Uno de los puntos a destacar de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible es que contempla acciones para obligar a las empresas productoras de alimentos a informar a los consumidores sobre el uso de ingredientes que provengan de organismos genéticamente modificados, también conocidos como transgénicos.
Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).- Ahora, la industria alimentaria deberá informar si están usando ingredientes que provengan de organismos genéticamente modificados, conocidos como transgénicos, mientras que los supermercados tendrán prohibido desechar productos comestibles que aún están en condición de ser consumidos, así quedó establecido en la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible.
Este 6 de marzo, el Senado de la República aprobó la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, en la que a lo largo de sus 111 artículos, además de contemplar acciones para garantizar la seguridad alimentaria de la ciudadanía, con acceso a productos de calidad, también establece que las empresas alimentarias tendrán la obligación de informar sobre el uso de transgénicos.
Con 420 votos a favor, el pleno de la Cámara Alta fue avalada dicha ley, en la que se establece que todas las personas tienen el derecho a acceder a una alimentación adecuada y sostenible, por lo que las autoridades a nivel federal, estatal y municipal deberán implementar acciones encaminadas a garantizar que la ciudadanía disponga de productos comestibles “nutritivos, suficientes, de calidad, inocuos y culturalmente adecuados.
Por ello, se busca priorizar el fortalecimiento de “la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad alimentaria del país”, a través de mecanismos como el impulso a la producción local de cultivos y sugerencias de paquetes por parte de la secretaría de salud, que contendrán frutas, verduras y productos de temporada, así como dietas tradicionales, en las que se privilegiará productos que no contengan un alto índice calórico, azúcares añadidos y exceso de sodio, entre otros.
En este sentido también quedó establecido que todas las personas deberán contar con un ingreso suficiente que les permita acceder a estos alimentos “sin poner en riesgo la satisfacción de otras necesidades básicas”. Asimismo, el Estado deberá garantizar el acceso al agua simple, potable y apta para consumo humano, a la que también deberá promover como principal fuente de hidratación.
Uno de los puntos a destacar de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible es que contempla acciones para obligar a las empresas productoras de alimentos a informar a los consumidores sobre el uso de ingredientes que provengan de organismos genéticamente modificados, también conocidos como transgénicos.
En el Artículo 20, del Capítulo III, correspondiente al Derecho a la información nutricional saludable, quedó establecido que:
“La información de los productos alimenticios preenvasados, tanto en sus etiquetas y en su contra etiquetas, deberá ser veraz, clara y comprensible sobre su origen, contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los nutrimentos críticos, ingredientes y demás elementos que determine la Secretaría de Salud, en los términos que fije la Ley General de Salud”.
Además, “las autoridades competentes, utilizarán los mecanismos que brinden información a las personas consumidoras incluidas las regulaciones de etiquetas y la publicidad, para informar de cualquier ingrediente, sustancia o técnica de producción o distribución, que sea relevante y pueda implicar un riesgo a la salud derivado del consumo de productos alimenticios, en los términos que fije la Ley general de Salud”, se añade.
Desde inicios de 2023, el Gobierno de México publicó un decreto presidencial con el que se cerró la entrada al maíz amarillo transgénico para consumo humano por sus afectaciones a la salud, pese a los roces que generó con Estados Unidos, que, según colectivos y la Central Campesina Independiente (CCI) de Sinaloa, un procto que importaban harineras y comercializadoras como Maseca, Gramosa, Minsa y Cargill.
A esto se sumó, en junio de 2023, la prohibición de importar maíz blanco (de Sudáfrica, por ejemplo) y la imposición, por parte del Gobierno federal, de aranceles a las importaciones de este alimento, lo que también tenía como objetivo fomentar la mejora de precios de pequeños y medianos productores de maíz en Sinaloa, al que se le considera el granero del México.
“Estoy por firmar en esta semana para que en las tortillerías sólo se use maíz blanco y no transgénico. Esto va a ir acompañado del establecimiento de aranceles [no a Estados Unidos,] para que no se importe maíz blanco y se compre a los productores nacionales el maíz blanco”, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del 21 de junio.
Los “cultivos genéticamente modificados”, o transgénicos, son las plantas cuyo ADN ha sido alterado en un laboratorio para que adquieran propiedades no pueden recibir a través de las técnicas de reproducción tradicional. Específicamente, se identifican genes seleccionados de otros organismos y se insertan en el cultivo con el propósito de crear un espécimen más deseable.
“Una de las preocupaciones centrales de la modificación genética es que la introducción en los cultivos de material genético foráneo tiene el potencial de producir efectos dañinos tanto en la salud de los humanos como en el medio ambiente. Por esta razón, las regulaciones adquieren enorme importancia”, señaló Greenpeace en informe “Los transgénicos en México; 20 años de resistencia y lucha”.
En el documento, publicado en 2019, se resumen las principales controversias registradas desde 1999 sobre el tema de los transgénicos y las repercusiones que impactan negativamente en la salud de los consumidores, en los cultivos nativos y en el medio ambiente.
En el texto, la organización ambientalista ejemplifica cómo este tipo de cultivos pueden afectar a la salud: “Los mexicanos comen, en promedio, 90 kilos de tortilla cada año. Cuando un fabricante de tortilla empieza a sustituir el maíz blanco mexicano por el maíz amarillo genéticamente modificado procedente de Estados Unidos –que es más barato–, surge una serie de posibles preocupaciones sanitarias”.
Esto es, se detalla en el documento, “sobre todo debido al uso de glifosato, herbicida declarado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud, como ‘probablemente carcinógeno para el ser humano’”. Además de que considera que el uso del maíz transgénico va acompañado de una pérdida de su contenido nutricional.
En 1996, el Gobierno federal formalizó la primera norma para regular la importación y liberación de transgénicos [NOM-056-FITO-1995]. Tres años después, apareció la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), que es el órgano del Poder Ejecutivo Federal encargado de establecer las políticas relativas a la seguridad de la biotecnología respecto al uso seguro de los OGM’s.
Y aunque la Ley de Bioseguridad, conocida como la “Ley Monsanto”, se aprobó por la Cámara de Senadores en abril de 2003, seguida por la Cámara de Diputados en diciembre de 2004 y, finalmente, se publicó como ley en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de marzo de 2005, en 2020 se llevaron a cabo modificaciones.
Cabe señalar que la “Ley Monsanto” permite el avance de los transgénicos en nuestro país. Es la base de la regulación para actividades de uso confinado y liberación de transgénicos al ambiente, su comercialización, importación y exportación. Además, determina las competencias de las diversas dependencias de gobierno en materia de bioseguridad.
Fue en diciembre de 2020, cuando, a través de un decreto presidencial, el Gobierno de México estableció la prohibición para 2024, de la siembra de maíz genéticamente modificado, además del uso del glifosato, el cual es el herbicida que más se utiliza en el mundo.
Otro de los puntos a resaltar de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible es el que prohíbe a los establecimientos comerciales desechar alimentos que aún sean aptos para consumo humano, lo que quedó asentado en el Artículo 55 del Capítulo III, referente a la pérdida y desperdicio de alimentos.
“Los establecimientos comerciales procurarán evitar que se desechen alimentos que se encuentran en condiciones de ser consumidos por los seres humanos, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de esta ley”, señala dicho artículo.
Para ello, también la Ley señala la obligación de los gobiernos estatales de para promover políticas en favor de reducir el desperdicio de alimentos y el deber por parte del Gobierno federal para, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), establecer programas de difusión con los que se fomenten hábitos que prevengan el desperdicio de alimentos.
Y es que de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), a nivel global se desperdicien alrededor de 931 millones de toneladas de alimentos cada año, lo que representa un 17 por ciento del total de alimentos disponibles para los consumidores.
El organismo precisó que esta totalidad de alimentos provienen de los basureros de hogares, tiendas minoristas, restaurantes y otros servicios alimentarios, y que esas toneladas de comida equivalen aproximadamente a 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados, “suficiente para dar siete vueltas a la Tierra”.
Según estimaciones del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), en México 94 kilogramos de comida por cada persona en un año (en un país de poco más de 128 millones de habitantes), lo que significa que se tiran a la basura alrededor de un tercio de los alimentos que se producen en la región en un contexto donde, hasta 2021, el 23.5 por ciento de la población vivía en pobreza alimentaria.
El desperdicio de alimentos tiene importantes efectos ambientales, sociales y económicos. De hecho, entre 8 por ciento y 10 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero están asociadas con alimentos que no se consumen, tomando en cuenta las pérdidas que suceden antes del nivel del consumidor. Y es que este no es un problema nuevo, pero sí es uno en el cual la magnitud todavía no se ha entendido por completo.
En tanto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señaló que tan sólo en 2019, se generaron, aproximadamente de 931 millones de toneladas de desechos alimentarios, lo que si las pérdidas y los desperdicio de alimentos pudieran estar representados como un país, este ocuparía el tercer lugar como el mayor emisor de gases de efecto invernadero.
Por ello, una nota informativa del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, publicada el 23 de enero de 2023, destacó que “la reducción de la pérdidas y desperdicio de alimentos ofrece varios beneficios para las personas y el planeta, de entre los que destacan contribuir a la reducción del hambre; mejorar la seguridad alimentaria; combatir el cambio climático; y, mitigar la presión sobre la tierra, el agua, la biodiversidad y los sistemas de gestión de desechos”.
– Con información de Dulce Olvera y Valeria González Cervantes
