Por Ariadna Cano Cuevas*

En estos días en que nos encontramos tan inmersos e interesados en el tema de protección internacional, debido al lamentable y trágico conflicto entre Rusia y Ucrania, conviene hacer una introspección sobre el papel del Estado Mexicano respecto a sus obligaciones con la población refugiada, particularmente nacionales de Venezuela.

El pasado 6 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se da a conocer la aplicación de visa en pasaportes ordinarios a los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela en la condición de estancia de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”.

Citando los considerandos del propio acuerdo, esta decisión se tomó en razón de “la tendencia creciente del flujo migratorio de nacionales de la República Bolivariana de Venezuela en tránsito irregular hacia un tercer país, […] además se resalta el incremento en declaraciones falsas sobre sus motivos de viaje, la diversificación de rutas de tránsito y la identificación de algunos delitos asociados a la movilidad internacional, como la trata de personas y el tráfico de migrantes” [1].

Resulta por demás evidente que esta determinación es resultado de un enfoque de criminalización y estigmatización de la movilidad humana que ha imperado en últimas décadas en México. Discursos como estos no hacen más que fomentar la discriminación y violencia contra la población migrante y refugiada.

Ahora bien, ante este panorama en que cesa la supresión de visas, es importante preguntarse sobre las consecuencias, prácticas que enfrentan las personas venezolanas que pretenden solicitar asilo en México.

Tan solo durante el año 2021, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió 131 mil 448 solicitudes de asilo. De este total, 6 mil 223 correspondían a solicitantes de nacionalidad venezolana, siendo finalmente reconocidas como refugiadas en un 97 por ciento de los casos [2]. Estas cifras son reflejo claro de las necesidades de protección internacional de la población venezolana que ingresa a nuestro país; no obstante, existen diversos obstáculos que impiden su acceso efectivo al derecho al asilo, entre ellos, ahora, la exigencia de una visa.

Nuestro marco jurídico no prevé una hipótesis mediante la cual las personas con necesidades de protección internacional puedan acceder a una visa, en consecuencia, se verán forzadas a optar por algún tipo de visado disponible, pero no adecuado a su condición [3]. Esto no es lo ideal ante la actual realidad que se vive en puntos de internación como los aeropuertos internacionales, donde los rechazos sumarios son una práctica constante ante la mínima contradicción de las personas en los filtros migratorios, o frente a la simple arbitrariedad de los agentes del Instituto Nacional de Migración, en evidente contracción al principio de no devolución.

Por otro lado, quienes no cuenten con la opción, ni los medios para tramitar una visa, o quienes deban huir de inmediato para salvaguardarse, se encontrarán obligados a ingresar de manera irregular, exponiéndose al peligro y violencia en las rutas migratorias, poniendo en riesgo, una vez más, su vida, seguridad y libertad.

Bajo estas consideraciones queda claro que la imposición de visas no es la respuesta al origen del flujo de población venezolana, sino solo un obstáculo más en su acceso efectivo al derecho al asilo. Este acuerdo no puede estar por encima de los estándares y compromisos en materia de protección internacional asumidos por México.

Contrario a esta determinación, se deberían implementar las medidas legales y buenas prácticas que garanticen el ingreso regular de las personas con necesidades de protección internacional a territorio mexicano, así como el acceso efectivo a sus derechos humanos. Solo de esta forma el Estado Mexicano podrá ir retomando su llamada tradición de asilo, de la que tanto se jacta ser fiel.

* Abogada encargada del área de asilo en Sin Fronteras, I.A.P.

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[1] Disponible aquí.

[2] Disponible aquí.

Sin Fronteras

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