En materia de justicia y corrupción, el actual gobierno mexicano ya tomó una decisión: no hacer nada. Por eso ha llegado el momento de solicitar la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ya son años de ruegos de la sociedad mexicana y la comunidad internacional al gobierno mexicano para que ponga fin a esto. Por más de una década, la sociedad mexicana ha pedido insistentemente al gobierno mexicano actuar contra la impunidad: por medio de manifestaciones, marchas, comunicados de organizaciones sociales y de líderes de opinión, por medio de millones de mensajes en redes sociales, por medio de decenas de informes y reportes de organismos de Naciones Unidas y de Organizaciones No Gubernamentales, sin que hasta ahora hayamos recibido del gobierno más que indiferencia y en ocasiones incluso campañas de descrédito. Por ello, ha llegado el momento de que la sociedad mexicana recurra a instancias multilaterales para solicitar la intervención supranacional.

Debemos recurrir a la ONU porque el sistema de justicia mexicano y la clase política mexicana no quieren apoyar a sus ciudadanos. Debemos recurrir a la ONU porque sentimos que el hartazgo social se encuentra al límite y hay un riesgo creciente de mayor violencia. La ONU debe responder con una intervención eficaz porque su mandato incluye prevenir a tiempo el estallido de conflictos mayores.

Retomo una Petición al respecto por parte del Frente Refundación, una agrupación de organizaciones de la sociedad civil, que ha iniciado la recolección de firmas para solicitar la creación de la Comisión Internacional de la Justicia y la Verdad en México (CIJUVEM). Esta Petición se basa legalmente en la Carta de las Naciones Unidas, que en su Artículo 1 establece que el primer propósito de la ONU consiste en mantener la paz por medio de medidas colectivas eficaces por los medios pacíficos de que dispone esta organización de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional. Desde el año 2005 el gobierno mexicano ratificó su adhesión al Estatuto de Roma, por lo que además acepta explícita y voluntariamente la competencia directa de la Corte Penal Internacional en situaciones como esta. Así mismo, desde el año 2005 México es miembro permanente de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), por lo que está comprometido con la prevención, investigación y enjuiciamiento de la corrupción.

También existen suficientes precedentes de intervención de la ONU en países con condiciones de crímenes e impunidad similares a México:

1. Tribunal Penal Internacional para Ex Yugoslavia.
2. Comisión para el Esclarecimiento Histórico en Guatemala (CEH).
3. Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
4. Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
5. Diversas investigaciones de la Corte Penal Internacional en la República del Congo, Libia, República Centroafricana, Darfur, Uganda del Norte, Kenia y Costa de Marfil.

A través de sus distintas agencias, la ONU ya ha investigado suficientemente la situación de México en materia de justicia, derechos humanos y corrupción y ha llegado reiteradamente a la conclusión de que en México hay serias faltas al cumplimiento del estado de derecho, existe una grave corrupción gubernamental a todos los niveles, una impunidad estructural por parte del sistema de justicia mexicano y una violación sistemática de los derechos humanos de la población civil.

Sin embargo, el gobierno mexicano ha ignorado las sugerencias, opiniones y recomendaciones de la ONU en la materia y las ha desacreditado sistemáticamente, haciendo incluso uso de campañas de descrédito.

En la más reciente declaración sobre México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, reconoce que “México tiene más de 26,000 personas desaparecidas” y que “la policía, el sistema de justicia, gobiernos y el sistema político en México han fracasado en materia de seguridad y justicia”. Como consta en el Informe del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, Juan E. Méndez, “la tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”.

El Informe del Relator Especial de la ONU sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, señala “la falta de disposición o de capacidad de la policía y los fiscales para iniciar investigaciones, la desconfianza de la ciudadanía hacia el poder judicial; y la falta de rendición de cuentas por las violaciones cometidas”.

El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Situación de los Derechos Humanos en México”, señala con preocupación que “México atraviesa por una grave crisis de violencia y de seguridad… Desde 2006 la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, [aumentaron] las graves situaciones de violencia hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país”…”con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana y el acceso a la justicia e impunidad”.

El gobierno mexicano también ha hecho caso omiso a los mandatos de Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. A pesar de la abrumadora fuente de indicios, evidencias y pruebas sobre enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, lavado de dinero y triangulación de capitales que han generado los llamados Panama Papers, así como una larga lista de investigaciones serias independientes en materia de corrupción, el gobierno mexicano no ha iniciado investigación sobre persona alguna.

Ante la negativa del gobierno mexicano a continuar investigando el emblemático caso de las desapariciones forzadas de Ayotzinapa, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, por medio de su portavoz Rupert Colville, instó al gobierno de México a tomar medidas con respecto a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó la desaparición en Iguala de 43 estudiantes en septiembre de 2014, así como el asesinato de seis jóvenes más en el mismo año.

Numerosas organizaciones no gubernamentales mexicanas, extranjeras e internacionales han condenado la grave situación de la corrupción y la violación a los derechos humanos en México. Human Rights Watch (HRW), en su “Informe Mundial 2015: México”, documenta abundantemente el tema de las desapariciones forzadas y sobre la complicidad del gobierno para obstruir la aplicación de la ley en México, señalando que “Miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosas desapariciones forzadas desde 2006… Integrantes de todas las fuerzas de seguridad han continuado perpetrando desapariciones…, en algunas ocasiones, en colaboración directa con grupos criminales”

La citada Petición a la ONU de creación de la Comisión Internacional de la Justicia y la Verdad en México es relevante porque incluye como objetivos principales investigar la existencia de grupos criminales, aparatos clandestinos de seguridad y fuerzas de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de México, e identificar las estructuras de estos grupos (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiamiento; la desarticulación de estos grupos y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes. Así mismo, se propone esclarecer la aplicación de la justicia por crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción y que hasta el día de hoy sigan impunes.

Las Facultades de esta Comisión incluyen asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, particularmente al Ministerio Publico, hacer denuncias administrativas contra funcionarios públicos, en particular respecto de quienes obstaculicen la aplicación de la ley, y solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional para someter a juicio a sospechosos de haber cometido crímenes de lesa humanidad y genocidio.

A esta petición se han sumado miles de mexicanos en distintas partes del país en donde se han instalado mesas de recepción de firmas. Se trata de un esfuerzo sin precedentes de la sociedad civil que muy probablemente resultará en algo positivo. En mi experiencia como ex funcionario del Sistema Naciones Unidas sé que este tipo de intervención de la ONU sucede especialmente cuando la sociedad civil organizada presiona lo suficiente. Es por ahí.

@SergioSaldanaZ

Sergio Saldaña Zorrilla

https://www.sinembargo.mx/author/sergiosaldanazorrilla

Doctor en Economía por la Universidad de Economía de Viena (WU-Wien), en Austria, ex-funcionario de la ONU (CEPAL) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT.

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