Como parte de la trilogía en la que analizamos los antecedentes y posturas de los tres candidatos principales a la presidencia de la República y la de sus partidos políticos frente al mayor problema de salud pública que enfrenta la población en México, corresponde en esta ocasión el turno a Enrique Peña Nieto (EPM) y el PRI.
Las políticas para combatir la epidemia de sobrepeso y obesidad que se han desarrollado en diversas regiones del mundo han sido tanto a escala nacional, como estatal y de ciudad. A nivel estatal pueden observarse, en diversos estados de la Unión Americana, diversas regulaciones y programas: la regulación efectiva de los alimentos y las bebidas al interior de las escuelas; la existencia de bebederos de agua potable tanto en escuelas como en espacios públicos; el desarrollo de programas para llevar alimentos de las granjas locales a los planteles escolares; la obligación de indicar la cantidad de calorías que contienen los alimentos y bebidas que se ofrecen en los restaurantes; la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas que se dirige a los niños y las niñas en los medios locales, y el desarrollo de campañas públicas de orientación alimentaria, que en su mayoría, se han enfocado a desalentar el consumo de refrescos, entre otras medidas.
La Encuesta Nacional de Salud en Escolares registró en 2008 que en el Estado de México el 21.4% de los niños de primaria presentaban obesidad y el 8.7% sobrepeso, para alcanzar un total de 30% de los escolares con sobrepeso y obesidad. A partir del 2002, la diabetes ya se había convertido en la principal causa de muertes en el Estado de México. En 2003 se registraron 7, 864 muertes por esta causa, representando una tasa de 56.54 por cada 100 mil habitantes; para el 2004 las muertes aumentaron a 8,292 y la tasa a 58.5, continuando el incremento de mortalidad en los años posteriores. En este contexto, debe evaluarse el desempeño de Enrique Peña Nieto durante su gobierno en el Estado de México. En esa entidad no se han introducido bebederos de agua en las escuelas y espacios públicos, lo que predomina en estas instalaciones son alimentos altamente procesados, no se ha realizado ningún tipo de regulación para las cadenas de comida rápida y tampoco se han difundido campañas efectivas de orientación alimentaria. En la práctica, durante la administración de EPM en el Estado de México se permitió que avanzara este problema.
PRI: El PRI gobierna varios estados de la República en los que cuenta con mayoría en el Congreso. En esas circunstancias, el tricolor ha contado con todas las condiciones para llevar adelante políticas, regulaciones y campañas efectivas para combatir la epidemia de sobrepeso y obesidad que está colapsando el sistema de salud pública, sin embargo, no lo ha hecho. Por su parte, los legisladores federales del PRI se han caracterizado por ejercer un bloqueo sistemático a diversas iniciativas que están dirigidas a modificar, lo que los expertos llaman, el “ambiente obesigénico”. En una y otra ocasión, cuando se han presentado iniciativas para regular la publicidad de comida chatarra dirigida a los menores, para regular el etiquetado de los productos, para establecer impuesto a los refrescos o para regular la venta de comida chatarra en las escuelas, los legisladores priistas se han opuesto a ellas.
Por otro lado, los legisladores priístas han mostrado el fuerte vínculo que tienen ellos y su partido con las grandes empresas procesadoras de alimentos y bebidas. Este es el caso de Cristina Díaz, actual secretaria del PRI y coordinadora, junto con Manlio Fabio Beltrones, de las candidaturas a la legislación federal de ese partido. Como presidenta municipal de Guadalupe, Nuevo León, organizaba, en 2008, cursos de verano para niños patrocinados por Coca Cola. Las fotografías muestran las carpas, sillas, mesas y camisetas de los jóvenes monitores de los cursos con los logos de Coca Cola. Para ese entonces, la Secretaría de Salud ya había dado a conocer sus recomendaciones sobre bebidas en las que establecía que no se recomendaba el consumo de refrescos y existía suficiente información sobre el daño que genera el alto consumo de refrescos en la infancia. Por su parte, Coca Cola ya se había comprometido con la Organización Mundial de la Salud a no realizar publicidad para menores de 12 años. Ni la funcionaria, ni la empresa cumplían, ambas actuaban en beneficio propio por encima de la salud de los menores de edad.
Cristina Díaz, ya como diputada federal, con el apoyo de la bancada del PRI, el 13 de abril de 2010, logró que la Cámara de Diputados aprobara una iniciativa de Ley que sería mal conocida como la “Ley Antiobesidad”. La iniciativa de Ley no tenía otra intención que evitar que se establecieran regulaciones a la venta de comida chatarra en las escuelas. Proponía que las regulaciones se establecieran a través de normas oficiales mexicanas. Las normas pueden tardar años en expedirse y, en ellas, las empresas tiene un fuerte poder de veto al formar parte de los comités que las elaboran. Esta iniciativa, al servicio de las grandes corporaciones, buscaba bloquear la regulación que, se sabía, estaban elaborando la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Acertadamente, la iniciativa fue rechazada en el Senado.
Por otro lado, el PRI cuenta entre sus filas con las más destacadas “puertas giratorias”: legisladores y funcionarios públicos que han pasado a ser cabilderos de las empresas, e incluso, después, han regresado a ser legisladores o funcionarios públicos, en una espiral normalmente ascendente. Este es el caso de Enrique de la Madrid quien desde que fue diputado federal sirvió a los intereses de la industria. Premiado por la industria, pasó a la iniciativa privada como Presidente Ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C. (ConMéxico). ConMéxico ha sido el organismo empresarial desde donde se ha desarrollado el cabildeo en la defensa de la industria procesadora de alimentos y bebidas, como Coca Cola, Pepsico, Bimbo, Kellog´s, etc, contra cualquier política que pueda afectar sus intereses. De la Madrid, al dejar su cargo en ConMéxico regresó a ser funcionario, al cargo de Director General de Financiera Rural.
Otros priístas, con cargos muy importantes en el partido, también han sido cabilderos profesionales para las empresas, como Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI ante el IFE. Fundó la agencia de cabildeo LTG Lobbying México, que entre otras cosas ofrece “servicios de elaboración y promoción legislativa, impulso de iniciativas”. Esta agencia no brinda información pública sobre sus socios, directivos y clientes, por lo cual no se sabe si el legislador sigue siendo socio de la agencia de cabildeo, lo cual representaría un serio conflicto de interés, algo muy común entre los legisladores. La familia Lerdo de Tejada es especialista en cabildeo. Fernando Lerdo de Tejada, ex vocero de la presidencia durante el gobierno de Ernesto Zedillo, es otro miembro destacado en el servicio a las empresas para influir entre legisladores y funcionarios, fundador de la agencia de cabildeo Estrategia Total. Fernando Lerdo de Tejada está casado con Marinela Servitje, hija del fundador de la empresa Bimbo, actualmente la mayor panificadora a escala mundial que ejerce una dominación absoluta de este mercado en México, y que es propietaria de un gran número de empresas productoras de comida chatarra, desde Ricolino hasta Barcel.
