A finales de la semana pasada Manlio Fabio Beltrones, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se presentó en público para autonombrar a su partido el partido de la legalidad. Colocando su mando derecha sobre el pecho con una sonrisa suave casi sincera, invitó a los demás partidos a seguir su ejemplo e impedir que el crimen organizado se infiltre en sus filas.

En un supuesto acto consecuente que dio pie a su discurso, el PRI decidió expulsar, por presuntos nexos con el narcotráfico, a tres candidatos que se postulaban para alcaldes en los municipios Mainero, Villagran e Hidalgo del estado de Tamaulipas. Sin embargo, a esta expulsión le precede el apoyo que estos tres aspirantes dieron públicamente al candidato a Gobernador del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en un evento celebrado el 21 de abril en la cabecera municipal de Hidalgo. ¿Si estos candidatos presuntamente ligados al narco no hubieran apoyado al partido contrincante, el PRI los hubiera mantenido como abanderados de su contienda?

El PRI no es el primero en anunciar su preocupación por las posibles infiltraciones del crimen a los partidos políticos. Recordemos que en febrero de este año el PAN y el PRD se le adelantaron a Beltrones y solicitaron a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión que emprendiera acciones para la prevención, identificación y respuesta inmediata frente a indicios de posible infiltración del crimen organizado en candidaturas.

¿Es ingenuo que recurran al concepto de infiltración como un fenómeno en el que un cuerpo es impregnado involuntariamente por algún líquido infeccioso? En realidad, los espacios que el crimen ha ido ganando colocándose en candidaturas y ocupando incluso sillas de funcionarios públicos, no responde necesariamente a un efecto de descuido ni se ha opuesto demasiada resistencia para evitarlo. Pareciera que los partidos políticos en diferentes niveles y con distintos acuerdos han cedido voluntariamente a colaborar con mafias e incluso se asumen vulnerables cuando ofrecen candidaturas para impulsar personajes de dudosa procedencia. Sobran fotografías de líderes de partidos de todos los colores levantando la mano de algún candidato que ha sido señalado como posible integrante de algún grupo criminal.

A pesar de la sofisticación que ha ido adquiriendo la fiscalización de prerrogativas partidistas en el Instituto Nacional Electoral (INE), hay lagunas que impiden identificar cuantos dineros se destinan a mantener acuerdos con grupos delictivos y cuantos recursos reciben los partidos de ellos para apoyar a sus campañas.

La incongruencia de la alarma que han encendido los líderes partidistas al asegurar que el crimen se cuela entre sus recónditos y vulnerables espacios proselitistas a pesar de la resistencia que su honestidad y solidez oponen, coincide en tiempo con la decisión de detener la creación del Sistema Anticorrupción. La negativa abierta es del PRI-Verde, pero en el Senado no tienen mayoría así que posiblemente por infiltración espontánea los partidos de “oposición” han decidido permanecer estáticos y observar de lejitos como se diluye el impacto de una reforma anticorrupción que les genera compromisos y los impermeabiliza de algún modo contra las alianzas con criminales.

Como el huevo y la gallina: ¿el crimen infiltra a los partidos o los partidos infiltran al crimen? A estas alturas es difícil detectar el inicio del proceso. Dadas las circunstancias podrían renunciar a contenerlo, pero llegará un momento en el que no alcancen más las retóricas baratas ni las sonrisitas forzadas. La porosidad voluntaria que han producido los partidos, sus bancadas, sus legisladores y líderes se extiende a medida que rehuyen a la rendición de cuentas. Calculan los costos que podría traer un sistema anticorrupción que limita de algún modo sus corruptelas, pero evidentemente no han calculado todavía el saldo que acumulan negándose a construir un sistema que en el largo plazo permita diferenciar con claridad a un delincuente, a un cómplice y a un político de vocación social.

Maite Azuela

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Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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