El caso de un grupo de policías federales entregados en Tamaulipas a criminales de Los Zetas y el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ponen en evidencia la necesidad de una reforma de fondo que libere a los mexicanos de la complicidad entre los delincuentes y las fuerzas locales.
Por Paul Imison
Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo/VICE).– Luego de ser secuestrados por miembros de la policía municipal en el estado fronterizo de Tamaulipas, Liliana y tres colegas fueron desvestidos y torturados durante tres horas. Después fueron llevados a un área boscosa aislada.
“En realidad pensamos que nos iban a matar”, dice Liliana, madre de dos hijos, y quien pidió que su nombre verdadero no fuera publicado por miedo a represalias. “Antes de que nos llevaran a la camioneta, un tipo se paró frente a nosotros y se puso a preguntarnos: ‘¿Cómo quieren irse?'”
Mientras los legisladores debaten una reforma trascendental del sistema de justicia mexicano, casos como el de Liliana, revelan los extraordinarios niveles de corrupción y falta de responsabilidad dentro de las fuerzas policiacas del país.
El hecho de que Liliana y sus compañeros formaran parte de las fuerzas de élite de la Policía Federal cuando fueron raptados hace dos años y medio, subraya la gravedad del problema. Y todo tiene más sentido, si sabemos que el equipo se encontraba investigando una ola de desapariciones cuando fue presa del ataque.
El problema de la policía trabajando directamente con los cárteles de droga locales no es algo nuevo en México. La presión por hacer algo más para solucionarlo se dio luego de que agentes municipales en la ciudad de Iguala, Guerrero, atacaran y después secuestraran a 43 estudiantes en septiembre de 2014. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa desparecidos provocó una ola de indignación nacional e internacional, que obligó al Presidente Enrique Peña Nieto a prometer una reforma de trascendencia.
Tres meses después de este terrible suceso, el gobierno propuso reemplazar los mil 800 miembros de la Policía Municipal con una sola unidad para cada uno de los 32 estados — un sistema llamado “mando único”—. Después de casi un año de discusiones políticas, el gobierno por fin está presionando para reabrir el debate.
“Estamos convencidos que la propuesta del Presidente de un ‘mando único’ es la solución a la imposible situación que enfrentan muchos municipios”, expresó en enero el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
A primera vista, el nuevo modelo parece estar hecho a la medida para abordar la profunda corrosión de las fuerzas policiacas municipales, que han quedado expuestas por la desaparición de los estudiantes, y por el escalofriante secuestro de Liliana y sus colegas a manos de policías locales cuando se encontraban en una misión para investigar la ola de secuestros en una ciudad cercana a la frontera estadounidense.
“A veces, le tenemos más miedo a la policía local que a los cárteles”, dice Liliana.
Cuando el equipo se adentró en el poblado, con ropa de civil y manejando un auto sin insignias policiales, la policía local cómplice del famoso cártel de Los Zetas detuvo el coche y rápidamente identificó a sus ocupantes como agentes federales. Liliana y su equipo intercambiaron cumplidos y se les permitió avanzar. Sin embargo, minutos después al detenerse en una gasolinera, una camioneta color negro se estacionó junto a ellos. Varios hombres encapuchados se bajaron portando AK-47 y AR-15.
“Estábamos armados, pero no había algo que pudiéramos hacer”, explica Liliana. “Fueron muy profesionales, y nos tenían rodeados”.
Posteriormente, los cuatro oficiales fueron llevados al cuartel de la policía municipal donde fueron golpeados e interrogados. “Querían saber qué hacíamos en la ciudad, quién era nuestro jefe, y porqué nos habían enviado”, dijo Liliana. “Habíamos sido advertidos de antemano de que la policía estaba profundamente involucrada con el cártel, así que mentimos y les dijimos que estábamos investigando un caso de pornografía infantil”.
Liliana cree que los policías municipales que se encontraron a la entrada de la ciudad eran “halcones” pagados por los Zetas para advertirles de la llegada de bandas rivales o de agentes federales al pueblo.
Después del interrogatorio, las cuatro víctimas fueron amontonadas en una camioneta y llevadas al campo, afuera de la ciudad. Abandonados en una zona boscosa, sus captores parecieron titubear, alejándose de la escena, para después regresar y abrir fuego. Uno de los agentes federales murió; uno más quedó incapacitado. Liliana y un tercer agente fueron capaces llegar a una carretera cercana y resguardarse.
POLICÍAS SIN CONFIANZA
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Víctimas realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 63 por ciento de los mexicanos tienen poca o nula confianza en los miembros de la Policía Municipal, y también el 63 por ciento los considera corruptos. Pero el enfoque reciente sobre los ejemplos de colusión con cárteles de drogas y la Policía Municipal ignora lo grave que pueden ser las cosas en los demás niveles administrativos.
Por algo es claro que el público no ve a las fuerzas estatales o federales como una respuesta a sus problemas. Cerca del 56 por ciento de la población tiene poca o nula confianza es sus fuerzas policiacas estatales. La cifra para la Policía Federal es del 42 por ciento.
“Los problemas se pueden ver en varios grados en los tres niveles de gobierno encargados de impartir la Ley, pero en particular en el nivel municipal”, dice Raúl Benítez, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a VICE News. “En el peor de los casos, vemos cómo los oficiales son reclutados por las organizaciones criminales o participan activamente en crímenes por sí solos”.
La fuerza encargada de mantener la paz en el estado de Veracruz, ubicado en la costa del Golfo de México, es una institución estatal que tampoco está a la altura de las circunstancias.
La semana pasada, expertos forenses independientes identificaron los restos de uno de los cinco jóvenes que desaparecieron luego de ser arrestados por oficiales de la Policía Estatal en una gasolinera en el poblado de Tierra Blanca. El incidente fue captado por cámaras de seguridad, y algunos de los oficiales supuestamente involucrados fueron arrestados después de que el caso comenzara a llamar la atención en los medios. Uno de los oficiales detenidos dijo a los investigadores que las víctimas habían sido llevadas a un rancho y entregadas a los miembros de los cárteles, quienes los asesinaron.
Mientras tanto, las fuerzas federales también han sido acosadas por acusaciones de corrupción institucional y abuso de los derechos humanos, a pesar de numerosos intentos, que datan de la década los 90, para colocar su profesionalismo, probidad, y efectividad por encima de las dudas. Por ejemplo, Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en la presidencia de Felipe Calderón, fue señalado por periodistas por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.
Durante la actual administración del Presidente Peña Nieto, la Policía Federal ha estado involucrada en varios incidentes de supuestas ejecuciones extrajudiciales de civiles, o de individuos armados que se habían rendido. Entre ellos se encuentra el ataque hacia los seguidores de grupos de autodefensas en Apatzingán [Michoacán] en enero de 2015; además de la disputa que dejó a 42 muertos, supuestos miembros de cárteles, cuatro meses después en un poblado cercano llamado Tanhuato en el mismo estado.
Para Elena Azaola, especialista en seguridad pública del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, los problemas dentro de la aplicación de la Ley en México requieren mucho más que un simple cambio de comando.
“México necesita una reforma más fundamental que la actual propuesta”, dijo para VICE News. “La policía necesita profesionalizarse y ser blanco de supervisiones por órganos civiles y legislativos”.
Aunque han existido numerosos programas en años recientes para profesionalizar a la policía e investigar a los oficiales para la integridad personal, el entusiasmo por la idea de una supervisión civil, en la cual los ciudadanos juegan un papel en el desempeño de monitoreo, permanece ampliamente limitada al mundo de las organizaciones no gubernamentales.
“Esto sería algo completamente nuevo para México”, añadió Azaola. “Pero por el momento, a mi parecer, no hay voluntad política, ni suficiente presión de la sociedad civil, para hacerlo realidad”.
No obstante, Azaola y Benítez citan las recientes mejoras en algunas de las fuerzas municipales más grandes del país. La notable disminución de homicidios en el famoso poblado fronterizo de Ciudad Juárez, la ciudad más violenta en el mundo desde hace varios años, ha sido al menos atribuida a la reorganización de la agencia municipal.
Mientras los legisladores debaten los detalles de la reforma, Raúl Benítez cree que el resultado más probable es un modelo mixto en el cual algunos de los estados podrán implementar una estructura única de mando, pero en las ciudades más grandes y municipios tendrán sus propias fuerzas. Aunque también añade que uno de los principales obstáculos para mejorar la implementación de la ley en todos los casos es la tendencia de los políticos para utilizar las fuerzas policiacas primordialmente como un medio para proteger sus intereses políticos.
Liliana, quien continúa trabajando para la Policía Federal en calidad de administrativa, admite su profunda frustración. Cree que muchos oficiales agradecerían una supervisión más estricta si ello significara que pudieran trabajar de forma más segura y servir mejor a la comunidad, pero insiste que es casi imposible que los individuos honestos desempeñen su trabajo dentro de la agencia.
“La gente no se da cuenta que hay muchos policías tratando de realizar su mejor esfuerzo en una mala situación”, dijo, “pero muchos terminan por rendirse y se alejan de las instituciones”.
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