La reputación del Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas es tan temible que el Gobierno de Estados Unidos, que adiestró a algunos de sus elementos, ha buscado distanciarse de esa corporación.
Ciudad Victoria, 10 de enero (AP).– Cuando agentes estatales en el norte de México presuntamente asesinaron a tiros a 19 personas —incluyendo al menos a 14 migrantes guatemaltecos— a finales de enero, fue una tragedia que, según los críticos, las autoridades ya habían sido advertidas que podía suceder.
En 2019, fiscales acusaron a la misma corporación policial del estado de Tamaulipas, que entonces tenía otro nombre, de haber sacado por la fuerza a ocho personas de sus casas en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, haberlas obligado a ponerse uniformes tipo militar, subirlas a vehículos para que parecieran delincuentes y matarlas a tiros.
Ahora se ha ordenado la detención de una docena de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) —de 150 elementos— para enjuiciarlos por los homicidios de al menos 14 migrantes y dos mexicanos perpetrados en un camino rural en la localidad de Camargo, cercana a la frontera con Texas. Los cadáveres fueron quemados y quedaron tan calcinados que ello ha impedido la identificación de otras tres de las víctimas.
Las autoridades ya habían recibido abundantes advertencias sobre problemas con esa unidad policial, creada el año pasado con remanentes de un grupo de fuerzas especiales acusado de la masacre de 2019 y otras atrocidades. Incluso un legislador federal impulsó en enero una resolución no vinculante en el Congreso de México para protestar por las golpizas y robos perpetrados por esa corporación.
En noviembre, una asociación empresarial de Tamaulipas acusó a los agentes del GOPES de irrumpir en la casa de una de sus miembros y robar dinero en efectivo, electrodomésticos y otras pertenencias. El grupo dijo que la víctima incluso tomó fotografías mediante las cámaras de seguridad de su casa en las que se veía a agentes uniformados con armas en la espalda robando su casa.
La denuncia fue ignorada y nunca se adoptaron medidas para controlar a la corporación.
Si en ese momento lo hubieran hecho, “si hubieran volteado a ver, a lo mejor no estaríamos lamentando la muerte de 19 personas”, dijo Marco Antonio Mariño, vicepresidente de Seguridad de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas.
Desde hace más de una década, grupos rivales del narcotráfico muy bien equipados libran la guerra por el control de territorios más prolongada y sangrienta en la historia de México. Bandas de hombres armados con nombres como “La Tropa del infierno” circulan con regularidad en camionetas con blindaje artesanal.
Los cárteles cooptaron a tantas fuerzas de la policía municipal en Tamaulipas que el estado decidió disolverlas a todas y confiar más en agentes de la policía estatal, que están mejor adiestrados. Cuando el Gobierno federal retiró a infantes de Marina, que solían proporcionar gran parte del apoyo con armas de alto poder a las fuerzas policiales en el estado, alentó al Gobierno estatal a crear unidades de élite como el GOPES.
La reputación del GOPES es tan temible que el Gobierno de Estados Unidos, que adiestró a algunos de sus elementos, ha buscado distanciarse de esa corporación, a la que se refiere tanto por sus iniciales previas de CAIET (Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas), como por su nombre actual, GOPES.
La embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México dijo que tres de los 12 agentes acusados de la masacre de migrantes “recibieron adiestramiento básico y/o adiestramiento de supervisor de primera línea” mediante un programa del Departamento de Estado antes de que los asignaran a la corporación especial.
“El adiestramiento de estos individuos tuvo lugar en 2016 y 2017 y cumplieron totalmente con la verificación Leahy (de antecedentes en el respeto a los derechos humanos)”, señaló la sede diplomática
El CAIET era un nombre extrañamente académico para lo que en esencia constituía una fuerza policial tipo SWAT de reacción rápida. Al igual que el GOPES, con frecuencia los elementos utilizan máscaras y vehículos blindados.
En 2019, los cadáveres de las ocho personas sacadas de sus casas en Nuevo Laredo fueron encontradas después con impactos de bala en la cabeza, vestidas con uniformes de camuflaje al estilo de los narcotraficantes y chalecos antibalas que llevaban las iniciales del Cártel del Noreste, así como armas junto a ellos. Los fiscales finalmente concluyeron que agentes del CAIET les sembraron las armas y demás equipo a esas personas antes de ejecutarlas.
Raymundo Ramos, activista por los derechos humanos que investigó y expuso la matanza de Nuevo Laredo, subraya que, a pesar de esas conclusiones, sólo dos de los 40 miembros del CAIET implicados en los homicidios están en custodia enfrentando cargos. Otros tres agentes aceptaron testificar a cambio de que les desecharan las acusaciones, y dos elementos más están prófugos.
Las autoridades no disolvieron al CAIET, sólo le cambiaron el nombre a GOPES.
“Es un hecho recurrente que los gobiernos (estatales) nada más les cambian el nombre para limpiar la imagen de sus policías”, señaló Ramos.
Los fiscales no han mencionado por qué los agentes del GOPES presuntamente decidieron asesinar a los migrantes, y hasta ahora las audiencias del caso no han estado abiertas al público.
Los migrantes iban acompañados de varios mexicanos que al parecer operaban como “protección” armada para el “envío” de migrantes trasladados de contrabando a la frontera con Estados Unidos. El Cártel del Golfo obtiene gran parte de sus ingresos cobrando protección a traficantes de migrantes para que crucen su territorio. También obtiene dinero secuestrando a migrantes que viajan solos, torturándolos hasta que revelan el teléfono de sus parientes en Estados Unidos y reteniéndolos para exigir el pago de un rescate.
Una de las teorías es que agentes del GOPES abrieron fuego contra pandilleros armados que iban con los migrantes a bordo del vehículo, porque se encontraron tres fusiles de asalto en la camioneta incendiada. Los escoltas murieron por los disparos, y luego los agentes asesinaron a los migrantes para ocultar su error.
Fiscales estatales dicen que el hecho de que no se hayan encontrado casquillos en el lugar de la masacre significa que los policías los recogieron para ocultar pistas que los delataran.
Ramos señaló que eso coincide con las tácticas de la unidad. “Normalmente, ellos no dejan testigos, es parte de su entrenamiento”, apuntó.
En la masacre de 2019 en Nuevo Laredo, la corporación policial sí dejó cuatro testigos en las casas de donde fueron sacadas las víctimas, al parecer solamente porque cuatro eran mujeres adolescentes o madres con niños.
El problema no se limita sólo a los asesinatos, dijo Óscar Hernández, antropólogo en el Colegio de la Frontera Norte.
“No es novedad que algunas corporaciones policiales se presten para este tipo de prácticas, no solamente de violencia, que es la más visible, sino otras como contubernio y corruptelas”, señaló Hernández.
Mariño, de la organización empresarial, subrayó que algunas corporaciones de la policía estatal han logrado que otra vez sea posible transitar con seguridad por las carreteras en Tamaulipas, en las que conductores y pasajeros de autobuses solían ser secuestrados sin que se volviera a saber de ellos.
El GOPES no constituye el primer problema de abuso de las fuerzas policiales en Tamaulipas.
En 2014, el “Grupo Hércules” de la policía estatal, que funcionaba como una especie de escolta paramilitar del Alcalde de la ciudad fronteriza de Matamoros, e infantes de Marina mexicanos secuestraron y asesinaron a cuatro personas, entre ellas tres hermanos estadounidenses.
Erica, Alex y Jose Angel Alvarado Rivera, de Progreso, Texas, desaparecieron en octubre de 2014 cuando visitaban a su padre en Control, una pequeña localidad en México cerca de Matamoros, fronteriza con Brownsville, Texas. Un amigo de esas personas, el mexicano José Guadalupe Castañeda Benítez, también fue secuestrado. Los cadáveres de todos fueron encontrados con impactos de bala en la cabeza más de dos semanas después.
Otras facetas de la masacre de este año siguen sin ser aclaradas. Por ejemplo, Ramos dijo que algunos de los agentes detenidos en el caso han dicho que ellos mataron a los migrantes, pero no quemaron los cadáveres.
Un documento informativo de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) deja entrever que el Cártel del Noreste estaba activo en la zona a finales de enero, con la intención de asesinar a una figura prominente del Cártel del Golfo, cuando se topó con los migrantes. Algunas personas creen que sicarios del Cártel del Noreste podrían haber participado en la masacre, o al menos incendiado la camioneta y los cadáveres posteriormente para perjudicar las actividades del Cártel del Golfo.
Hay un punto en el que todos están de acuerdo: Los cadáveres estaban tan calcinados que en el curso normal de las investigaciones podrían no haber sido identificados nunca y habérseles sepultado y olvidado como posibles participantes de un enfrentamiento más entre cárteles.
Sin embargo, el GOPES no sabía que la camioneta formaba parte de una caravana mayor de vehículos que transportaba a migrantes, incluido un guatemalteco traficante de migrantes que conocía a todas las víctimas. Él fue quien avisó de la masacre a sus familias en sus países de origen, y los parientes hicieron pública la noticia.
“Si no fuera por ese hombre, probablemente los habrían enterrado como unos sospechosos más”, dijo Ramos.
