Desde 2014, la Ley General de Salud en Materia de Publicidad prohibe a las empresas promover hábitos alimenticios nocivos en la televisión y otros medios informativos. Sin embargo, las normas no prohiben a estas participar en las políticas públicas de salud, otra forma de publicidad indirecta y de promoción de consumos de sus productos. Organizaciones de la sociedad civil denuncian que a través de programas como “Ponte al 100” la industria de alimentos ha logrado entrar las escuelas sin que existan frenos para garantizar el derecho humano a la buena alimentación.
Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).- Con el pretexto de promover la actividad física en la niñez y la adolescencia, las empresas refresqueras y de otros alimentos chatarra continúan violando el derecho a la salud de las niñas y niños mexicanos. Expertos en el tema denuncian que a través de la publicidad en bardas y mobiliario escolares de dichas empresas envían mensajes confusos a esta población, una de las más vulnerables frente al grave problema de sobrepeso y obesidad que se padece en México.
La falta de regulación sobre la publicidad de alimentos con alto contenido de azúcar, sodio y grasa, así como, de las formas más sutiles de participación de la industria en los ámbitos alimentarios ha contribuido a la creación en un ambiente obesogénico en la que se desarrollan niños cada vez más propensos a padecer enfermedades como la diabetes, la hipertensión y otras.
Katia García, investigadora en Salud Alimentaria del Poder del Consumidor, asevera que en los últimos años las grandes empresas han operado sin control y se han introducido a las escuelas con programas de activación que tiene como único fin la promoción de sus propios intereses comerciales:
“Las empresas de comida chatarra y de bebidas azucaradas utilizan el pretexto de la actividad física para poder entrar a las escuelas, pero lo único que están proponiendo es su publicidad. Logran confundir a los niños porque se les dice que no consuman comida chatarra, al tiempo que en la bardita de la cooperativa está el logo de una refresquera o un jugo, sin que se les brinde la información adecuada”, aseveró.
El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, en su artículo 22 dicta desde el año 2014 que la publicidad en alimentos y bebidas no alcohólicas no deberá inducir o promover hábitos de alimentación nocivos para la salud en televisión y otros medios. No obstante, no existe un control que impida a las empresas participar en las políticas públicas sobre el tema, una estrategia que sirve de publicidad para sus productos.
La investigadora denuncia que iniciativas como el programa “Ponte al 100”, impulsado por la empresa Coca- Cola en colaboración con los gobiernos estatales, es el ejemplo más claro de estas estrategias que van en detrimento de la salud de la infancia.
“Una de las estrategias que utilizan las empresas es el Movimiento Vida Saludable [de la Fundación Movimiento es Salud] es el programa “Ponte al 100”. Por ejemplo, en el estado de Yucatán hemos observado que han tratado de entrar a las escuelas con estas iniciativas, sin importar que esté es uno de los estados con mayores índices de obesidad en población escolar. Su programa no compensa su participación. Promueven que se tiene que hacer actividad física cuando lo que vemos en estas empresas es el propósito de favorecer sus intereses comerciales. Cualquier política pública debe de tener siempre sobre la mesa la salud y los derecho humanos; en este caso hablamos de los derechos humanos de niñas y niños y los derechos a la información y también el derecho al agua potable que tendría que estar garantizado”, agregó García.
Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, se impulsó el programa “Ponte al 100” como la iniciativa principal para el combate a la obesidad infantil. El proyecto contemplaba la colaboración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que al poco tiempo se retiró del programa. El proyecto fracaso y generó un daño al erario público superior a los 180 millones de pesos.
A pesar del fracaso, comprobado por la declaración de la alerta epidemiológica del 2016, el programa continúa hasta el 2019 en algunos estados de la República como Coahuila y Campeche, una vez más de la mano de Coca-Cola y Bepensa, una empresa mexicana multinacional con sede en la Ciudad de Mérida Yucatán.
En la página oficial de Bepensa se explica que el programa “Ponte al 100” ha sido implementado en los 32 estados del país y a penas se ha atendido cuatro mil alumnos de educación básica. Además señala que se trabaja de manera directa con “la Secretaría de Educación del estado de Campeche facilitando herramientas educativas como el Nutrikit ®, para brindar conocimientos básicos de nutrición y hábitos saludables a los padres de familia, y que de manera sencilla y práctica puedan realizarlos en sus hogares al momento de planear la alimentación diaria de sus hijos”.
UNA INVITACIÓN ABIERTA A LAS EMPRESAS
En enero del 2019, el Poder del Consumidor, organización mexicana que promueve los buenos hábitos alimenticios, denunció que la empresa Coca-Cola fue invitada a participar en el Consejo Estatal de Nutrición de Yucatán a través de Jessica Sade, jefa de Asuntos Públicos de Bepensa. En opinión de la organización el trato representa un profundo conflicto de interés y “una manifestación de la política pública a los intereses privados en sacrificio de la salud pública”.
Bepensa y Coca-Cola son los principales promotores del programa “Ponte al 100”, que ha operado en el estado de Yucatán desde el 2013 y que ha sido anunciado en el 2019 en el estado de Campeche. La preocupación por el programa opere nuevamente en el estado de Yucatán responde a la severa crisis de consumo de bebidas azucaradas en el territorio; ya que el promedio de consumo de un yucateco es de 240 litros al año de bebidas azucaradas.
El reclamo se ha extendido a la Secretaría de Educación Pública Federal, ya que se presume que realiza encuentros con la industria de bebidas azucaradas y comida chatarra para entrar a las escuelas a través del Movimiento es Salud, integrada por más de 60 empresas y organizaciones como Bimbo, Coca- Cola, Wal-Mart, PepsiCo y Nestlé.
“La entrada de Movisa a las escuelas sería un acto de desacato a las recomendaciones que desde el año 2010 realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los lineamientos de alimentos y bebidas en las escuelas, y a las reformas a la Ley General de Salud que establecen que los ambientes escolares deben garantizar acceso a alimentos saludables y estar libres de cualquier tipo de publicidad”, se lee en uno de los comunicados de prensa de la organización.
En la actualidad nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad infantil. De acuerdo con las cifras del Informe anual de UNICEF, en el año 2017 el 33.2 por ciento de los niños entre 6 y 11 años de edad padecen de sobrepeso y obesidad, mientras que uno de cada 20 menores de 5 años tiene este problema.
El organismo internacional reconoce que el 95 por ciento de la obesidad infantil se debe a aspectos nutricionales, principalmente a la modificación de los patrones de alimentación con dietas con un alto valor calórico -entre ellos los alimentos altamente procesados y bebidas azucaradas-, ya la disminución de actividad física.
En este sentido, también se ha pronunciado por la promoción de buenas prácticas alimenticias promovidas en la escuela. Desde el 2010 los Lineamientos Generales para el Expendio y la Distribución de Alimentos Preparados y Procesados obligan a las escuelas a vigilar la venta de los productos considerados como poco saludables al interior de las escuelas. De lunes a jueves todas las cooperativas de los institutos educativos tienen prohibida la venta de alimentos chatarra, una medida que continúan ignorando las autoridades escolares.
LAS COOPERATIVAS ESCOLARES
De acuerdo con la encuesta “Hábitos alimenticios en México”, de la empresa en investigación de mercados Mercawise, ofrecidos por la Procuraduría Federal del Consumidor, de un total de 504 entrevistados (303 mujeres y 201 hombres), más del 50 por ciento de ellos acostumbran comer alimentos chatarra varias veces por semana y 13 por ciento todos los días.
Derivado del mismo estudio, en cuanto al consumo de refresco, 82 por ciento de los mexicanos encuestados beben al menos uno a la semana y 11 por ciento de ellos dijeron tomarlo varias veces al día.
No existen datos precisos del consumo de comida chatarra por parte de la población infantil, sin embargo, se sabe que la ingesta de estos alimentos los ha llevado a desarrollar enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, que antes solo era asociada a personas de más de 40 años.
Los expertos señalan que los malos hábitos alimenticios son adquiridos en sus hogares y promovidos las escuelas en donde no existe un control de la implementación de la Ley Federal de Salud. Las cooperativas escolares continúan vendiendo alimentos como galletas, refrescos, papas fritas, chocolates y dulces. Su venta sigue siendo promovida de manera diferenciada en las escuelas, ya que no existen comités que vigilen el cumplimiento de los conteos nutrimentales sugeridos.
Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), sostuvo que el problema de la venta de chatarra en las escuelas es esta ausencia de control sobre ellos, así como la falta de continuidad que se les da a las medidas:
“El problema que tenemos sigue siendo la ausencia de supervisión. En general, el cumplimiento pleno o exacto de los lineamientos de comida chatarra que reduce a un día el consumo de determinados alimentos no se cumple. El problema de fondo no es solo impedir que se compre o se consuma esa comida chatarrra, sino que se les ofrezca alternativas de consumo ya que finalmente están buscando alimento. Por otra parte también tenemos que reconocer que tristemente cada cambio de administración representa un cambio en la relevancia del tema”, dijo.
El 94 por ciento de los 4 mil 748 reportes registrados por “Mi Escuela Saludable”, una plataforma digital en las que padre de familia, maestros y alumnos denuncian la venta de alimentos prohibidos en sus escuelas, reveló la ausencia de la figura del “Comité de Establecimientos de Consumo Escolar”, un instrumento que de acuerdo con los Lineamientos Generales sería el encargado de la vigilancia de la norma.
En mayo del 2014 se actualizó la ley para regular los alimentos y bebidas que venden en todas las escuelas del país. Esta ley solo permite la venta de alimentos de yogurt con azúcar, jugos y néctares (en porciones menores de 125 mil), alimentos líquidos de soya, galletas, pastelitos, dulces postres y botanas, solo los días viernes. El refresco está completamente prohibido, por lo que también se especifica que se debe garantizar el agua natural para su consumo.
Los resultado de la plataforma mostraron que en el ciclo escolar 2018-2019, en el 98 por ciento de 4 mil 126 escuelas en diferentes partes del país se vende comida chatarra, en 74 por ciento de los casos también se registró la venta de refrescos.
Cada ciclo escolar el suministro de alimentos de las cooperativas escolares depende de los directivos de cada escuela que seleccionan a los integrantes de las mismas. No existe un solo modelo de organización. Los concursantes aplican a una convocatoria pública con lineamientos que varían entre los estados y las escuelas. Tampoco variables de exclusión de los ofertantes. La única regla explicita es que estos deben de cumplir con una oferta de alimentos saludables.
Katia García niega que en estas convocatorias las empresas hayan querido participar de manera directa. No obstante, reconoce que la elección de los participantes no es ajena de los conflictos de interés, ya que algunos testimonios han denunciado que son los mismos directores los que ingresan a sus conocidos, así como los que promueven este consumo de alimentos. Una acción que en su opinión responde a la falta de presupuesto que se otorga a la educación en México y la necesidad que tienen las escuelas y los profesores.
“No tenemos el dinero y tenemos que usar las cooperativas como negocio. Si nosotros no tenemos para pintar la barda necesitamos sacarle por ahí. En las funciones de educación en nuestro país se puede notar que la deficiencia de recursos dificulta las actividades relacionadas con alimentación y con otras áreas, incluyendo las actividades de los maestros. Al no tener recursos suficientes van a buscar la manera de obtenerlos y una de ellas, la más frecuente, es la venta de un dulce o una botana”, agregó.
EL FUTURO DE LAS COOPERATIVAS
La plataforma Mi Escuela Saludable contiene información de 4 mil 879 reportes de diferentes escuelas en todo el país. Solo 36 experiencias compartidas en 35 escuelas fueron calificadas como saludables, lo que afirma la necesidad de contribuir con alternativas que modifiquen los hábitos de alimentación de la niñez.
En opinión de Juan Martín Pérez, una de las primera acciones afirmativas debe ser la participación de los padres en la vigilancia del consumo de comida chatarra en las escuelas y en los alrededores.
“Es importante que establezca vigilancia en las cooperativas de preescolar y todos los niveles escolares, y que además se haga un trabajo con los familias. Es importante que la alimentación sana venga desde casa y después se extienda hasta la escuela porque este es su espacio para aprender. Esto tendría que ser parte de la política pública del gobierno mexicano para prevenir la extensión de un ambiente obesogénico. Esto es lo ideal, pero no se da porque tenemos políticas públicas fragmentadas o poco articuladas”.
Los expertos explicaron que las acciones para revertir el problema de la venta de estos alimentos debe completarse con acciones que impliquen la designación de recursos suficientes para la Secretaria de Seguridad Pública, para que la oferta de apoyos por parte de las empresas no represente una opción.
Asimismo solicitaron que la Secretaría de Salud se involucre en la evaluación de los resultados e impactos de los lineamientos en las escuelas primarias, así como en otras políticas públicas como las campañas de capacitación y sensibilización dirigidas a las familias y a la población en general.
Como alternativa para el abastecimiento de alimentos saludables propusieron que se promueva un sistema de pequeños productores locales, lo que además de favorecer la economía de los vendedores, ofrecería alimentos frescos al interior de las escuelas, donde de acuerdo a la ley podrían venderse frutas, verduras, cereales integrales (amaranto, avena y granola sin azúcar), además de oleaginosas como cacahuates, pepitas, chícharos secos y semillas de girasol.
