El mayor sindicato obrero de Estados Unidos y Canadá reclama que se obstaculiza a obreros de Tamaulipas organizarse de manera libre, por lo que presentará una queja contra la empresa de autopartes Tridonex, a la espera de que se apliquen sanciones.
Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).– El mayor sindicato obrero de Estados Unidos y Canadá planea presentar este lunes una queja ante la administración de Joe Biden por denuncias de violaciones laborales en un grupo de fábricas de autopartes en México, una medida que supondrá una prueba temprana del nuevo acuerdo comercial de América del Norte y sus protecciones laborales, informa hoy The New York Times.
La denuncia se centra en las fábricas de autopartes de Tridonex en Matamoros, Tamaulipas. El poderoso sindicato AFL-CIO dijo que los trabajadores han sido acosados y despedidos por sus esfuerzos para organizarse en el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SNITIS), en lugar de un sindicato controlado por la empresa. Acusa a México de permitir que sindicatos charros sigan operando a favor de los patrones.
AFL-CIO es el mayor sindicato obrero de Estados Unidos y Canadá. Fundado en 1955, tiene un enorme poder. Susana Prieto Terrazas, abogada laboral mexicana y líder del SNITIS, fue arrestada y encarcelada el año pasado en un episodio ampliamente difundido en todo el continente; causó indignación.
The first complaint was today filed under the USMCA’s Rapid Response mechanism, testing the ability of the latest generation of trade agreements to protect workers and hold firms accountable @AFLCIOGlobal https://t.co/pyziHWLxQs
— ILAWnetwork (@ILAW_Network) May 10, 2021
Tridonex es una subsidiaria de Cardone Industries, con sede en Filadelfia, controlada por Brookfield Asset Management, con sede en Toronto, Canadá. En 2016, Cardone anunció planes para trasladar su división de frenos a México y despedir a más de mil 300 trabajadores en Filadelfia.
La denuncia contra esta fábrica de capital canadiense incluye varias acusaciones de violaciones laborales, entre ellas que los trabajadores no han podido elegir a sus dirigentes sindicales ni ratificar su convenio colectivo, y que más de 600 trabajadores fueron despedidos por su empleador en actos de represalia. También acusa al estado de Tamaulipas de negar el derecho de los trabajadores a elegir el sindicato que los representa.
El acuerdo comercial Estados Unidos-México-Canadá fue negociado por la administración Trump para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y entró en vigor el verano pasado. Si bien fue negociado por una administración republicana, el acuerdo contó con un aporte significativo de los demócratas del Congreso, que controlaban la Cámara y que insistían en normas laborales y ambientales más estrictas para poder votar a favor del pacto, que necesitaba la aprobación del Congreso.
“El pacto comercial requería que México hiciera cambios radicales en su sistema laboral, donde han prevalecido los falsos convenios colectivos conocidos como contratos de protección, que se imponen sin la participación de los empleados y aseguran bajos salarios”, dice esta mañana el Times.
Thomas Kaplan, reportero de The New York Times, explica que esta queja se presenta bajo un mecanismo novedoso de “respuesta rápida” en el acuerdo comercial que permite que las quejas sobre violaciones laborales se presenten contra una fábrica individual y que se le apliquen sanciones. La queja está programada para ser presentada por distintos sindicatos y organizaciones en México y Estados Unidos.
“El USMCA [T-MEC en español] urge a que México ponga fin al reinado de los sindicatos de protección y sus acuerdos corruptos con los empleadores”, dijo Richard L. Trumka, presidente de AFL-CIO en un comunicado, utilizando la abreviatura del acuerdo comercial. “El acoso continuo a Susana Prieto y los miembros del SNITIS es una violación de libro de texto de las leyes laborales que México se ha comprometido a respetar”.
El acuerdo comercial busca mejorar las condiciones laborales y pagar a los trabajadores en México, lo que, según los proponentes, beneficiaría a los trabajadores estadounidenses al disuadir a los dueños de fábricas de trasladar sus operaciones a México desde Estados Unidos en busca de mano de obra más barata. La aplicación del pacto es uno de los principales desafíos comerciales que enfrenta la administración Biden.