Ayer, por votación unánime, el Congreso de Baja California eliminó la figura del fuero para jueces, diputados, magistrados, alcaldes e incluso el Gobernador. Además anunció que enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para hacer lo mismo en el orden federal. Sobre, el Gobernador de esa entidad, Francisco Vega Lamadrid, pesan acusaciones de enriquecimiento ilícito y peculado.
Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– El Gobernador de Baja California, Francisco Vega Lamadrid, dijo no sentirse vulnerable luego de que el Congreso de ese estado eliminara el fueron a los servidores públicos.
Ayer, por votación unánime, el Congreso de Baja California eliminó la figura del fuero para jueces, diputados, magistrados, alcaldes e incluso el Gobernador. Además anunció que enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para hacer lo mismo en el orden federal.
– ¿Se siente usted vulnerable, Gobernador?, le preguntó una reportera a “Kiko” Vega, luego de que se diera a conocer la resolución de los legisladores bajacalifornianos.
– No para nada, dijo el mandatario.
El mandatario sostuvo que se trata de una prueba más de la voluntad de los bajacalifornianos para la consolidación de la democracia.
“En este momento somos ejemplo de que si se puede seguir escuchando a la gente, la gente quiere, ocupa y merece que los políticos también estemos en el mismo nivel. Ahora falta un paso muy importante: llevar esto al Congreso de la Unión”, apuntó.
El tema no solo llevará a los políticos a conducirse con mayor transparencia, afirmó Vega, y abonará al combate a la corrupción en el servicio público.
Ahora corresponde a los municipios, en un lapso de 30 días, aprobar dicho dictamen. Se necesitan al menos tres municipios a favor; si tras ese mes no es atendido, el mínimo de esas entidades será publicada en el Periódico Oficial y entrará en vigor 90 días después de su publicación.
La reforma constitucional modifica los artículos 91, 94 y 95 de la Constitución de Baja California, misma que fue solicitada desde octubre de 2016.
La votación se presentó como resultado de las mesas de negociación entre los legisladores y el grupo Mexicali Resiste y se llevó sin la mayor discusión, puesto que había un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas.
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En tres años de su gobierno, “Kiko” Vega no sólo ha acumulado una deuda millonaria, también el “hartazgo social”, siendo Mexicali el epicentro de las protestas en su contra. En enero pasado, cuando entró en vigor el llamado gasolinazo, surgió la afirmación de que la capital del estado había “despertado” al lograr organizar tres manifestaciones masivas, la última con hasta 45 mil personas. Sin embargo, desde finales del año pasado se gestó un movimiento de rebelión cívica que se inició con protestas contra el reemplacamiento, el incremento a las tarifas de luz y la Ley de Agua, aprobada el 20 de diciembre de 2016.
Dicha norma permitía, entre otros aspectos, la privatización del servicio de agua potable, el aumento y liberalización de las tarifas y el corte del suministro hídrico tras 90 días de impago. La iniciativa fue aprobada en la sala de juntas del Congreso local por diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Movimiento Ciudadano (MC). Ante la ola de manifestaciones, el Gobernador decidió abrogar la ley, pero continuó con la construcción de un acueducto para abastecer, con aguas del Valle de Mexicali, a Constellation Brands, una planta que fabricará cerveza del Grupo Modelo para exportarla a Estados Unidos.
Hace más de un mes y medio, en Mexicali se logró lo que en ninguna otra parte del país: la organización ciudadana, a través de redes sociales, por un bien común. Desde hace 27 años el estado no registraba protestas de esa magnitud, la última se vivió en enero de 1990, durante la primera administración panista en Baja California a cargo de Ernesto Ruffo Appel, cuando miles marcharon por las altas tarifas eléctricas que se impusieron en la región.
Las protestas contra “Kiko” Vega se han tornado violentas. En un inicio, los manifestantes y las autoridades se limitaban a intercambiar gritos e insultos. El primer enfrentamiento ocurrió el 7 de enero, cuando elementos de la Policía Federal, Estatal y Municipal desalojaron a los manifestantes que durante cinco días bloquearon la planta de Pemex en Rosarito, dejando un saldo de 16 heridos, entre ellos cuatro policías, y al menos 40 detenidos.
JUICIO POLÍTICO
El juicio político que miles de bajacalifornianos exigen para el Gobernador es principalmente por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y peculado que pesan sobre él y que no han sido aclaradas.
En noviembre pasado, el periodista Joaquín López-Dóriga aseguró que, según una investigación federal, la fortuna de Vega de Lamadrid se incrementó desde que era Alcalde de Tijuana (1998-2001) gracias a la supuesta compra de más de 50 bienes, entre casas, terrenos, desarrollos inmobiliarios y turísticos, así como centros comerciales. Además, reveló que el Gobernador estaba construyendo una residencia de 2 mil 500 metros y de un valor aproximado de 4 millones de dólares.
Cuando Vega, originario de Ciudad Obregón, Sonora, asumió la gubernatura de Baja California ya poseía 30 propiedades en distintos municipios del estado y en Estados Unidos. Heredó una deuda de 14 mil 627 millones de pesos que en dos años pasó a 17 mil 572 millones de pesos, de acuerdo con el “Reporte de Deuda Subnacional: Segundo trimestre de 2016” del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO). Para liquidar las obligaciones del gobierno del estado, dice la organización, cada bajacaliforniano tendría que pagar 3 mil 583 pesos.
“Kiko” Vega desestimó las acusaciones de Dóriga, pero los bajacalifornianos no, y además de pedirle que presentara su declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses– que hasta la fecha se ha negado a transparentar– le exigieron que cumpliera la reducción de su sueldo y de sus funcionarios, como se había comprometido. El pasado lunes, el Gobernador anunció una reducción del 10 por ciento a su sueldo y al de funcionarios de primer nivel. Ahora el panista tendrá una remuneración económica de 99 mil pesos mensuales, es decir 3 mil 300 pesos diarios.
El juicio político no sólo se busca para el mandatario bajacaliforniano, también para los legisladores que, de manera irregular, han aprobado todas sus iniciativas.
