La falta de condena de Canadá al asalto a la Embajada de México en el Ecuador se suma a otros desencuentros que han tenido lugar entre ambas naciones, al menos en los últimos años con las gestiones de López Obrador y de Justine Trudeau, el Primer Ministro de Canadá.
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Canadá es el tercer socio comercial de México. Es uno de los tres países que integran el T-MEC y que mayor capital invirtió el año pasado en la industria minera, un sector en el que la nación de la hoja de maple ha acumulado denuncias por abusos de todo tipo. En el discurso, los canadienses hablan de una “relación vibrante y multifacética, que se caracteriza por profundos vínculos interpersonales, intensas conexiones culturales, y comercio e inversiones en constante crecimiento”, como señala la Embajada de ese país en México. En los hechos, se posicionan como vecinos distantes como ha mostrado su falta de condena al asalto de la Embajada mexicana en Ecuador.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este miércoles que el Gobierno canadiense no haya atendido su llamado de hacer una condena enérgica a la incursión ilegal de policías ecuatorianos a la representación diplomática mexicana en ese país, una agresión que ha sido repudiada de manera unánime por Estados Unidos, la OEA así como por América Latina. “En el caso de Canadá, ellos van a decidir. Porque en el comunicado de Canadá utilizaron una palabra que pone en duda el que se haya violado el derecho internacional o nuestra soberanía”, declaró este día López Obrador. “Vamos a esperar que ellos rectifiquen; o están en su derecho de no hacerlo y no hay problema”.
Lo cierto es que este episodio se suma a otros desencuentros que han tenido lugar entre ambas naciones, al menos en los últimos años con las gestiones de López Obrador y de Justine Trudeau, el Primer Ministro de Canadá.
Hace un mes, por ejemplo, cuando el Gobierno canadiense impuso la VISA como requisito para que los mexicanos puedan ingresar a esa nación, el Presidente López Obrador recordó a Trudeau que él fue quien lo ayudó para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora conocido como T-MEC, “porque el Presidente [Donald] Trump no quería, por diferencias que son naturales en la política, por discrepancias con el Primer Ministro [Justin] Trudeau”.
“Yo insistí con el Presidente [Donald] Trump y lo convencí de que había iniciado el tratado con tres países, que era el Tratado de América del Norte, y que no podíamos hacerlo los dos, aún cuando México pudo haber obtenido más beneficios”, recordó el pasado 29 de febrero.
De hecho, meses antes de que los tres países firmaran este acuerdo, en noviembre de 2018, un día antes de que asumiera López Obrador el poder, se dio a conocer cómo Trudeau buscó llegar a un acuerdo bilateral con Estados Unidos sin contemplar a México.
En el marco de este acuerdo, Canadá ha respaldado a Estados Unidos para ir en contra de medidas anunciadas por López Obrador, como sucedió en febrero pasado cuando el Presidente López Obrador emitió un decreto para prohibir el uso de maíz transgénico para la elaboración de masa y tortillas y el glifosato, vinculado al cáncer, para proteger la salud de la población y el maíz nativo de México.
“Canadá cree que las medidas adoptadas por México no están apoyadas por la ciencia y potencialmente pueden alterar de forma innecesaria el comercio en el mercado norteamericano”, aseguró el país norteamericano en un comunicado para justificar su decisión.
Aunque la medida entrará en vigor hasta enero de 2025, Estados Unidos solicitó la creación de un panel arbitral para decidir sobre la legalidad de la prohibición de importar maíz transgénico, en el marco del T-MEC, medida que fue respaldada por Canadá.
A estos desacuerdos se suman los abusos en los que incurren las empresas canadienses en suelo mexicano que se han traducido en violaciones a derechos humanos, contaminación ambiental, desarrollo de conflictos internos comunitarios y el aumento de la violencia ligada al crimen organizado, misma con la que se imponen estos proyectos.
Un ejemplo de la relación existente entre el crimen organizado, las empresas mineras y el respaldo de la embajada canadiense a sus empresas es el asesinato del defensor territorial Mariano Abarca en Chicomuselo Chiapas en 2009, como han denunciado organizaciones civiles.
El pasado 8 de junio, por este caso, la Red Mexicana de Afectados por la Minería y la familia del defensor chiapaneco presentaron una denuncia en contra del Estado de Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su responsabilidad jurídica por los abusos que su industria extractiva comete contra comunidades en el extranjero.
En ese entonces se acusó que el Gobierno de ese país utiliza una “diplomacia económica” mediante la cual dirige los esfuerzos de todo su cuerpo diplomático para “atender las necesidades” de sus empresas en el extranjero y que, en la práctica, se realiza sin considerar “los grandísimos daños” que generan en las comunidades donde se asientan, ni la violencia que gira en torno a éstas.
“En lugar de contactar a la comunidad y hacer investigación, los funcionarios del gobierno canadiense fueron a la oficina del entonces gobernador de Chiapas para abogar en beneficio de la empresa diciendo que había demasiadas protestas y que la inversión canadiense es importante para la economía del país”, denunció ese 8 de junio, en conferencia de prensa Shim Imai, abogado del Proyecto para la Justicia y la Responsabilidad Empresarial,
José Luis Abarca, hijo de Mariano, señaló que el caso de su padre era clave para entender la gravedad de esta estrategia corporativa, “más aún considerando la terrible escalada de violencia en Chiapas y otros territorios del país, situación que profundiza los riesgos que enfrentan los pueblos que buscan defender sus territorios del extractivismo minero”.
Otro caso es el de la minera Peñasquito en el estado de Zacatecas, a cargo de la empresa canadiense Goldcorp, que para su expansión y consolidación se apoyó en el crimen organizado para la intimidación y el desplazamiento de la población, según han denunciado organizaciones civiles.
