En Washington hay un reclamo constante por las drogas provenientes de México que cruzan su frontera sur, sobre todo está la exigencia de acabar con el trasiego del fentanilo que tiene sumido a Estados Unidos en una “pandemia” de sobredosis. De lado mexicano, se ha cuestionado en los últimos años que no se haga nada por detener el tráfico de armas que terminan en manos del crimen organizado y son responsables de miles de muertes.
Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).– El tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos ha sido uno de los temas a los que el Gobierno de México ha buscado poner un alto. Este arsenal que ingresa al país termina en manos del crimen organizado y se cobra la vida de miles de personas inocentes, de acuerdo con distintas fuentes. Incluso algunos analistas consideran que hay más homicidios con armas de Estados Unidos en México que en toda la Unión Americana.
El reciente planteamiento del congresista republicano Dan Crenshaw para que el Ejército de su país haga frente en territorio mexicano a los cárteles de la droga por las sustancias que trafican a EU ha llevado al Presidente Andrés Manuel López Obrador a recordar que algunos legisladores de ese partido son financiados por las empresas que producen estas armas, firmas contras las cuales la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha emprendido dos diferentes juicios: uno en Boston, Massachusetts, que fue desestimado, y otro en Arizona, aún en curso.
“¿Por qué se comercializan armas de alto poder como si se tratara de comprar cualquier mercancía sin ningún control? El 80 por ciento de las armas de alto poder que utiliza la delincuencia en México se venden en Estados Unidos y ni siquiera hay un registro de parte de ellos. Es más, algunos legisladores del Partido Republicano son financiados por las empresas que producen la armas para sus campañas”, criticó ayer el Presidente López Obrador.
En Washington hay un reclamo constante por las drogas provenientes de México que cruzan su frontera sur, sobre todo está la exigencia de acabar con el trasiego del fentanilo que tiene sumido a Estados Unidos en una “pandemia” de sobredosis causadas por opioides que entre febrero de 2021 y febrero de 2022, según datos de las autoridades sanitarias de ese país, se cobró la vida de 109 mil personas.
“El hecho de que las drogas lleguen a Estados Unidos ¿quién las recoge?, ¿quién las distribuye?, ¿y quién produce las drogas sintéticas que está matando a tanto estadounidense? Porque el fentanilo o este tipo de tachas, de drogas sintéticas, hay una serie de drogas sintéticas que algunas de ellas se producen en los Estados Unidos, porque se pueden producir, porque sale más barato, porque cualquiera puede tener un laboratorio en ciertas partes estratégicas entonces es lo mismo que nos van a decir a nosotros y que nos están diciendo estas empresas (con las armas)”, comentó en entrevista Guadalupe Correa-Cabrera, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos.
Correa-Cabrera indicó que no hay interés en Estados Unidos en poner un freno a este contrabando de armas, a la par que precisó que México debe hacer lo propio para identificar las redes que permiten el ingreso y distribución de este arsenal en el territorio nacional.
“No hay interés (en EU) y es muy difícil porque está este complejo fronterizo industrial, formado por las empresas productoras de armas. Ellos financian campañas de políticos tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata”, comentó. “Y bueno a los estadounidenses, a alguna parte les preocupa estos eventos donde una persona tirotea y mata a varios ciudadanos, pero no les interesa lo que está pasando del otro lado de la frontera, no sienten los estragos de la misma forma que lo sentimos los mexicanos”.
Pese a ello, en Estados Unidos han surgido voces que reconocen que así como ingresan drogas por su frontera sur, también cruzan armas hacia México. “Debemos también enfocarnos qué va al sur, no sólo qué viene al norte”, dijo ayer el General Glen VanHerck, mando del Comando Norte de Estados Unidos, ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. “Trabajamos en ofrecer inteligencia para investigar el dinero que es enviado al sur, armas que son enviadas al sur, lo cual es crucial”.
Desde que en 2006 el entonces Presidente Felipe Calderón declarara la guerra al crimen organizado —la cual condujo su Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, declarado culpable en Estados Unidos de narcotráfico— hasta el mes de mayo del año 2021 se registraron 309 mil 793 muertes violentas en México, de las que al menos el 59.2 por ciento fueron perpetradas por un arma de fuego, señala el reporte “Armas Invisibles, Dolor Permanente: La necesidad urgente para transparentar el comercio de armas en Estados Unidos y México”, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Stop US Arms to Mexico, un proyecto de Global Exchange y el Centro de Estudios Ecuménicos.
El mismo reporte indica que Estados Unidos es la fuente de la mayoría de las armas de fuego utilizadas en la violencia armada en México. En 2020, expuso, ese país exportó el 80 por ciento de las armas pequeñas que llegan a México. En tanto que las armas de fuego de origen estadounidense también constituyen, al menos, el 70 por ciento de las armas ilícitas recuperadas.
“Si la misma proporción de armas de fuego de origen estadounidense se usa en homicidios con armas de fuego en México, entonces las armas estadounidenses se emplean en más asesinatos en México que en todo Estados Unidos. Por esta razón, cualquier explicación del impacto del mercado de armas de Estados Unidos, su falta de regulaciones y transparencia debe considerar cómo estas armas se utilizan en la violencia en México, incluidos homicidios, lesiones por armas de fuego, desplazamiento forzado, huida de refugiados, violaciones de derechos, desapariciones forzadas, violencia sexual, extorsión y trata de personas. Esta violencia ha producido una crisis humanitaria y un consecuente sufrimiento humano”, refiere el reporte.
En ese sentido, John Lindsay-Poland, coordinador de Stop US Arms to Mexico, expuso el pasado 25 de febrero: “El año pasado hubo en México más de 30 mil homicidios, alrededor del 70 por ciento de esos homicidios fueron con armas de fuego, se sabe que las armas de fuego en México consistentemente, 70 por ciento de esas armas de fuego o más vienen de Estados Unidos, en ese sentido es muy probable que hay más homicidios con armas de Estados Unidos en México que en todo Estados Unidos”.
Lindsay-Poland fue uno de los integrantes de una Delegación Internacional que visitó México del 19 al 25 de febrero de 2023 para investigar el flujo de armas, “con el objetivo de fortalecer la visibilidad, el entendimiento y las estrategias para reducir y controlar el flujo de armas de fuego hacia México desde otros países, en especial, pero no limitado desde Estados Unidos, y mostrar el interés y la oposición de la sociedad civil internacional frente a este flujo descontrolado de armas de fuego”.
La Fiscalía General de la República informó en noviembre pasado —en respuesta a la solicitud de información 330024622003192— que entre el 1 de enero de 2020 al mes de octubre de 2022 tenía el registro de 36 mil 659 armas —largas y cortas— aseguradas en el territorio mexicano que provenían de Estados Unidos.
Por esas mismas fechas, la SRE señaló en su reporte “Tráfico de armas y violencia en México y Estados Unidos” que armas como el Rifle Barrett M82A y el AK-47, que son tráficadas hacia México, han sido empleadas en distintos episodios de violencia como el 10 de marzo de este año, en un atentado en el que murieron cuatro personas; el 17 de octubre de 2019 en el denominado Culiacanazo, y el 1 de noviembre en un atentado en Nuevo Laredo donde fallecieron 8 adultos y un niño fue herido. Sus precios oscilan, según la Cancillería, entre 6 mil y 10 mil dólares la primera, y mil 500 dólares la segunda.
“LAS DEMANDAS DE MÉXICO”
En agosto de 2021, por conducto de la Cancillería, el Gobierno de México demandó ante una Corte Federal en Boston, Massachusetts, a 11 empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos a quienes acusó de emprender “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.
Poco más de un año después, en septiembre de 2022, un Juez federal de ese país desestimó la demanda contra Smith & Wesson Brands Inc, Sturm, Ruger & Co y otros acusados, al señalar que la Ley federal prohíbe “inequívocamente” las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas cuando la gente usa las armas para el propósito con el que se crearon. La SRE recurrió en este caso a una corte de apelaciones.
A la par de esta demanda, la primera presentada por un gobierno nacional contra la industria de las armas en Estados Unidos, la Cancillería interpuso en octubre de 2022 una demanda civil ante la Corte Federal de Distrito de Tucson en contra de cinco tiendas de armas en Arizona bajo el alegato de que dichos vendedores, “de manera rutinaria y sistemática, participan en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, para organizaciones criminales en México a través de ventas a prestanombres y ventas que están dirigidas a traficantes de armas.”
“Hay muy pocas posibilidades que el Gobierno mexicano o que cualquier tipo de estas demandas pueda realmente fructificar, no solamente por el tema de la falta de interés, (y) de este dinero que se desvía hacia los políticos estadounidenses que son causas muy importantes sino también de los argumentos”, expuso la investigadora Guadalupe Correa-Cabrera.
Correa-Cabrera precisó que así como en la cooperación antinarcóticos entre México y Estados Unidos se habla de atacar la oferta y la demanda, “es lo mismo aquí, ¿quién tiene que atacar la demanda de armas? México. Entonces el argumento legal no es fuerte, porque entonces tú tienes que poner límites a la posesión de armas, pero es legal, o sea, no vamos a ganar, no vamos a ganar ninguna demanda de este tipo existiendo las leyes que existen en Arizona, en Texas, en los Estados Unidos en general con respecto a la posesión y a la venta de armas porque es legal que se vendan así, porque así están las leyes en ese país”.
Expuso que realmente estas empresas no están cometiendo ningún delito en Estados Unidos y apuntó a que el tema es que México busca seguir presionando a Estados Unidos porque el problema del tráfico de armas es importante para la cuestión de la seguridad interna del país. Por ello dijo que además debe voltearse a ver qué pasa en las aduanas.
“Las armas entran por las aduanas, cómo se distribuyen, es lo mismo que las drogas, si yo me pongo a decir ‘bueno los estadounidenses tienen que cuidar de cómo las drogas entran y se distribuyen y se producen en territorio estadounidense’, pues tengo que ser igual, tengo que usar el mismo la misma lógica”, planteó.
Correa-Cabrera señaló que al final es una responsabilidad de ambos lados de la frontera: “si queremos solucionarlo, debemos de solucionar en nuestro lado de la frontera y también debe haber acuerdos bilaterales, ‘ok, tú te estás quejando de eso, yo te puedo ayudar. Yo me estoy quejando de esto, tú me puedes ayudar’ entonces en ese sentido tenemos que hacer una mejor evaluación del problema y dejarnos de politiquerías y de cuestiones electorales, de mejorar imágenes y de cuestiones discursivas que no van a resolver realmente los problemas”.
¿UNA PROPUESTA CON TINTES ELECTORALES?
El Congresista republicano y teniente retirado Dan Crenshaw ha desatado una polémica esta semana por proponer la intervención del Ejército de aquel país para frenar a los cárteles mexicanos, a quienes culpan de traficar personas y drogas. Lo cierto es que no es la única voz. El Senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, junto al Senador John Kennedy, republicano por Luisiana, anunciaron que en los próximos días presentarán una propuesta para clasificar además a los cárteles como “organizaciones terroristas extranjeras”.
Ambas cuestiones apuntan, por su naturaleza, a que militares y agentes estadounidenses operaran en suelo mexicano, una práctica que ha existido en gobiernos pasados, pero que en la administración de López Obrador se ha cerrado, según ha señalado el propio Presidente.
Aún cuando el Gobierno del Presidente Joe Biden ha rechazado su respaldo a una propuesta como ésta, el planteamiento de Crenshaw puede ser capitalizado por los republicanos de cara a la contienda presidencial de 2024, que ocurrirá, como sucede cada 12 años, tanto en México como en Estados Unidos.
“México siempre aparece en tiempos de elecciones en Estados Unidos de alguna manera: ya sea por drogas, trabajo, migración o seguridad, de alguna manera se busca el germen nacionalista antimigrante, antimexicano”, señaló Carlos A. Pérez Ricart, titular de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el miércoles pasado en entrevista con SinEmbargo Al Aire.
Pérez Ricart indicó que hay que ponerle atención al tema, ya que se corre “el peligro de que, en un paso a la locura, sea esto la normalización de un pensamiento que viene de extremos y cada vez se va haciendo más agradable” para los políticos y para los votantes.
El académico consideró que, como ocurre cada 12 años, las elecciones presidenciales en México y en EU coinciden en el mismo año, y eso ocurrirá en 2024, pero que cuando comienza un ciclo electoral de esta naturaleza, no es la primera vez que se usa a nuestro país en campaña:
“En el 85 fue [Enrique] Camarena, en el 2016 fue el muro de [Donald] Trump, hoy es el fentanilo”, enlistó. “En este marco equilibrado y complejo electoral, la gente de centro empieza a asumir estas posturas de extrema derecha, que exigen al Presidente [Joe] Biden hacer algo contra el fentanilo”.
Para la investigadora Guadalupe Correa-Cabrera este planteamiento tiene una trascendencia que va más allá de la esfera electoral, “es un esfuerzo que ya tiene varios años llevándose a cabo, esa idea de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas internacionales y también el llamar a una intervención más directa por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos”.
En ese sentido apuntó a la plana mayor de los políticos conservadores como la congresista de extremaderecha Marjorie Taylor Greene y los “halcones” y “lobistas” del complejo militar fronterizo industrial como el General retirado y actual comentarista Barry McCaffrey y el exfiscal William Barr, “personas de la línea dura”.
“Cuando empiezan todos estos personajes al unísono a hablar sobre los cárteles mexicanos, sobre la necesidad de una intervención más directa, esto se da también en el seno de esta propuesta enviada por uno de los personajes más controvertidos del estado de Texas, Dan Crenshaw, que si bien no habla necesariamente de una inacción como tal, pero sí de la utilización del Ejército estadounidense, del Departamento de la Defensa. Sí estamos hablando de una entrada inclusive con drones, es una estrategia militar, es lo que se está pidiendo. Esto está siendo utilizado por otras voces para alimentar esta narrativa en vísperas del 2024”, refirió.
Corre-Cabrera expuso que ya en el marco del periodo más álgido de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, en el año 2011, surgieron otras voces dentro del estado de Texas con planteamientos similares de crear una narrativa de miedo, como fue el caso del representante Michael McCaul y personas como Barry McCaffrey. “Estos que yo los llamo lobistas del complejo militar industrial porque de alguna forma alimentan este complejo, el miedo y la necesidad de comprar infraestructura, de desarrollarla a lo largo de la frontera”.
“Independientemente de que ahorita lo veamos como una cuestión meramente electorera esto también alimenta all complejo militar fronterizo industrial, ya habíamos visto esto en las épocas más álgidas de la lucha contra los drogas, donde el número de homicidios fue muy alto, pues algunas autoridades estadounidenses, principalmente del estado de Texas, se aprovecharon de esto al crear esta narrativa, al manejar este miedo de los cárteles y todo enfocarlo al lado de la oferta de las drogas, de la peligrosidad de los cárteles, pues esto genera más contratos, ellos muchas veces son consultores, entonces genera contratos para crear más infraestructura en la frontera”, advirtió.
Precisó que cuando se habla de “narco terrorismo” se da pie para que se lleve esto a otros niveles. “Cuando se hable de la presencia más directa de agencias estadounidenses para lidiar con la insurgencia que para ellos es una cuestión de seguridad nacional porque supuestamente está vinculada con el narcotráfico aunque todas estas ideas de alguna forma no representan la realidad total, solamente se han enfocan en la oferta de drogas, no en la demanda”.
“Entonces, además de ser una cuestión electoral, que yo pensaría lo hicieron de forma adelantada para ver cómo reaccionaba la opinión pública estadounidenses, que también está muy dividida y quizás no vaya a ser el centro de la campaña electoral del partido republicano, depende cómo les vaya porque a Donald Trump le fue muy bien manejando esta estrategia de que con un muro se iba a detener las drogas y las personas que venían a cometer delitos y que venían desde México. Esa idea que también parecía muy grotesca, muy fuera de la realidad, una parte del público estadounidense la compró y votó y sigue votando en ese sentido, entonces tampoco me parece totalmente irrelevante lo que están haciendo ahorita porque pueden tener éxito o pueden fracasar, puede llegar a ser el centro de la campaña por el 2024 de Donald Trump o de cualquier otro como Rob DeSantis o simplemente van a decir ‘esto se nos vino a nosotros de regreso’ y no hay una masa crítica que se esté creyendo esto”, detalló.
Para Pérez Ricart, “en realidad no tiene ningún sentido lo planteado, quieren atacar con misiles, con soldados, cárteles que existen y subsisten con armas de comercio ilegal que vienen de Estados Unidos: son 600 armas ilegales diarias que cruzan la frontera”.
El académico indicó además que esto sólo destaca la hipocresía de legisladores como Crenshaw: “Este señor, que es parte del lobby de armas, tiene el negocio perfecto: su negocio es a partir de lo armamentista y por otro lado se convierte en ‘defensor’ de usuarios de fentanilo, como si fueran obligados a consumirlo, pero invita a las fuerzas armadas a intervenir. El peligro es que se vaya a convertir en una parte de la campaña mainstream en Estados Unidos”.
