El representante de Odebrecht asegura que el Gobierno mexicano busca un pago millonario pese a que la empresa tiene un saldo a favor de aproximadamente 2 mil 245 millones de pesos por “los montos pendientes de pago por trabajos realizados, daños y saldos de obra pendiente de ejecutar correspondiente a las obras de Tula y Salamanca”.
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Odebrecht, el conglomerado brasileño señalado por múltiples sobornos en diversos países, busca cobrar al Gobierno México 2 mil 245 millones de pesos por los contratos cancelados en las refinerías de Tula, Hidalgo, y en Salamanca, Guanajuato, de acuerdo con información publicada en Reforma.
El diario señaló que la firma amplio una queja interpuesta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a sus garantías luego de que fuera inhabilitad y multada por daños a Petróleos Mexicanos (Pemex), en ella pide a la petrolera el pago de un finiquito por la terminación anticipada de los dos contratos.
La ampliación de la queja fue interpuesta por Joao Henrique Andrade Araujo Horst, apoderado de la firma, quien acusó que el Gobierno federal solicita a Odebrecht un pago de más de mil 149 millones 289 mil 878.08 pesos “con base a actos sin sustento y de manera unilateral”.
Aseguró que el Gobierno busca el pago pese a que la empresa tiene un saldo a favor de aproximadamente 2 mil 245 millones de pesos por “los montos pendientes de pago por trabajos realizados, daños y saldos de obra pendiente de ejecutar correspondiente a las obras de Tula y Salamanca”, señaló el representante citado por Reforma.
El consorcio sudamericano estima que la deuda a favor por el contrato cancelado en Salamanca es de casi 432 millones de pesos y por el de Tula, en mil 813 millones de pesos.
La ruta de negocios de Odebrecht en México abarca tres sexenios: el último periodo de Vicente Fox Quesada y los de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. El negocio más fuerte fue con Petróleos Mexicanos. Le avaló decenas de convenios por miles de millones de dólares.
Las irregularidades en los contratos otorgados al conglomerado brasileño entre 2005 y 2017 incluyen sobrecostos y pagos adicionales injustificados o duplicados –además de los señalamientos por pago de sobornos– que fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Anomalías que, al día de hoy, permanecen en la impunidad.
