La Comisionada presidenta del INAI refirió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades para la adquisición y pagos sin soporte documental de productos de la canasta básica por 850 millones en 2020, y 100 millones de pesos, en 2021.
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que informe sobre la recuperación del 100 por ciento de los recursos empleados para la compra de certificados bursátiles en 2020 y 2021, por la suma de 950 millones de pesos.
La Comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, argumentó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó entre las irregularidades de Segalmex, la adquisición y pagos sin soporte documental de productos de la canasta básica como el maíz, el frijol y la leche, correspondientes a la cuenta pública 2020 y 2021, así como la inversión de recursos financieros provenientes de las entidades encargadas de garantizar el derecho a la alimentación.
Ibarra Cadena refirió que en los dictámenes de dos auditorías de cumplimiento se menciona que Liconsa y Diconsa invirtieron 850 millones y 100 millones de pesos, respectivamente, en Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados, de los cuales, Segalmex no tuvo control directo.
Segalmex debe informar sobre recuperación de 950 millones de pesos empleados para compra de certificados bursátiles en 2020 y 2021.
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El dato de la supuesta recuperación del 100 por ciento de los recursos empleados salió de lo manifestado por el titular de Segalmex en una mesa de trabajo de carácter público, quien aseveró que se recuperó la totalidad de los recursos utilizados para la compra de certificados bursátiles en 2020 y 2021, por las sumas precisadas, y que en una solicitud de información el organismo no pudo precisar.
“La información sobre el uso de recursos públicos destinados a tareas tan importantes, como la seguridad alimentaria, debe ser transparente como ya se ha dicho. Lo contrario, conlleva a consecuencias graves para todos los sectores de la sociedad, especialmente para aquellos que enfrentan condiciones de pobreza más severas”, dijo en su participación la Comisionada presidenta del INAI.
“Sin transparencia, no puede explicarse y corregirse el desabasto alimentario reportado especialmente en zonas rurales, cuya seguridad alimentaria depende directamente de la compra de productos de la canasta básica en tiendas Diconsa”, agregó.
La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades y pagos sin soporte documental de productos de la canasta básica: @bl_ibarra
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Asimismo, recordó que en noviembre pasado, representantes de 30 consejos de abasto comunitario rural en Oaxaca, iniciaron jornadas de protesta en oficinas de Segalmex, donde manifestaron que más de dos mil comunidades no tenían forma de alimentarse, por la falta de más del 80 por ciento de los 40 productos de la canasta básica, que se surten en las tiendas Diconsa.
¿QUÉ PASÓ EN SEGALMEX?
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el organismo que fue creado para “procurar que la población con menores ingresos obtenga alimentos de calidad nutricional a precios accesibles” es —a cuatro años de su puesta en marcha— señalado por un desfalco de al menos nueve mil millones de pesos debido a irregularidades, compras fraudulentas de carne y azúcar, que implicarían a al menos 22 personas.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra esas 22 personas —entre ellos funcionarios— a inicios de marzo, a quienes se acusa del pago irregular de 145 millones de pesos por casi ocho mil toneladas de azúcar, de las cuales sólo se entregaron tres mil 110 toneladas. El fraude también se reportó en la adquisición de 73.4 millones de pesos en carne a través de cinco convenios, según reportó El País.
La sospecha de fraude en Segalmex data desde al menos el 2022, cuando el Presidente hizo un reconocimiento que ya habían investigaciones abiertas ante la FGR en la materia. “Ya está la denuncia desde hace algún tiempo y está abierta la investigación”, afirmó en junio de 2022 en conferencia de prensa.
Pero el caso explotó cuando a inicios de marzo, la FGR informó que había obtenido órdenes de aprehensión en contra de 22 personas, entre las cuales se encuentran 12 funcionarios de la paraestatal, cuatro personas vinculadas con las empresas que estarían coludidas y seis beneficiarios de los recursos públicos desviados.
“Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de siete mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal”, anunció en ese momento la FGR.
-Con información de Tamara Mares Rivera
