Desde su campaña electoral, López Obrador anunció que iba a acabar con la enorme corrupción existente en el abasto de medicamentos para el sistema público de salud. La existencia de un oligopolio de distribuidores que obtenían pingües ganancias en las ventas al Estado, con cobros millonarios de comisiones y sobreprecios, se convirtió en uno de los objetivos centrales de esta administración desde la toma de posesión del Presidente. Con gran alarde propagandístico, se cancelaron contratos y supuestamente se abrieron procedimientos para castigar las corruptelas, aunque con pocos resultados, pues si bien hubo empresas que perdieron negocios, no se sabe de nadie que haya sido procesado por la supuestamente ingente corrupción en esta materia.

Si, como ha insistido el gobierno, los negocios de los distribuidores de fármacos eran ilegítimos, la decisión de desmantelarlo era correcta. El único problema fue que se hizo sin diseñar antes mecanismos eficaces para garantizar el suministro de medicamentos a los pacientes del sistema público de salud. La decisión de centralizar en la Secretaría de Hacienda la compra de los medicamentos y separarla del sistema de distribución resultó catastrófica, pues provocó un desabasto de proporciones no vistas en décadas y dejó sin acceso a tratamientos vitales a miles de personas, entre ellas a los niños con cáncer y a los pacientes de VIH.

Mientras en nombre del combate a la corrupción se desmantelaba un sistema medianamente funcional de distribución de medicamentos, también se desaparecía el Seguro Popular para sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar, poco antes del estallido de la pandemia de COVID19. El resultado de la creación del nuevo organismo, que, según el Presidente de la República, nos llevaría en pocos meses a tener una salud pública como la de Dinamarca fue la reducción considerable de las atenciones ofrecidas por la Secretaría de Salud, pues durante 2020 y 2021 se dieron la mitad de las consultas que en 2017 y se practicaron cerca de medio millón de procedimientos quirúrgicos menos.

Los datos anteriores se encuentran en la Radiografía del desabasto. Informe de transparencia en salud 2017–2021, elaborado por el observatorio #CERODESABASTO, impulsado por Nosotrxs e integrado por 81 organizaciones civiles vinculadas al derecho a la salud en México. El informe, centrado en el estado del acceso a los medicamentos, fue elaborado con base en diversas fuentes. Por un lado, los reportes de los pacientes, sus familiares y profesionales de la salud en la plataforma cerodesabasto.org y, por otro, a partir de la consulta de fuentes de información pública y de consultas realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

La Radiografía se propuso responder varias preguntas: ¿cuántas recetas se han quedado sin surtir? ¿Existen programas alternos de surtimiento de recetas? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál ha sido la cobertura del cuadro básico de vacunación nacional? ¿A dónde recurren los pacientes al enfrentarse al desabasto? ¿Cuál ha sido el papel de las organizaciones de la sociedad en la gestión para conseguir medicamentos?

Las preguntas son respondidas en la radiografía de manera acuciosa, con gran despliegue de datos sobre cada uno de los sistemas públicos de salud existentes en el país. Los hallazgos son alarmantes: en 2021 no se surtieron efectivamente 24 millones de recetas en los principales institutos –IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, SEMAR– que integran el Sistema Nacional de Salud. Tan solo el IMSS contabilizó más de 22 millones de recetas no surtidas. El resultado ha sido un aumento en el mercado negro de medicamentos y en el desembolso de los derechohabientes para conseguir las medicinas, pues el gasto de bolsillo promedio en salud se incrementó en 40 por ciento. También se registraron importantes caídas en la cobertura del cuadro básico de vacunación con los consiguientes riesgos para inmunidad de la niñez.

En un país donde el acceso al sistema público de salud es un privilegio, pues más de 30 millones de personas no cuentan con cobertura médica alguna, el deterior del acceso a los medicamentos, a las consultas y a los procedimientos quirúrgicos es un grave retroceso. En nombre del combate a la corrupción, este gobierno ha abandonado sus obligaciones y no debemos olvidar que la ineptitud es también una forma de corrupción. El acceso a servicios de salud para recibir la atención preventiva o curativa requerida, con oportunidad y calidad, es, como dice la Radiografía, la primera condición para el ejercicio humano a la salud y no hay peor servicio que el que no se brinda.

Sin duda, el rezago y la segmentación en el acceso a la salud son una herencia de décadas de contrahechuras de un sistema caracterizado por el corporativismo y no por la universalidad. La reforma necesaria es compleja, pero este gobierno no solo no decidió emprenderla, con la reforma fiscal necesaria para su funcionamiento, sino que ha destruido mucho de los que, a trancas y barrancas funcionaba. La improvisación y el mal diseño de los cambios llevados durante la administración de López Obrador han tenido consecuencias catastróficas y han costado vidas de miles de personas. Durante los años de pandemia han muerto 700 mil personas más de las estadísticamente esperadas. La mayoría sin duda se debe a la COVID19, pero alrededor de 200 mil pueden haber sido daños colaterales del desastrado cambio en el abasto de medicinas y de la desaparición del Seguro Popular. En todo caso, la responsabilidad de que México esté entre los diez países con mayor exceso de mortalidad desde 2020 es de la desastrosa política de salud de este gobierno.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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