
BUSCANDO A PESAR DE LA ENFERMEDAD
Salcedo fue diagnosticada de cáncer de garganta en mayo de 2020. Ella relata que tuvo una cirugía muy invasiva para poder extirpar la malignidad, pero “solamente un año y medio la libré; ahora tengo una ramificación”.
Y añade: “A veces me siento cansada, a veces me siento triste y muy agotada, pero sólo darle los buenos días y las buenas noches a Rubí me levanta el ánimo y me levanta esas ganas de vivir, esas ganas de seguir adelante”.
La enfermedad no es el único obstáculo que ha enfrentado: amenazas, intimidaciones y accidentes en el campo, en los rastreos en fosas clandestinas, son otros factores con los que ha lidiado.
“En este camino de búsqueda de fosas clandestinas también tuve la mala fortuna, verdad, de contraer una bacteria cadavérica que se alojó en mis riñones por andar en esos lugares, por andar rascando la tierra, por andar recuperando a todas aquellas personas que fueron inhumadas clandestinamente”.
La semana pasada, mientras estaba haciendo prospección en el campo, cayó en una fosa clandestina. Ella estaba precisamente tapando otra fosa, narró: “Di un paso hacia atrás y me caí; tuve un esguince en la pierna izquierda y moretones en toda la parte trasera de mis piernas”.
A los cuatro días de haberse caído en la fosa, la activista regresó para darle continuidad a la búsqueda y seguir apoyando a los compañeros del colectivo, pero otro accidente la alcanzó: fue atacada por avispas, y de nuevo fue al hospital, ahora por un cuadro alérgico.
No obstante, Araceli insiste en la entrevista que la esperanza de encontrar a su hija la mantiene adelante y que sólo la muerte la detendrá.
“Ni las avispas, ni las caídas, ni el cáncer me van a detener. Yo buscaré a Rubí hasta el último día de mi vida”.
Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización Idheas, explicó en entrevista que el estudio realizado mostró que también hay una relación entre los hechos de intimidación y las enfermedades que causan la desaparición.
“El dolor que sufre una persona le genera una situación muy grave de desprotección y de baja de defensas, lo que está probado científicamente. Sin embargo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha querido reconocer esta relación, lo que es una falta de responsabilidad del Estado mexicano frente a esas más de 112 mil personas desaparecidas”.
En tanto, Evely Barrera detalló que las principales respuestas de la Comisión de Víctimas, cuando las víctimas buscan atención médica, es que no cuentan con un área médica para canalizarlas y que no brindan apoyo porque las afectaciones a la salud no tienen relación con el hecho victimizante.
FALTA UNA MEJOR POLITICA PÚBLICA
En México, las desapariciones de personas siguen creciendo año con año. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Local, al 9 de mayo hay al menos 112 mil 183 personas desaparecidas y no localizadas.
Para el defensor y experto en el tema, Juan Carlos Gutiérrez se requieren medidas contundentes para enfrentar este problema que afecta a miles de familias en el país.
Gutiérrez dijo que lo primero que se necesita es una limpia de las instituciones, especialmente en la capital, donde existen vínculos institucionales de corrupción e impunidad y penetración de la delincuencia organizada en las fiscalías de los estados.
Esto es un problema grave, dijo, que el “si el mensaje que se envía es de impunidad, el fenómeno de la desaparición no decrecerá”.
La falta de recursos para atender el tema, es el segundo problema, según detalla:
“No hay suficientes recursos para atender el tema, ni tampoco es una priorización en términos de la política de Estado. El señor Presidente ha dicho que se pueden destinar todos los recursos necesarios, pero continuamos encontrándonos con fiscalías que no tienen unidades de búsqueda, con fiscalías que no tienen suficiente número de fiscales”, dijo.
Otro gran tema es la identificación forense, ya que las familias están encontrando muchos cuerpos y restos, y hay fiscalías que dicen que pueden tardar hasta 15 o 20 años en identificar todo lo que ya existe. Estamos frente a un problema de más de 50 mil restos de personas no identificadas, lo que requiere una política pública para enfrentar el fenómeno de manera contundente.
“Es necesario que se construya una política pública que atienda a las mamás y a las familias en el sentido de reconocer su dolor y reconocer el daño que está haciendo el Estado”, concluye.
