A seis meses de que se cumplan diez años de la desaparición de 43 normalistas y el asesinato de tres más el 26 de septiembre de 2014, la noche del jueves 7 de febrero fue asesinado otro estudiante más de la normal rural Raúl Isidro Burgos conocida como Ayotzinapa. Se trata del normalista Yanqui Khotan Gómez Peralta, de 23 años, estudiante del cuarto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria.

Como la mayoría de los normalistas, su familia es de origen campesino y, con razón, han pedido justicia para castigar a los responsables de este crimen.

El asesinato del normalista Gómez Peralta, por parte de policías estatales de Guerrero, ocurre en un momento muy tenso y ríspido en la compleja relación de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, los actuales estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos y el Gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ocurre, además, el mismo día que el Presidente había criticado las manifestaciones de protesta de los normalistas y sugerido que los padres eran manipulados por intereses de sus adversarios conservadores. Desde días atrás el Presidente también cuestionó y criticó a las organizaciones de derechos humanos que acompañan a los familiares de los 43 desaparecidos, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez (Centro Prodh), y al abogado Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos La Montaña de Guerrero, también conocido como el Tlachinollan.

Hay versiones encontradas de cómo ocurrió el asesinato del joven normalista Yanqui Khotan Gómez Peralta. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, la noche del jueves a la salida de la ciudad de Chilpancingo, en la carretera al municipio de Tixtla, recibieron el reporte de robo de una camioneta marca Nissan que era justamente en la que viajaban dos estudiantes (uno había bajado a una tienda) cuando los policías les marcaron el alto, pero fueron agredidos, supuestamente por parte de los estudiantes, por lo que repelieron la agresión en la que resultó herido el estudiante Gómez Peralta y posteriormente fallecido cuando recibía atención en un hospital.

Por su parte, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México emitieron un comunicado en el que rechazan esta versión y acusan de un montaje en el que se sembró un arma y droga.

“Responsabilizamos de manera directa al Gobierno estatal [de Guerrero] por el ataque armado, así mismo por la fabricación de delitos y la siembra de armas en la unidad vehicular en donde se trasladaban los compañeros”.

Acusan que son objeto, por parte de los tres niveles de Gobierno, “de la criminalización en contra de la Normal de Ayotzinapa, la política de oídos sordos, la represión y la muerte”.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el mismo Presidente anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) atraería el caso. Pero incluso la misma Fiscalía General del Estado de Guerrero puso en duda la versión emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del estado sobre el supuesto enfrentamiento que alegan los policías estatales. Todo indica, como señalan los normalistas, que se trata de crear un montaje de supuesto enfrentamiento para justificar la agresión en contra de los estudiantes, es decir otra vez crear los contextos de criminalización y persecución en contra de ellos. Como señalé más arriba, la reciente agresión en contra de los normalistas ocurre en el contexto de las declaraciones y cuestionamientos del Presidente contra las protestas de los padres y madres y estudiantes de Ayotzinapa.

El antecedente inmediato de esta muerte es la jornada permanente de protesta que los padres y madres decidieron instalar en el Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional, después de la acción global del pasado 26 de febrero. Los padres exigen ser recibidos por el Presidente y específicamente que la Secretaría de Defensa Nacional les entregue 800 folios de reportes de inteligencia elaborados por su comando en Iguala y avanzar en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas.

En lugar de ello, han recibido el desdén y la crítica del Presidente, quien ha contribuido a crear el ambiente de criminalización con la que históricamente el Estado ha tratado a los estudiantes normalistas de todo el país, especialmente Ayotzinapa. Además de la muerte reciente de Gómez Peralta y la desaparición masiva de septiembre de 2014, en diciembre de 2011, otros dos normalistas de
Ayotzinapa fueron asesinados por balas de policías de Guerrero en la autopista de El Sol.

Al comienzo del actual Gobierno, los padres de los 43 dieron un voto de confianza al Presidente López Obrador, pero lamentablemente casi al final del sexenio, han recibido el mismo trato de desdén y criminalización al igual que en gobiernos anteriores. Es en este ambiente de criminalización que ocurre el asesinato de otro normalista de Ayotzinapa más, en lugar de avanzar en la investigación y ofrecer justicia y reparación del daño a las víctimas.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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