Por Guadalupe Fuentes, Sergio Rincón y Laura Cordero
Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).– Encabezar protestas, oponerse a construcciones gubernamentales, exigir el esclarecimiento de procesos electorales, rechazar reformas como la “Ley Bala”, negarse a firmar la venta de sus tierras o pedir la restitución de servicios como el Registro Civil a sus comunidades, han provocado que 134 personas, entre amas de casa, dirigentes sociales, campesinos, ambientalistas, activistas, mototaxistas y hasta los propios defensores de derechos humanos, estén hoy en la cárcel y sean considerados presos políticos del Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.
En marzo de este año, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla presentó el listado de las personas que han sido encarceladas en lo que va de la administración del panista Rafael Moreno Valle. Algunos continúan su proceso judicial en libertad, pero los juicios, firmas y comparecencias no terminan.
Moreno Valle lleva cuatro años al frente del Gobierno poblano, mismo que asumió el 1 de febrero de 2011. Durante su mandato, medios de comunicación, organizaciones civiles, pobladores y partidos políticos lo han acusado de “represor”.
El Gobernador ha negado esos señalamientos en reiteradas ocasiones, y lo mismo han hecho los funcionarios que integran su administración. Por ejemplo, el pasado 1 de mayo cuando el encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Benito Cruz Bermúdez, aseguró ante legisladores de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados que “en Puebla no existen personas perseguidas por sus ideas o posturas políticas o ideológicas”.
Sin embargo, los hechos derriban sus palabras. Los casos que a continuación se enlistan tiene un delito en común: el activismo. En la mayoría de los casos tanto su defensa como diversas organizaciones han denunciado irregularidades en sus procesos jurídicos, comenzando por la forma en que fueron detenidos.
Aunque no existe un reporte detallado sobre las situación de las personas encarceladas, SinEmbargo se dio a la tarea de investigar y entrevistar a algunos de ellos. Los 18 casos que aparecen en la siguiente lista son parte de esa indagación. La lista fue agrupada por número de casos (18), causa, nombres de las personas, su estatus legal y fecha de la detención.
1. CASO CHIGNAHUAPAN
En el primer año de gobierno de Moreno Valle, el 23 de agosto de 2011, 31 personas fueron detenidas en el municipio de Chignahuapan por ocupar un predio de 400 hectáreas de la ex hacienda Atlamajac, la cual supuestamente era propiedad del priista José Lorenzo Rivera Sosa.
De acuerdo con el testimonio en video de Eduardo Rodríguez y que reprodujo el diario local e-consulta, los granaderos que participaron en el desalojo no tenían una orden. “Una vez que se desató el combate les pegaron a mujeres, niños, utilizaron gases lacrimógenos y toletazos”, acusó el testigo.
Dijo que en el operativo la señora Artemia León Moreno, de 70 años, recibió un impacto de un petardo en un glúteo, con una perforación de tres centímetros de profundidad, otros añade, tenían lesiones en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza “porque los granaderos apuntaban directo a las cabezas de la gente”.
Los 500 campesinos pertenecientes a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA)que se manifestaron en el 2011 reclamaban la propiedad del predio, a cambio, 22 hombres y nueve mujeres fueron encarcelados. Salieron libres meses después tras pagar una fianza de 12 mil pesos por los delitos de despojo, invasión de propiedad ajena y asociación delictuosa.
Por estos hechos, el 29 de diciembre de ese mismo año, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHE) en Puebla emitió una recomendación al entonces Secretario de Seguridad Pública estatal, Ardelio Vargas Fosado, “por las violaciones a las garantías individuales que cometieron policías estatales preventivos a su cargo”.
En la recomendación se le solicita al funcionario emitir circulares a los policías a su cargo para que actúen conforme a las leyes de la Constitución Política, respetando los tratados internacionales en materia de derechos humanos “absteniéndose de excederse en el uso de la fuerza pública”.
2. FRANCISCO Z. MENA
El pasado 4 de septiembre fueron detenidos 26 pobladores de Francisco Z. Mena, por tomar una carretera estatal en protesta contra Petróleos Mexicanos (Pemex) por incumplir en realizar obras de remozamiento para el mejoramiento de las carreteras que habían resultado afectadas por el tránsito de maquinaria pesada, cuyo uso se aplica en la exploración y explotación de los pozos petroleros del proyecto Paleocanal Chicontepec o Aceite Terciario del Golfo.
Los inconformes colocaron camiones de volteo sobre el camino para obstruir la circulación e impedir el paso de la maquinaria de la paraestatal. Ante esta situación, representantes de Pemex interpusieron una denuncia penal en contra de las personas que participaron en la protesta, por lo que arribaron al lugar elementos de la Policía Estatal Preventiva del Grupo Antimotín para liberar la zona.
Habitantes del municipio Francisco Z. Mena señalaron que los uniformados llegaron al lugar con armas largas y golpearon a la gente.
Posteriormente, los 25 hombres y una mujer detenidos fueron liberados tras pagar una fianza de 50 mil pesos, impuesta por los delitos de ataques a las vías de comunicación.
En esa ocasión, la CDHE también emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública estatal por violaciones a los derechos humanos.
3. “BOICOT” EN FACEBOOK 2013
El 3 de mayo de 2013, días antes de los festejos por el 151 aniversario de la Batalla de Puebla fueron detenidos Néstor López Espinoza, Eduardo Salazar Vázquez e Iván Ismael Guizasola Vázquez –integrantes del movimiento #YoSoy132 y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)–, por organizar un supuesto boicot en contra del Presidente Enrique Peña Nieto durante su visita en la entidad poblana.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado informó que los jóvenes fueron consignados por los delitos de portación de instrumento prohibido, cohecho, desobediencia y resistencia de particulares, cuyo expediente quedó en la averiguación previa 15/2013/DMZS.
Los jóvenes crearon en Facebook un evento para invitar a manifestarse en contra de la visita de Enrique Peña Nieto, programada para el 5 de mayo; sin embargo, las autoridades poblanas decidieron detenerlos con violencia, amenazarlos, golpearlos, incomunicándolos por más de 24 horas y sus domicilios fueron cateados ante la posible amenaza. Luego de tres días los jóvenes fueron puestos en libertad tras pagar una multa. No obstante el 16 de mayo, la Fiscalía estatal dio a conocer que se abrió un segundo expediente, por el delito de “motín”.
Actualmente los jóvenes siguen el proceso y esperan una audiencia con los agentes ministeriales que formularon las acusaciones, el Ministerio Público no los ha presentado y la audiencia se ha diferido unas 15 veces, informó el abogado del caso René Sánchez Galindo.
El jurista detalló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó que en las constancias del MP hay contradicciones graves: en una acta se asentó que una papelería los jóvenes habrían cometido el delito de desobediencia; pero en otra acta se asentó que, a la misma hora, día y en el mismo lugar, la papelería estaba vacía.
4. DEFENSA DE PREDIO
Colonos de Xilozoni y Ampliación Xilozoni denunciaron que la madrugada del 8 de junio de 2013 fueron desalojados con uso de violencia de un predio de 25 hectáreas ubicado entre los municipios de Puebla y San Andrés Cholula. Los habitantes detallaron que se trató de un “despojo”, pues el Juez del Noveno Juzgado de lo Civil José Hugo Salvador Jiménez y la Juez del Sexto Juzgado de lo Civil, no mostraron la documentación que avalara la acción los granaderos pertenecientes a la Policía Estatal, quienes destruyeron pertenencias y fueron cuestionados por agredir física, psicológica y sexualmente a mujeres y niños.
Desde 2001 el predio está en disputa. Los empresarios Juan Luis Flores Carpenter y Julio Alejandro Flores Pastrana han asegurado que son los dueños del predio. En octubre de 2013 se suscitó un nuevo desalojo, a pesar que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) el terreno formaba parte de los bienes nacionales. Durante la movilización fueron detenidos María Porfiria Jerónimo Flores Tlamintzi, de 70 años; y Delfino Flores Melga, de 90 años de edad.
A María Porfiria se le acusó del despojo de tierras junto con su esposo Delfino, quien murió en 2014 en el penal San Miguel.
Dos días después de haber sido detenidos los luchadores sociales, Porfiria obtuvo su libertad luego de haber pagado una multa de 150 mil pesos. Sin embargo, Flores enfrentaba tres procesos penales 298/2012 en el Juzgado Primero de lo Penal, 96/2012 del Sexto de lo Penal y el 355/2012 del Noveno de lo Penal.
5. BLOQUEO CONTRA GASODUCTO
Desde el anuncio del Proyecto Integral Morelos (PIM) en 2011 diversos pueblos cercanos al volcán Popocatépetl comenzaron movilizaciones en contra, y acusaron el despojo de tierra, además de otras afectaciones por el ingreso de maquinaria pesada a las comunidades. El 6 de febrero de 2014 un grupo de ciudadanos realizaron un bloqueo de 24 horas en la Autopista Siglo XXI.
Tras el hecho, el 10 de febrero de ese año la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla detuvo a 20 pobladores del municipio de Atzitzihuacán, como probables responsables de ataques a las vías de comunicación y delitos cometidos a funcionarios públicos. La Fiscalía detalló que uno de los consignados fue preso por lesiones, en tanto, tres de ellos enfrentaban cargos por portación de instrumento prohibido. Todo esto durante el operativo para reabrir la carretera.
Sin embargo, diversas organizaciones civiles denunciaron que muchos de los detenidos se manifestaron por el fallo de los comicios de 2013, donde los órganos electorales dieron la victoria a Maricela Ramos Jiménez, candidata de la coalición 5 de Mayo, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) inició una queja contra la Policía Estatal por la “detención arbitraria” de los 20 pobladores del municipio de Atzitzihuacan.
6. GASODUCTO VS COMISARIADA EJIDAL
El 6 de abril de 2014, Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad, fue detenida luego que en su calidad de representante ejidal se negara a firmar la venta de tierras para la colocación del gasoducto del Proyecto Integral Morelos.
Vélez, ex comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan y líder comunitaria, fue encarcelada en el penal de Atlixco por la supuesta negación al derecho de vía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); además fue acusada de robo. Gracias al apoyo de organizaciones civiles logró arraigo domiciliario. Su proceso sigue vigente.
7. PROYECTO MORELOS CONTRA ACTIVISTA
El 7 de abril de 2014, la Procuraduría General de Justicia estatal detuvo al activista Juan Carlos Flores Solís, integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), opositor al Proyecto Gasoducto Morelos.
La aprehensión del activista sucedió cuando él interponía una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla por la detención de la luchadora social Enedina Rosas Vélez.
En mayo de ese año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo los expedientes de seis activistas detenidos, entre ellos la de Juan Carlos, quienes sufrieron agresiones por oponerse a obras del estado.
Flores Solís fue acusado de motín, extorsión, despojo y ataque a la obra hidráulica. Tras nueve meses de prisión, el Juzgado Penal del Distrito de Cholula, Puebla, dictó auto de formal libertad al activista. Los efectos del amparo concedido consideraba infundadas las acusaciones en su contra.
En marzo de este año, fue candidato finalista al Premio 2015 de Front Line Defender por su activismo y defensa de los pueblos indígenas.
8. ARCO PONIENTE
El 8 de abril de 2014 fue detenido Abraham Cordero Calderón el entonces líder del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada, organizaciones opositoras a los proyectos como el Arco Poniente, el Gasoducto Morelos, entre otros.
Cordero Calderón fue acusado de robo y trasladado al penal de Atlixco. En octubre de 2013, tras pagar una fianza de casi 58 mil pesos salió bajo caución. Ya en libertad el activista denunció que se le fabricaron delitos y calificó de “represor” al Gobernador poblano Rafael Moreno Valle.
Desde 2013 el gobierno del estado mantiene suspendidas las mesas de diálogo con grupos de ejidatarios sobre la construcción del Arco Poniente, pese a que se comprometió a reanudarlas ante la Secretaría de Gobernación (Segob). A la fecha el caso sigue abierto. De acuerdo con medios locales, hasta noviembre de 2014 había al menos 100 órdenes de aprensión en contra de opositores a la obra Arco Poniente.
9. MOTOTAXIS
El 21 de mayo de 2014 Casilda Dávalos Pajarito, ex edil de San Martín Zoquiapan, municipio poblano de Coronango fue detenida acusada de iniciar una riña entre mototaxistas y policías municipales.
El 14 de febrero, día de la toma de protesta de la ahora presidente del poblado, Hermelinda Macoto Chapuli, hubo un operativo para retirar a los transportistas pero terminó en golpes.
Personas cercanas al conflicto dieron a conocer que Dávalos y Macoto, ambas militantes del PRI, tenía rencillas de tiempo atrás, cuyo desenlace terminó en el encarcelamiento Casilda.
El 16 de julio, en un primer operativo contra este transporte público fueron detenidos los conductores: Alfredo Portillo Ramírez, Rafael Tula Guzmán y Juventino Tlahuel.
El Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla informó que Casilda Dávalos Pajarito y los mototaxistas se encuentran todavía presos.
Luego de estos hechos, varios choferes se manifestaron y fueron detenidos arbitrariamente. Otros más fueron consignados en un segundo operativo. En total ocho personas fueron procesadas: Pedro Mauro Sarmiento Amaro, Ignacio Ramos Michihua, Jaime Alberto Fernández de Jesús, Daniel Hernández Palacios, Fausto Galicia Robles, Antelmo Sánchez García, Florencio Copalcua Hernández e Ignacio Sarmiento Amaro.
10. RUTA
El 21 de junio de 2014, ciudadanos de San Antonio Cacalotepec del municipio de San Andrés Cholula, se manifestaron para exigir más unidades de transporte y se declararon en contra del proyecto del metrobús, que contemplaba el pago de viaje por medio de una tarjeta electrónica.
Durante la movilización, los pobladores retuvieron diversas unidades de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) para exigir mejoras en el servicio.
Luego de la rechifla por el “secuestro” de tres unidades, elementos de la Policía Estatal detuvieron a ocho personas. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) las consignó por su probable responsabilidad en los delitos de motín, ataques a las vías de comunicación y resistencia de particulares.
Se trató de: María Luisa Josefina Nava Nezahualcoyotl, María de los Ángeles Coyotl Nava, Juana Macuil Coyotl, Angélica Macuil Coyotl, Braulio Bulmaro Chantes Tlachi, José Hilario Pedro Mitznahuatl Chantes, Gabino Coyotl Eloa y Luis Tlachi Cortés.
Los abogados de Juana y Angélica [madre e hija] informaron a medios de comunicación que ellas no participaron en la manifestación, sino que trataron de cortar camino, atravesando al contingente que protestaba.
Algunas de las personas pagaron una multa de más de 100 mil pesos, otros fianzas de 350 mil; sin embargo, algunas otras continúan con el proceso, pues no ha sido concedida su libertad absoluta.
11. CIS PUEBLA
El 1 de julio del año pasado, poco más de dos mil personas de Tehuacán, Coxcatlán, Zoquitlán y Ajalpan exigían la presencia del Gobernador Moreno Valle y del Secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, para que explicarán la decisión de cerrar los registros civiles en las juntas auxiliares.
Los habitantes de la Sierra Negra y Tehuacán se manifestaron frente al Centro Integral de Servicios (CIS) y sobre la autopista federal Puebla-Veracruz para exigir el reestablecimiento del servicio; sin embargo, tras un operativo de desalojo seis personas fueron detenidas y tres más resultaron heridas.
Al rededor de las 19:00 horas de ese martes, la Policía Estatal desalojó la manifestación haciendo uso de balas de goma y gas lacrimógeno. Entre los seis detenidos destacaba Manuel Morales Guillermo, presidente auxiliar de Magdalena Cuayucatepec, perteneciente a Tehuacán.
Esa noche, la Secretaría de Seguridad Pública del estado emitió un comunicado donde explicó que “un grupo de pobladores impidió la circulación en algunas vialidades, mantuvo retenidos a empleados, lesionó a un ciudadano que intentó salir de su centro de trabajo que estaba tomado por los inconformes, y causó lesiones a Policías Estatales que reabrían la circulación”.
Fue hasta el 21 de julio que los seis detenidos consiguieron su libertad provisional mediante la intervención de un juez federal que redujo el monto de las fianzas y ordenó su liberación inmediata.
Al rededor de las 22:25 horas, los seis detenidos salieron del Centro de Reinserción Social de Tehuacán.
La abogada dijo que los detenidos pagaron fianzas que fueron desde los 17 mil, 18 y hasta los 20 mil pesos, mismas que fueron establecidas por la autoridad federal, toda vez que el juez de lo penal les había impuesto montos de entre los 271 mil 600 pesos y hasta 440 mil 550 pesos.
12. AJALPAN
El 27 de mayo cinco personas un grupo de pobladores se manifestó en el bulevar Macuilxócitl, la entrada principal a la comunidad; sin embargo, después de un momento se trasladaron a la plaza principal de Ajalpan, frente a la Presidencia Municipal. Los habitantes exigían seguridad y servicios como agua potable.
Pedían la destitución del Presidente Municipal, Gustavo Lara, a quien acusaban de nepotismo y mal uso de recursos públicos.
Alfredo Xicantle Hernández, denunció días después que ese lunes, por la noche, funcionarios del Ayuntamiento, entre ellos el regidor panista Diego Xicantle Lezama, permanecieron en el lugar e incluso ingresaron bebidas alcohólicas. Fueron estos mismos trabajadores que arrojaron botellas contra los protestantes e iniciaron los disturbios.
La Policía Estatal intervino y fue cuando lanzaron balas de goma y de madera para dispersar la manifestación. Este es el primer registro que se tiene del uso de balas de goma.
Un menor de 12 años fue lesionado con una bala de goma; sin embargo, tras las intimidaciones de las que fueron víctimas él y su familia salieron de la comunidad.
De estos hechos cuatro hombres fueron detenidos. Los cargos que se les imputó fueron disturbios y ataques a las vías generales de comunicación.
Días antes solicitaron al Congreso localque fueran atendidas sus peticiones, sin embargo el Diputado Eukid Castañón Herrera les respondió de manera negativa mediante un oficio que además estaba mal fechado.
El 16 de mayo presentaron al Congreso un oficio para solicitar su intervención para solucionar sus peticiones de seguridad y servicios públicos, sin embargo, a través del documento con fecha del nueve de mayo, el legislador les respondió que no era procedente atender sus peticiones y mostraron una copia del oficio que recibieron.
Ramón Rosas Martínez, uno de los detenidos, dijo que estuvo incomunicado durante 24 horas, sin agua ni alimento y “presionado psicológicamente”.
13. CHALCHIUAPAN
Habitantes del municipio de San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla, se manifestaron el 9 de julio de 2014 en la vía Atlixcáyotl para exigir la restitución de los servicios del Registro Civil a las juntas auxiliares, que les fue enajenado para entregarlo a los ayuntamientos por iniciativa del Gobernador Rafael Moreno Valle.
Elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar para desalojar la manifestación por lo que se desató un conflicto en el que los estatales lanzaron granadas de humo, gases lacrimógenos, y proyectiles de goma.
Antes de la manifestación, los pobladores agotaron las vías del diálogo, pero las autoridades nunca les hicieron caso. Acudieron a Casa Aguayo, fueron al Centro Integral de Servicios (CIS) Puebla, al Congreso del estado local donde fueron atendidos por el secretario Víctor Manuel Giorgana Jiménez pero todo quedó en palabras.
Tras los hechos violentos, cuatro hombres fueron detenidos: Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras por los delitos de ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, motín homicidio en grado de tentativa.
Los cuatro fueron liberados el 2 de agosto tras pagar una fianza de 7 mil pesos cada uno, debido a que su defensa interpuso amparos a su favor y se desvanecieron sus cargos.
Desde que salió, la salud de Antonio Montes decayó. Se le diagnosticó ansiedad y depresión. Finalmente falleció el pasado 2 de febrero.
El 18 de octubre hubo un operativo en la madrugada. Policías ministeriales y estatales apoyados por el grupo Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), ingresaron a seis casas y detuvieron a cinco personas.
Ingresaron a los domicilios de manera violenta, no presentaron identificación, ni órdenes de aprehensión o cateo. Violaron chapas, forzaron puertas.
Los detenidos fueron Raúl Contreras Montes, de 35 años de edad; Camilo Tamayo; Fausto Montes García, de 29; Vicente Juárez, de 57; Florentino Tamayo, de 57, y Álvaro García, de 32 años.
De ellos, Fausto, Vicente y Florentino permanecen pesos.
Por otra parte, el 21 de noviembre, fue detenido en un operativo apabullante el Edil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista. Los cargos que se le imputan son homicidio en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad, lesiones, ataques a las vías federales de comunicación y motín. Todos referentes a la manifestación del 9 de julio.
14. CHOLULA
En abril del año pasado, el Gobierno de Puebla abrió una licitación pública nacional para concursar los trabajos de construcción del “Parque Cholula”, aledaño a la zona arqueológica de los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula.
El proyecto incluye la expropiación de 21 hectáreas, 12 en San Andrés y nueve en San Pedro.
Además, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunciaron que con la construcción del Parque de las Siete Culturas se va a afectar la vista y el patrimonio arqueológico en el subsuelo.
Desde su anunció se creó el movimiento Cholula Digna y habitantes de ambos municipios iniciaron protestas en su contra.
El 7 de octubre habitantes de San Andrés Cholula tomaron la Alcaldía tras oponerse a la expropiación de predios para la construcción del parque de las siete culturas sobre el basamento de la pirámide.
Adán Xicale Huitle, Albino Tlachi Valencia, Primo Manuel Tlachi Valencia y Alejandro Paul Xicale Coyopotl, fueron detenidos por los presuntos de litros de daño en propiedad ajena doloso, ataques a las vías de comunicación y despojo.
El último cargo que se les imputa, la PGJ señaló que se trata de un delito grave, cuya sanción es de 7 a 12 años de prisión.
El 25 de marzo, los hermanos Tlachi fueron liberados por falta de elementos para procesarlos. Por su parte, Adán y Paul Xicale, lganaron dos amparos ante la justicia federal; sin embargo, aún no son liberados.
15. LA RESURECCIÓN
Sabino Leonardo Báez Serrano, Presidente Auxiliar de La Resurrección fue uno de los primeros en interponer un amparo para tener de vuelta las facultades para operar el Registro Civil. Era el caso más avanzado hasta que lo detuvieron el 17 de octubre.
Sabino fue detenido con engaños.
Agentes Ministeriales arribaron a la comunidad llamándolo para hablar del tema de Seguridad Pública ya que no había policías. Se iba a hacer un recorrido y cuando subió a la camioneta se le notificó la orden de presentación y fue trasladado a la Procuraduría.
Los ministeriales le cargaron el delito de resistencia de particulares y quedó detenido. Desde entonces ha ganado cuatro amparos, por las contradicciones en las que cayeron los policías que lo detuvieron pero se van a revisión o se inconforman para efectos por lo que aún no es liberado.
16. CANOA
Raúl Pérez Vázquez fue detenido el pasado 31 de octubre, a las 4 de la tarde cuando salía de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), donde fue citado para realizar trámites en materia de obra pública.
El Presidente Auxiliar de San Miguel Canoa tenía un amparo a su favor para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra; sin embargo, fue detenido por el delito de abuso de autoridad.
Sus hijos, Javier y Rocío denunciaron que su padre estaba siendo torturado física y psicológicamente por otros reos del penal de San Miguel a nombre del Gobierno de Puebla con el fin de que desistieran de su defensa jurídica.
Después, el 5 de diciembre, ganó un nuevo amparo para lograr su libertad, por el que pagó 28 mil pesos, pero el Distrito Séptimo de lo Penal ordenó una nueva orden de aprehensión por el delito de peculado con el que no alcanza fianza.
17. SIMITRIO
El 19 de diciembre del año pasado, Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, líder de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28 de octubre), fue detenido cuando asistía a una reunión concertada con el secretario de gobernación municipal, Guillermo Arechiga Santamaría, para tratar el asunto del desalojo de los compañeros de Plaza Los Gallos.
Al llegar a las escaleras de la Secretaria de Gobernación del Municipio de Puebla, alrededor de 10 a 12 hombres y 2 a 3 mujeres, detuvieron, sin orden de aprehensión y de manera violenta, al asesor general de la UPVA 28.
De acuerdo con las autoridades, el líder fue detenido con el argumento de que violó el beneficio de preliberación que tenía desde el 4 de abril de 2001, el cual finalmente le fue revocado. Sin embargo, la propia organización 28 de octubre afirma que se trata de una ofensiva por parte del Gobierno de Rafael Moreno Valle originada porque la agrupación se solidarizó con las luchas sociales de Puebla.
El 28 de noviembre, su hijo Atltonatih Rubén Sarabia Reyna estaba en la Ciudad de México y fue detenido por policías Ministeriales de Puebla alrededor de las 10:30 horas de la noche en Reforma, a unas calles del Ángel de la Independencia.
Los hermanos del joven indicaron que unos 20 hombres armados se acercaron al vehículo de éste, rompieron los cristales y se lo llevaron de manera violenta y sin mostrar ninguna orden de aprehensión.
La propia organización dijo que días antes de detener al hijo de “Simitrio”, otro grupo de policías ministeriales de Puebla catearon el domicilio de los hijos de Simitrio, los sometieron, les sembraron bolsas pequeñas con droga, les robaron algunas pertenencias y se llevaron en calidad de presentadas a la madre y hermana de Atl Rubén Sánchez, además del esposo de su sobrina.
Aunque fueron presionadas para que señalaran al joven como presunto narcomenudista, con la amenaza de que si no lo hacían se iban a quedar detenidas, finalmente estas tres personas tuvieron que ser liberadas sin cargo alguno.
18. RUTA 2
El 14 de marzo de este año, elementos de la Procuraduría detuvieron a Ángel Sierra de la Rosa, y dos sus familiares, todos concesionarios de diversas rutas y opositores al paso de la Línea 2 del Metrobús que comenzó a circular en abril pasado en la ciudad de Puebla.
De acuerdo con la PGJ, fueron detenidos bajo los cargos de falsificación de documentos. Según el sitio e-consulta informó que “realizaron trámites de reemplacamiento utilizando minutas de trabajo falsas, ya que sus documentos de origen correspondían a una zona foránea, sin embargo, realizaron movimientos ilícitos para que sus unidades circularan en el derrotero Mayorazgo, para intentar obtener mayores beneficios”.
La mayoría de los concesionarios de transporte público que operan en esta vialidad se oponen al paso de la nueva línea de la Red Urbana de Transporte Articulad (RUTA), mejor conocido como “Metrobús”.
Ángel Sierra junto con su hijo y su esposa se opusieron a la Línea 2 desde que se anunció e incluso interpusieron un amparo junto con otro líder, Delfino Reyes Bocardo de la Unión Camionera. El proceso fue sobreseído.
Desde el 25 de febrero, los concesionarios acusaron la opacidad y desinformación que priva desde gobierno del estado con respecto a la puesta en marcha del RUTA y se quejaron de la persecución del Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas en su contra por oponerse al proyecto.
