En los años más álgidos de la guerra entre narcotraficantes del cártel Arellano y el cártel de Sinaloa en Baja California, dos gobernadores, Eugenio Elourduy primero y José Guadalupe Osuna Millán posteriormente, le concedieron el mando de la coordinación para la seguridad pública del Estado, a un militar.

En ese contexto, dos militares encabezaron la lucha contra el narcotráfico en esta entidad del norte. Ambos con resultados positivos en la coordinación de las policías locales. El General de División en el retiro Sergio Aponte Polito, y el General de División Alfonso Duarte Mújica.

La lucha que enfrentaron contra la criminalidad organizada no la llevaron a cabo solos. De hecho contaban con el apoyo de la Procuraduría General de la República, institución que aportó al Ministerio Público que acompañaba a los militares y a las policías civiles a la realización de cateos, investigaciones. Sí vimos la frontera transformada. De repente, los convoyes de militares patrullando la ciudad sorprendieron para sumarse al poco tiempo a la cotidianidad.

En ningún momento durante aquellos años se pensó que la seguridad del estado había sido militarizada. Ninguna de las corporaciones civiles perdió alguna de sus facultades, el procurador de justicia lo seguía siendo y atendiendo las labores propias de la institución, lo mismo que el secretario de seguridad, de igual manera las policías municipales. La diferencia era que, para el combate al narcotráfico, iban todos juntos coordinados por los militares.

Aquella decisión la tomaron los gobernadores, pasado el primer lustro del nuevo milenio, cuando la inseguridad y la violencia rebasaban las políticas públicas de contención y a las corporaciones. Especialmente, porque muchas de estas corporaciones policíacas, sean federales, estatales o municipales, estaban corrompidas por el narcotráfico. A la par de la coordinación militar en las corporaciones policiacas iniciaron procesos de depuración para ir despidiendo o en su caso consignando a los elementos deshonestos.

Pasaron los años, la administración de Felipe Calderón Hinojosa y también la de Enrique Peña Nieto, y las corporaciones no terminaron de depurarse, como tampoco se logró regular la participación del Ejército y la Marina en las tareas de combate a la inseguridad y la violencia, producto principalmente de los cárteles de las drogas.

Por eso el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la Guardia Nacional que le fue aprobada en el Poder Legislativo y que en unos meses será una realidad. Ciertamente estará integrada de manera inicial por elementos de las Fuerzas Armadas, a decir de quienes laboran en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en cuya estructura y facultad quedará la Guardia Nacional, serán 35 mil militares, 15 mil marinos y 20 mil policías federales, quienes integren la Guardia.

Pero esos efectivos del Ejército y de la Marina deberán dejar de serlo para convertirse en agentes de la Guardia Nacional. Tendrán que solicitar licencia a las Fuerzas Armadas para integrarse a una corporación civil como lo es la Guardia Nacional. De igual manera el General que a partir de las próximas semanas sea nombrado titular de la Guardia Nacional, deberá solicitar licencia a su cargo en el Ejército Mexicano, para poder ser el responsable de una entidad civil.

Las facultades de la Guardia Nacional están en el fuero civil. No en el militar. Así se lee en la reforma que se hizo al Artículo 21 de la Constitución Mexicana:

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de Gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir con los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública…”.

La Guardia Nacional ciertamente tendrá una estructura más parecida a la militar que a la civil, especialmente en la administración de los recursos y la disciplina, y será regida por un Estado Mayor que integrarán el Secretario General de la Defensa, el Secretario de la Marina y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana o quien estos designen para tal encomienda. De ahí saldrán las políticas públicas para el accionar de la Guardia.

De manera gradual desaparecerá la Policía Federal para integrarse completamente a la Guardia Nacional, así solo quedará una corporación policiaca en la Secretaría de Seguridad, y no dos como actualmente sucede.

El General que sea designado titular de la Guardia Nacional, al igual que todos los elementos del Ejército y de la Marina que la integren, será civil. Al momento de solicitar licencia a las Fuerzas Armadas se desarrollarán en una institución civil, con leyes y reglamentos civiles. De hecho en todo caso les será más necesaria la capacitación pues están acostumbrados al mando militar.

Una Guardia cuyo reglamento, facultades y obligaciones están en el fuero civil, no es militar así esté integrada por militares con licencia, y la titule un General en igual circunstancia o en el retiro.

Nombrar a un General pues, no significa la militarización. Ni del País, ni de la Guardia, ni de nada. Pues deberá coordinarse con las policías de los Estados y Municipios, además de las Fuerzas Armadas, y muy importante, con el Ministerio Público que depende de la Fiscalía General de la República, y la única instancia con la facultad de judicializar.

De hecho, desde el momento en que un militar solicita licencia a las Fuerzas Armadas, se somete al fuero civil, también cuando desempeña un puesto civil o de elección popular sin depender de la Sedena o de la Semar. Y en la Guardia Nacional, respetarán y harán respetar la legislación civil.

Antes que se construyan unas 87 bases de operaciones de la Guardia Nacional en el País, sus integrantes estarán en instalaciones de la Policía Federal, o de las Fuerzas Armadas, pero actuando en el fuero civil y coordinados con las corporaciones civiles.

En ese contexto, no se está militarizando la seguridad, pues los militares en el retiro se regirán con el fuero civil. Lo que sí, es que, como sucedió en sexenios anteriores, se está echando mano de los elementos de las Fuerzas Armadas para integrar una nueva corporación, lo cual no significa, insisto, militarizar.

El reto del General con licencia que presida la Guardia Nacional, será llevar la disciplina administrativa y física a un cuerpo policíaco civil, para combatir de manera eficiente a la criminalidad con las leyes, reglamentos y corporaciones civiles de los tres órdenes de Gobierno.

Adela Navarro Bello

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