En los primeros 100 días de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han realizado tres consultas ciudadanas en las que se preguntó a la ciudadanía sobre el destino de cuatro megaproyectos. Ninguno de estos ejercicios consideró la consulta previa de las comunidades indígenas afectadas, a pesar de que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) otorga dicho derecho.
Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).- Durante la toma de protesta como Presidente, Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso con la autonomía y la libre determinación de las comunidades indígenas de México. Sin embargo, el reciente empuje de los megaproyectos ha llevado a activistas, académicos y comunidades a denunciar la falta de consulta indígena; siendo que este es un derecho que les ha sido otorgado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que México está adscrito desde 1991.
En los primeros 100 días del gobierno de López Obrador comienza a gestarse entre los pueblos originarios la indignación por las consultas ciudadanas propuestas. A pesar de que éstas representan una apertura democrática para el país, continúan sin poder ofrecer el derecho que solo pertenece a las comunidades indígenas: decidir sobre el futuro de sus territorios.
En opinión de Edmundo del Pozo, coordinador del Programa de Territorios, Derechos y Desarrollo de la organización Fundar, esto se debe a que el nuevo gobierno aún no ha sido capaz de encarar la implementación de aquellas políticas que permiten la participación de los grupos indígenas en la toma de decisiones:
“En el caso del Tren Maya y la termoeléctrica Huexca se denunciaron las consultas públicas por temor a que se invisibilicen los derechos que tienen las propias comunidades y las obligaciones específicas del Estado en materia de pueblos indígenas. Las obligaciones internacionales están dirigidas a proteger a aquellos pueblos que en primer lugar tienen una relación especial con esa tierra, con esos territorios, y que además son poblaciones que han estado en condiciones de vulnerabilidad y discriminación histórica. Es por esto que se tiene que reforzar su toma de decisión y el acceso a su libre determinación en todo lo concerniente a megaproyectos y políticas de desarrollo”.
El Convenio 169 de la OIT explica el derecho que tienen las comunidades indígenas de ser consultadas de manera previa, informada y libre sobre todas las decisiones que involucren a sus territorios. La norma tiene por objeto el respeto y perpetuación de las costumbres y el medio ambiente.
El gobierno de la Cuarta Transformación, obviando dicha normatividad, ha apostado por la realización de consultas federal o estatales que hasta ahora no cuentan con una reglamentación formal. En cinco meses se han realizado tres consultas ciudadanas, de dos o tres días como máximo, en las que se ha brindado a la ciudadanía información escasa, por lo general escrita detrás de cada papeleta. En cada una de ellas se ha denunciado poca participación de los afectados directos.
Las consultas ciudadanas, afirmó del Pozo, han abierto un nuevo panorama de hacer política, sin embargo, esto no puede sustituir la obligación de realizar consultas indígenas. En su opinión, la alta popularidad del gobierno y del Presidente ponen en condición de desventaja a los pueblos más afectados por las obras:
“El nuevo gobierno puede tener la buena voluntad de profundizar la democracia a través de formas de participación directa como puede ser el propio ejercicio de la consulta, pero eso no sustituye la obligación que tiene de consultar en primer lugar al pueblo y a las comunidades indígenas. Estas no son consultas que duren dos días; tendría que hacerse esa consulta conforme a sus usos y costumbres y a sus propias formas de decisión y también respetando sus tiempos”, agregó.
Hasta el momento los resultados de las campañas han estado en sintonía con lo esperado por el Presidente. Sin embargo, la última consulta realizada en Morelos puso en duda la efectividad de este mecanismo y despertó la molestia de los pueblos originarios, quienes continúan a la espera del ejercicio de sus derechos.
LA CONSULTA DEL NAIM
Durante el periodo de campañas electorales la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco -el proyecto estelar del sexenio de Peña Nieto- generó controversia entre candidatos, partidos y ciudadanos, y desde entonces Andrés Manuel Obrador se opuso a su construcción abogando por el cuidado del medio ambiente. Como Presidente electo, López Obrador decidió cumplir con sus compromisos de campaña y realizar una consulta ciudadana a nivel federal para decidir el destino de la nave del Estado de México.
El resultado obtenido dictó la cancelación del proyecto y la habilitación de nuevas pistas en el territorio de Santa Lucía. De acuerdo con los resultados oficiales, en ella participaron un millón 76 mil 859 votantes y el 69 por ciento de ellos decidió en este sentido.
El Frente en Defensa de la Tierra (FDDT) de San San Salvador Atenco aplaudió el anuncio gubernamental, que respondía a 17 años de lucha. María Trinidad Ramírez, dirigente del movimiento, afirmó a medios locales que “todos habíamos ganado” con la decisión porque se habían escuchado los intereses del pueblo:
“Hay una respuesta de nuestra demanda legítima desde hace 17 años; lo dijimos hace 17 años: no queremos al aeropuerto; este es el resultado de la represión, seguimos la lucha. Recibir esta noticia no es de gratis, son 17 años donde perdimos compañeros, hubo encarcelamientos, persecución, violaciones, tortura sexual y a nuestros pueblos. A pesar de todo ello, se escuchó la voz del pueblo; aquí ganamos todos, no un grupo”.
La consulta no estuvo exenta del señalamiento de la falta de consulta a las comunidades indígenas, sin embargo, el resultado favorable ofreció una perspectiva positiva a otros defensores del territorio que apostaron y confiaron en la buena voluntad del nuevo gobierno.
EL TREN MAYA
Entre los 25 proyectos prioritarios presentados por López Obrador en octubre del 2018 se encontraba el Tren Maya, descrito por el Presidente como un “sueño hecho realidad”. La obra es la más ambiciosa del gobierno actual, ya que pasará por cinco estados de la República: Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Tabasco y Chiapas.
Los días 24 y 25 de noviembre del 2018 se realizó una consulta sobre la viabilidad del proyecto, aprobado por el 89.9 por ciento de los votantes (946 mil 81 personas).
La consulta se realizó a pesar de que en días previos las comunidades indígenas de Yucatán y Chiapas denunciaron que se quebrantaba su derecho a la consulta. En un pronunciamiento conjunto, las comunidades de la Península de Yucatán expresaron su “desagrado” argumentado que “ninguna persona fuera de la península podía decidir lo que se puede hacer o dejar de hacer en sus territorios”.
La oposición continuó, incluso después de la consulta. Los Integrantes del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, Movimiento Nacional (Mpcoimn) sostenían que el proyecto podía ser positivo, pero necesitaba de la consulta de los pueblos indígenas.
A pesar de las oposiciones y de la insistencia para que los pueblos originarios fueran escuchados, el 16 de diciembre el proyecto del Tren Maya arrancó con una ceremonia encabezada por el Presidente y algunos grupos indígenas que realizaron un ritual religioso. En opinión de los expertos, el evento sirvió para legitimar la decisión del Jefe del Ejecutivo.
El uno de enero del 2019, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ofreció un mensaje por el 25 aniversario del levantamiento, aseverando que no permitirán la construcción del proyecto. El comandante Moisés se refirió a la consulta como una “burla” para la idiosincracia indígena:
“Aquél que está en el poder está engañando a los pueblos originarios, hincándose en la tierra como pidiéndole permiso. Aquí le decimos que no lo creemos. Esa consulta que hacen (para construir el Tren Maya), es una burla y una humillación a los pueblos originarios”, dijo.
Los comentarios de los opositores no han servido para parar el proyecto. El Tren Rápido Peninsular arrancó su construcción. Además, Rogelio Jiménez Pons, director de Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), declaró que las licitaciones para construir los primeros tres tramos del proyecto comenzarán en marzo.
LA TERMOELÉCTRICA EN MORELOS
La consulta más reciente se realizó el 23 y 24 de febrero en los estados de Morelos, Tlaxcala y Puebla. El objetivo del ejercicio era aprobar la decisión de poner en funcionamiento la Termoeléctrica de la Huexca, en el estado de Morelos. En ella participaron 55 mil 715 ciudadanos, el 59.5 por ciento de los participantes se pronunció a favor del megaproyecto.
Los días de la consulta estuvieron acompañados del duelo por la pérdida de Samir Flores, uno de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos (FPDTA), y del descontento ocasionado por su muerte.
El ambiente despertó la necesidad de exigir las consultas dirigidas para los pueblos indígenas. Juan Carlos Flores Solís, abogado y vocero del FDTA, aseveró que el rechazo del ejercicio se relacionaba con la falta de consulta a las comunidades indígenas y con la irregularidad con la que han realizado los ejercicios propuestos por el Jefe del Ejecutivo.
“No se han hecho consultas indígenas, es decir, una consulta vinculatoria donde cada comunidad decida el destino del proyecto sobre su territorio. La consulta que se hizo es anticonstitucional porque no es una consulta indígena como debería de ser: no fue libre, previa e informada, debidamente estructura y de buena fe. Se hizo una encuesta general a pueblos que no están siendo afectados y que quieren a echar andar todo el proyecto de la termoeléctrica, no se dio toda la información necesaria sobre el asunto. Las primeras que tienen que decidir son las comunidades afectadas sobre su territorio. Tampoco fue una consulta popular formada por los artículos 35 constitucional, tampoco es una consulta que vaya de acuerdo al Plan de Desarrollo Nacional. Entonces, no tiene un marco jurídico; simplemente fue una forma de presión para impulsar un proyecto”, afirmó Solís.
El anuncio sobre la puesta en marcha de la termoeléctrica fue toda una sorpresa para los habitantes de Morelos, quienes ahora sienten que ha sido defraudada su confianza. Los integrantes del FDTA sostienen que en el 2014 el actual Presidente de la República se manifestó en contra del proyecto, a pesar de que las condiciones de la planta eran las mismas que en este 2019, incluso sostienen que en el 2018 acompañó el plantón de los ejidatarios de Ayala a quiénes les dijo: “Aguanten, será diferente cuando sea Presidente”.
Para Flores Solís, el cambio de postura presidencial es la muestra de que incluso en este gobierno prevalecen los intereses económicos sobre los derechos humanos:
“El Presidente reconoce la represión que ha existido hacia los pueblos, pero por otra lado ha empezado a dar este favoritismo al capitalismo, a la cuestión económica, en lugar de la cuestión de seguridad, la materia ecología, de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Vemos un cambio evidente en el discurso de Andrés Manuel López Obrador, uno en el que se contradice”, aseguró el defensor del territorio.
En opinión de Edmundo del Pozo, proyectos como los que hasta ahora han sido anunciados -Tren Maya, Dos Bocas en Tabasco, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y Morelos- son proyectos que contrastan con la buena voluntad que se había mostrado durante la campaña para proteger el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas:
“Había cierta esperanza y cierta expectativa desde las organizaciones y algunas comunidades por algunas declaraciones que se habían dado por parte de los funcionarios del Instituto Nacional de Pueblo Indígenas y del propio Gobierno federal. Había un discurso de que se defenderán los derechos de las comunidades, su derechos a la autonomía y su derecho a la libre determinación, incluso en el mismo Proyecto de Nación así se contemplaba, sin embargo, hemos visto que esta buena voluntad y estos compromisos que se habían concentrado en la campaña contrastan con esta apuesta del nuevo gobierno a la implementación de los megaproyectos y muchos que pueden afectar comunidades indígenas”, aseveró.
¿Y EL FRACKING?
En octubre del 2018, pocos días antes de su entrada como Jefe del Ejecutivo, López Obrador aseguró en Coahuila que la fractura hídrica o fracking no sería utilizado como un método de obtención de hidrocarburos. La noticia entusiasmo a activistas y opositores de la técnica, que en el mes de diciembre celebraban la cancelación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) de las rondas 3.2 y 3.3, las primeras en licitar hidrocarburos no convencionales que requerían de manera explícita el uso del fracking.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking, integrada por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, celebró la congruencia con la que había actuado el equipo del nuevo Presidente y exigió que esto se concretara en la ley, pero en enero del 2019 el panorama cambió por completo.
Durante su participación en el evento empresarial Energy México Oil Gas Power, la representante de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, se refirió con ambigüedad al empleo del método sin poder descartar por completo su uso. Sus declaraciones tuvieron efecto un mes más tarde con la aprobación de la Resolución para la modificación de cuatro Planes de Exploración presentados por Pemex Exploración y Producción correspondientes a las Asignaciones AE-0381-2M-Pitepec. AE-0382-2M Amatitlán, AE-0385-2M Soledad y AE-0386-2M Miahuapan en la Cuenca de Tampico Misantla. Que tratan de la aprobación de exploración en formaciones no convencionales que incluyen la autorización de la fractura hídrica.
Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, aseveró que esta falta de congruencia entre el discurso del Presidente y las acciones de los funcionarios de gobierno son preocupantes y demuestran la intención de este administración de continuar con un modelo energético dependiente de los hidrocarburos.
“No hay congruencia entre lo que está diciendo el Ejecutivo y la acciones que ya están emprendiendo los funcionarios de las diferentes instancias de gobierno. Lo que sí vemos claramente es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno que pretende reactivar la industria petrolera a toda costa, lo que implica que implica que en muchos casos se use el fracking. (…) Eso lo vemos desde la Alianza con tristeza porque al principio nos entusiasmaron bastante las primeras declaraciones del Ejecutivo cuando aseveró que no se iba a permitir el desarrollo del fracturamiento hidráulico. Desde el Ejecutivo y desde el partido en el poder, que ahora es Morena, no hemos visto nada ninguna intención de legislar en la materia”, aseveró.
Hasta el momento, explicó Jiménez, el discurso presidencial aparentemente ha sido demagogia que no se ha traducido en la escucha de los grupos que se oponen a su implementación.
“Queremos ser optimistas y queremos pensar que es parte de los ajustes que implica un nuevo gobierno, un giro total en el modo de hacer gobierno, pero siendo más realistas nos parece que es demagogia, es el estilo de hacer política en este país y que implica irle diciendo a la gente lo que quiere oír, sin que ello se refleje en acciones o en políticas públicas que realmente vayan a surtir efectos reales (…) Los pueblos que serían afectados por el fracking ya se han manifestado en contra de esta técnica, por lo que ya no habría necesidad de consultar. El hecho de que existan propuestas de manifestación en la ley habla de que ya hay un mandato por parte del pueblo de prohibir la técnica. Una consulta en cuanto al fracking sería una forma tramposa de querer imponer algo que ya la sociedad ha dicho que no queremos y que además está comprobado que es algo muy dañino para el ambiente”, aseguró.
En México se impulsado la cancelación del fracking para mitigar los riesgos sanitarios que se han producido en otros países (embarazos de alto riesgo, defectos congénitos del corazón y exacerbaciones del asma), sin embargo, mientras no exista una prohibición estos peligros continúan vigentes. De acuerdo con la última investigación presentada por Cartocrítica, en el territorio nacional existen 7 mil 879 pozos que han sido fracturados y que suman 36 mil 159 fracturaciones.
