Los expertos coincidieron que el arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador no ha mostrado ningún avance significativo en relación a la incidencia de delitos de alto impacto, incluso la violencia sigue en ascenso. Sin embargo, aclararon que tampoco se esperaban resultados o que empezara a revertirse la tendencia violenta dada la magnitud de la crisis de seguridad que dejó el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto, de al menos 90 asesinatos diarios.
En el primer bimestre de la administración morenista la violencia creció 2.12 por ciento al registrar 102 crímenes más que el último bimestre de Enrique Peña Nieto, que reportó 4 mil 790 investigaciones por homicidios dolosos.
Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– Las reformas constitucionales para la creación de la Guardia Nacional y para aumentar el número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son los principales aspectos en materia de seguridad que analistas y expertos destacan, con opiniones encontradas, en relación a los primeros 100 días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La gestión de la nueva administración federal ha sido percibida de diferentes maneras y ha generado diversas opiniones entre académicos y especialistas en seguridad nacional, derecho, justicia y seguridad pública.
La profesora e Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Catalina Pérez Correa, resaltó que el Gobierno se ha enfocado más en la parte punitiva [castigo duro] y menos en la parte social durante el arranque de la administración.
“El problema que veo es el fortalecimiento del Estado de excepción, ensanchando el uso del derecho penal de excepción como la prisión preventiva automática y el uso de las fuerzas armadas, sabiendo que desde la academia eso no va a dar los resultados en materia de seguridad”, consideró.
Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, dijo que aún falta plantear un esquema integral o una verdadera estrategia en materia de seguridad, pues solo “tenemos una visión retórica en los ocho puntos de su Estrategia de Seguridad [la de AMLO]”.
Para el especialista, las acciones emprendidas hasta el momento por el nuevo Gobierno, principalmente contra el robo de combustible [huachicoleo], han sido más de carácter coyuntural y no de fondo.
“No hubo realmente una desarticulación total de las bandas del crimen organizado que están involucradas en esta actividad ilícita. Se emprendieron acciones sin ninguna planeación en términos de desarticulación y de desintegrar las redes de corrupción de los gobiernos estatales como de Gobierno federal, y ya no digamos de los grupos criminales, que son regionales. […] Tuvo una expresión mínima contra el huachuicoleo, pero a un costo económico muy alto”, calificó.
La analista Pérez Correa concordó que “además de hacer permanente el Estado de excepción y ensanchar el sistema de justicia o injusticia penal, no queda claro cuál va a ser la estrategia de Gobierno frente a la violencia que se vive”.
Para José Antonio Álvarez León, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la nueva administración ha logrado el consenso de las fuerzas armadas que participan en materia de seguridad.
El académico también estimó que el Estado busca cambiar “la lógica de la génesis del delito”, pues aludió que hay muestras de querer combatir el delito desde su origen, “no combatirlo con política preventiva de la acción delictiva, que ya se realiza, sino con la que le puede dar origen”.
LA GUARDIA NACIONAL
La Guardia Nacional es el tema que todos los entrevistados abordaron con énfasis, unos en contra y otros a favor. Erubiel Tirado Cervantes y Catalina Pérez Correa reprocharon su creación, principalmente por el ingrediente militar en su conformación y formación.
Tirado Cervantes criticó que, aún y con los cambios al dictamen de la Guardia Nacional, este cuerpo de seguridad se constituyó “con una visión distorsionada de la figura de la Guardia Nacional planteada en nuestra Constitución de 1917”.
“Yo no haría crítica si en efecto todo fuese civil, pero no es así, sigue con un esquema híbrido y el asunto es que se le vendió a la sociedad un mando civil, pero la posibilidad de que el Presidente pueda nombrar al mando [que puede ser un militar retirado] y esos engaños expresos del Presidente […] se fueron por la tangente, hablaron como abogados gansteriles, echando la vuelta a la norma”, recriminó.
La Guardia Nacional cuenta –según el dictamen– con un esquema de reclutamiento similar al del Ejército, ejemplificó el profesor, donde los criterios de ingreso no son rígidos, a diferencia de la Policía federal que pedían mínimo estudios de preparatoria. Ese detalle abre la puerta para que puedan ingresar personas que “llegan por descarte”, de no tener otras oportunidades de empleo, pero no por una vocación de servicio público.
“Y eso es una visión del Ejército, así actúa el Ejercito. Y esa visión nos va a traer unos efectos negativos en el corto y mediano plazo porque los criterios de selección no son rigurosos y porque todo está a cargo de la Sedena”.
Catalina Pérez comentó que la forma cómo redactaron la creación de la Guardia Nacional en la Constitución, aunque es menos problemática de lo inicialmente establecido, el régimen transitorio de la Reforma aún permite la permanencia de por lo menos cinco años de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, con todos los riesgos que eso con lleva.
“Las fuerzas armadas en tareas de seguridad […] son la fuerza de seguridad no solo con mayor presencia, sino la más letal que tiene el Estado”, apuntó la maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California.
Tirado Cervantes y Pérez Correa explicaron que el siguiente paso para la Guardia Nacional es la elaboración de su Ley Orgánica y es ahí donde aún hay muchas dudas y se aclarará cuál será la verdadera naturaleza de su mando.
“Aún falta ver que en las normas secundarias el Gobierno realmente se comprometa con mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y controles bajo autoridades verdaderamente civiles y que no intenten continuar por esta ruta de darle a la Sedena el control sobre esta [nueva] institución”, abundó la doctora.
Erubiel Tirado también reprochó que el nuevo Gobierno – con este discurso de la Guardia Nacional– plantea que las estructuras de seguridad ya existentes no servían para nada “y eso tampoco es cierto”.
Pérez Correa coincide en ello, pues dijo que se mantiene la idea que las instituciones civiles –para funcionar correctamente– deben de tener una disciplina militar.
“Eso es problemático porque lo que está haciendo es la militarización la seguridad pública por estas dos vías: tú puedes continuar usando las fuerzas armadas para tareas de seguridad, y la segunda es militarizar a las policías civiles para así ser más ‘eficientes’”, agregó.
Los especialistas advirtieron que la Guardia Nacional no resolverá inseguridad en el país; al contrario, piensan que aumentará la discrecionalidad en las fuerzas policiacas y militares, y la incidencia de violaciones a los derechos humanos.
Para el Doctor José Álvarez León, la Guardia Nacional es sólo la normalización de un proceso [la militarización] que ya estaba en práctica.
“A mí me parece que lo que toma Andrés Manuel es el reclamo de la Fuerzas Armadas, no de participar, sino cargar con la caga histórica jurídica y política de los actos cometidos por ellos, eso no lo salvaba de la Ley de Seguridad interior que tiró la Corte [Suprema Corte de Justicia de la Nación], entonces este modelo policial para mí es una normalización de lo que ya existía”.
El catedrático de la UNAM aplaudió los cambios al dictamen para poner un tiempo límite a la presencia militar en las calles: “creo que es exitoso que tenga un límite temporal para que se pueda modificar la estructura policial”.
El especialista comentó que, aunque “no justifica” la conformación militar en la Guardia Civil, sí piensa que el Gobierno no tenía otra salida: “porque formar a un policía que ya está dentro de la práctica policial lleva de seis a ocho meses o menos, pero formar a un civil nuevo en materia policial lleva un año.
“Si nosotros hubiéramos hecho un cuerpo estrictamente civil perderíamos de un año a año y medio para que la nueva policía, con la nueva capacitación, pudiese enfrentar a las estructuras del crimen”.
El académico reconoció que la presencia de militares en la Guardia Nacional sí supone un riesgo en materia de derechos humanos, pero insistió que establecer un cuerpo cien por ciento civil provocaría pérdida de tiempo.
“Siempre hay un riesgo, el problema es que si no lo hiciéramos así ¿cuánto tiempo tardaría en capacitar a un joven nuevo para que pueda salir a enfrentar a un crimen que no es cualquiera?, entonces tenemos que seguir ajustándonos a los tiempos hasta que la estructura pueda cambiar”.
Álvarez León coincidió con los demás analistas que aún queda pendiente conocer la Ley que va a reglamentar el funcionamiento de la Guardia para saber cómo va a incidir la participación ciudadana en estas estrategias, “de cómo van a caminar de la mano de la Guardia Nacional y cuál va a ser la nueva perspectiva real, a vigilar desde los derechos humanos”.
“El riesgo que yo vería [Guardia Nacional] son los saldos a largo plazo, mientras funciona la guardia nacional, es decir, que pueda haber incidencia en violación a derechos humanos por las fuerzas armadas […] y que los procesos de capacitación a las nuevas personas que se incorporen a la Guardia Nacional no sean lo suficientemente técnicos, eficaces y eficientes para formar oficios con los perfiles que se requieren”, expresó el profesor de la UNAM.
INCIDENCIA CRIMINAL
Los expertos coincidieron que el arranque del sexenio de Andrés Manuel López Obrador no ha mostrado ningún avance significativo en relación a la incidencia de delitos de alto impacto, incluso la violencia sigue en ascenso. Sin embargo, aclararon que tampoco se esperaban resultados o que empezara a revertirse la tendencia violenta, dada la magnitud de la crisis de seguridad que dejó el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto, de al menos 90 asesinatos diarios.
Los asesinatos en México crecieron al menos 15 por ciento durante el 2018, el último año del Presidente Enrique Peña Nieto, el más sangrientos en dos décadas. El año pasado cerró con un total de 33 mil víctimas de homicidio doloso y un total de 28 mil 816 carpetas de investigación abiertas. Además, la violencia se expandió en el 75 por ciento del territorio mexicano, pues 24 entidades federativas registraron alzas en homicidios, de acuerdo a datos de la organización Semáforo Delictivo.
“En el aspecto de incidencia delictiva no ha llegado el cambio en la percepción de la incidencia, sigue la misma tendencia, siguen casi los mismos números, a veces un poco más altos que la administración pasada. Tanto en zona metropolitana como en el resto del país, aún no hay resultados significativos. Ahí digamos que seguimos en las mismas condiciones”, expresó José Antonio Álvarez León.
Durante los dos primeros meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han perpetrado al menos 4 mil 892 asesinatos, de los cuales 3 mil 536 fueron cometidos con arma de fuego. Entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se han abierto a nivel nacional al menos 231 carpetas de investigación por delitos de secuestro, 1 mil 202 por el delito extorsión y al menos 2 mil 250 por delitos de violación.
En el primer bimestre de la administración morenista la violencia creció 2.12 por ciento al registrar 102 crímenes más que el último bimestre de Enrique Peña Nieto, que reportó 4 mil 790 investigaciones por homicidios dolosos.
Los asesinatos cometidos con arma de fuego –entre diciembre de 2018 y enero de 2019– subieron 4.12 por ciento, pues se reportaron 146 casos más que los 3 mil 390 homicidios con arma de fuego cometidos durante noviembre y octubre de 2018.
“Hasta ahorita no hay ningún resultado en materia de seguridad, que de todos modos no pensábamos que los iba a haber”, expresó Pérez Correa.
En cuanto a las políticas de seguridad y justicia, José Álvarez León enfatizó se han empezado a ver reordenamientos institucionales donde se perfilan proyectos y políticas públicas que tienen que ver con el tratamiento del delito.
“En estos 100 días sí se ha percibido que ya se empiezan a instrumentar políticas públicas que buscan ser un factor para incidir -a largo plazo- en la disminución de incendias de delitos, sobre todo comunes”, comentó el maestro de la UNAM.
Vicente Camilo Ovalle, historiador de la UNAM, experto en el tema de desaparición forzada, coincidió con Álvarez León. El académico explicó que se han lanzado programas, como “Jóvenes Construyendo Futuro”, que más que ser programas sociales, tienen un interés por frenar la dinámica de la seguridad en el país”.
“Son programas que se ubican a nivel territorial y que van dirigidos a servir de contención y para ver si puede cambiar o desviar un poco la incidencia de la participación de jóvenes en dinámicas delincuenciales […] están tratando de disputarle –en territorio– a los jóvenes al crimen organizado, yo así lo veo. Creo que hay una preocupación real por frenar la violencia con programas de contención. Están intentando hacerlo de ese modo, no sé si es el correcto y si eso vaya a consolidarse, pero creo que esa es otra de sus características”, expuso el historiador.
José Álvarez León concluyó que “ahora habrá que esperar a largo plazo si estos programas son capaces de sustituir lo atractivo que puede ser el delito”.
