A través de un comunicado, la CNDH dio a conocer la recomendación 17VG/2019, dirigida al Fiscal General de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega. El organismo informa que después de revisar 186 casos, se acreditaron violaciones a los Derechos Humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la libertad personal, así como violencia sexual, vulneración de la seguridad y e integridad y deficiencias en términos de derecho a la justicia, cometidas por personal de la PGJ de Aguascalientes.
Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que personal de la antigua Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes (PGJEA) incurrió en detenciones arbitrarias, tortura y abuso sexual.
A través de un comunicado, la CNDH dio a conocer la recomendación 17VG/2019, dirigida al Fiscal General de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega. El organismo informa que después de revisar 186 casos, se acreditaron las violaciones a los Derechos Humanos, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la libertad personal, así como violencia sexual, vulneración de la seguridad e integridad, y deficiencias en términos de derecho a la justicia.
En los casos investigados por la CNDH, se observaron prácticas como detenciones arbitrarias, en ocasiones, señala el comunicado, “la policía ministerial detuvo arbitrariamente a las víctimas y pretendió justificar su detención para proceder a la investigación de los delitos que se les imputaban”.
Las víctimas eran trasladadas a un área de la extinta PGJEA conocida como spa, donde se les ataba de manos y pies, eran colocadas sobre llantas y torturadas mediante la aplicación de diversas prácticas vejatorias.
La Comisión también informa en su recomendación que en ocasiones el personal de la PGJEA amenazaba a las personas detenidas con promesas de daño a familiares si no aceptaban su participación en diversos ilíctos.
Las afectaciones, comprobó el organismo, dejaron secuelas físicas y psicológicas en las víctimas, provocando que una de ellas intentara quitarse la vida.
Entre las prácticas documentadas, la CNDH observó que las víctimas permanecían “incomunicadas, sin certeza de su situación jurídica y sin contacto con su familia y abogados”.
Sobre las agresiones sexuales, el órgano protector de los DDHH indica que fueron tres las mujeres sometidas a violencia sexual.
De los 186 casos revisados por el organismo, sólo 25 decidieron que la investigación continuara, 5 mujeres y 20 hombres, mientras que “en 101 no existieron los domicilios que las personas aportaron cuando fueron detenidas; 33 personas que fueron consignadas, al salir de los Ceresos ya no residían en los domicilios indicados y se entrevistó a 52 agraviados, de los cuales 27 señalaron haber sido víctimas de torturas, pero ante el temor de represalias optaron por no continuar con la indagatoria”, indica el comunicado.
Por tales motivos, la CNDH solicita al Fiscal de Aguascalientes que en términos de la Ley General de Víctimas se repare integralmente el daño, con medidas como atención psicológica y la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas para todos los afectados.
