Sin Fronteras
10/02/2022 - 12:03 am
Los otros muros de las personas migrantes
Es momento de cambiar las estructuras de las instituciones públicas y privadas para asegurar el acceso pleno a derechos de una población que cada día crece notablemente a la par de su vulnerabilidad.
Por Ramsés López, Gestor de Casos Sin Fronteras IAP
@Sinfronteras_1
“Me sentía muy emocionada cuando me hablaron para una entrevista en Walmart, llevaba desde hace un año sin trabajo, mi esposo trabaja de vez en cuando en construcción y con lo que él ganaba no nos alcanza para terminar el mes; a veces ni la semana. Mi emoción fue aún mayor cuando me dijeron que estaba contratada, si bien no era un gran sueldo, me iban a dar seguro, prestaciones y mis horarios me iban a permitir pasar tiempo con mi hijo”.
“Por desgracia el gusto me duró poco, a los dos meses de trabajar me dijeron que necesitaba sacar una cuenta bancaria para que pudieran hacer mis pagos, en caso de no sacarla me tendrían que dar de baja de mi empleo; fui a diferentes bancos y todos me pedían mi pasaporte, el cual no tengo. Terminaron por darme de baja de mi trabajo hasta que consiga la cuenta. Cuando me reconocieron como refugiada y nos dieron nuestras residencias permanentes nos dijeron que ese documento nos iba a servir para todos los trámites que necesitáramos, pero la realidad es que no nos ha servido para encontrar mejores oportunidades”.
Esta es una situación antigua y repetitiva, es la solicitud del pasaporte en la apertura de cuentas bancarias. El sistema computarizado de los bancos excluye de aperturar una cuenta a cualquier persona extranjera que no cuente con pasaporte, en muchos casos, esto tiene como consecuencia el no poder acceder a empleos formales con prestaciones. Si bien, el 86 por ciento de la población ocupada encuentra ingresos en la informalidad, son los procesos internos de empresas e instituciones lo que limita las posibilidades de una población que está en búsqueda de una vida mejor.
Esta no sólo es una experiencia de una usuaria de Sin Fronteras, sino que es la realidad de miles de personas migrantes y refugiadas en México que no logran ejercer sus derechos con plenitud a causa de factores de discriminación, exclusión legal y el desconocimiento de procedimientos administrativos, ya que los procesos internos de algunas instituciones, tanto públicas como privadas, exigen documentación con la que no se cuenta en muchos casos. Estos factores generan un vacío en las estructuras del acceso a derechos.
Asimismo se pueden mencionar casos en los que instituciones educativas pretenden excluir del derecho a la educación a menores por no contar con acta de nacimiento apostillada, entre otros casos bastante similares por parte de diversas instituciones públicas y privadas.
En el caso de las personas refugiadas resulta ser más complejo el contar con cierta documentación como actas de nacimiento, certificados educativos, pasaporte, etc., ya que muchas de las personas de esta población salen de sus países apenas con la ropa que llevan puesta para escapar de los contextos de violencia y precariedad que viven en sus países de origen.
Este tipo de fallas sistémicas afectan directamente el ánimo y vulnerabilidad de las personas que salen de sus países en búsqueda de oportunidades y mejores vidas para sus familias, o para salvaguardar su vida. Si bien México no es el sueño americano, la llegada de las migraciones ha representado un nuevo comienzo para muchas familias que buscan algo mejor para sí mismos, pareciera que no es suficiente con que, en su trayecto, muchos hayan tenido que enfrentarse ante violaciones de derechos por parte de autoridades mexicanas, civiles y hasta crimen organizado, sino que también se enfrentan a un sistema en el que el acceso a documentación, programas sociales, empleo, salud, educación, etc. invisibiliza a las personas migrantes en sus procesos internos.
En 2021, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado cerró con 131 mil 448 de casos, cifra histórica, la cual es 86.84 por ciento mayor al anterior récord de 2019. Es momento de cambiar las estructuras de las instituciones públicas y privadas para asegurar el acceso pleno a derechos de una población que cada día crece notablemente a la par de su vulnerabilidad.
Esta es una realidad más en un país donde parece que hay más sueños desvanecidos que oportunidades para cumplirlos.
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