La orden del Juez de Distrito Randy Crane fue el segundo fallo federal en dos días en favor de los cercos fronterizos. El miércoles, la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito revirtió la decisión de un Tribunal de menor instancia que había evitado que el Gobierno del Presidente Donald Trump desviara 3 mil 600 millones de dólares de proyectos de construcción militar para financiar 280 kilómetros de muro en la frontera con México.
WASHINGTON (AP) — La construcción de un muro fronterizo con fondos privados en el sur de Texas podría comenzar en los próximos días después de que un Juez federal falló el jueves en favor de levantar una orden de restricción en contra del proyecto.
La orden del Juez de Distrito Randy Crane fue el segundo fallo federal en dos días en favor de los cercos fronterizos. El miércoles, la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito revirtió la decisión de un Tribunal de menor instancia que había evitado que el Gobierno del Presidente Donald Trump desviara 3 mil 600 millones de dólares de proyectos de construcción militar para financiar 280 kilómetros de muro en la frontera con México.
La Casa Blanca celebró el jueves el fallo de la corte de apelaciones, diciendo que levantó acertadamente una “orden nacional ilegítima”. De hecho, la decisión de Crane fue en contra de la postura del gobierno.
Fisher Industries, una compañía constructora con sede en Dakota del Norte, quiere instalar 4.8 kilómetros de postes de acero de unos 10 metros de altura en la margen en Texas del río Bravo, que Estados Unidos denomina río Grande y conforma la frontera con México. El presidente de la empresa, Tommy Fisher, quiere invertir 40 millones de dólares en el muro fronterizo privado -promovido originalmente por un grupo de recaudación de fondos partidario de Trump- para demostrar que su compañía puede construir esas barreras de una manera más efectiva.
El Gobierno federal interpuso una demanda para frenar a Fisher, argumentando que una construcción tan cercana al río Bravo corría el riesgo de alterar el flujo del agua y a la larga generar inundaciones en México, en violación con las obligaciones establecidas en tratados internacionales. La Fiscalía federal señaló que el proyecto podría desviar el río y la frontera internacional, violando la autoridad del presidente “para conducir las relaciones exteriores de Estados Unidos”.
Los segmentos existentes de bardeado y las pequeñas secciones que el gobierno construye actualmente por lo general se ubican en paralelo a los diques del río Bravo o atraviesan propiedades a una distancia significativa de él. Estados Unidos trabaja actualmente para incautar terrenos privados a fin de construir más sectores del muro en Texas.
Crane emitió una orden de restricción en diciembre, pero la levantó el jueves. También rechazó otorgar una orden a solicitud del Centro Nacional de Mariposas, una organización sin fines de lucro aledaña al lugar de la obra en el sur de Texas. El centro de mariposas y grupos ambientalistas advierten que construir la división fronteriza tan cerca del río podría agravar la erosión y posiblemente dañar otros terrenos.
Fisher Industries ha presentado documentos al Gobierno que argumentan que instalar los postes y desmontar y aplanar los terrenos reducirá las inundaciones, aunque los ambientalistas rechazan dichas afirmaciones.
Después de la audiencia del jueves, Fisher dijo que sus cuadrillas estaban listas para comenzar a trabajar desde el domingo y podían instalar todos los postes de acero en una semana.
“Estamos ansiosos de demostrarle a todo el mundo que se puede tener protección fronteriza donde se requiera”, dijo Fisher.
Durante años, el centro de mariposas se ubicó en el sendero de un posible muro fronterizo hasta que el Congreso le otorgó exenciones junto a otras áreas ambientales delicadas y sitios culturales.
Marianna Trevino Wright, directora ejecutiva del centro, dijo que el fallo del jueves “te hace preguntarte cuándo terminará y cuántos más de estos representantes hay”.
En la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, el fallo del miércoles por dos votos a favor y uno en contra le permite al gobierno proseguir con 11 proyectos en California, Arizona, Nuevo México y Texas. El más costoso y prolongado, por mucho, se extendería a lo largo de 83 kilómetros en Laredo, Texas, y tendría un costo estimado de mil 270 millones de dólares.
El Tribunal resaltó que en julio pasado la Corte Suprema había mantenido una orden similar, lo que abrió el camino para que el gobierno de Trump destinara miles de millones de dólares en fondos del Pentágono para la construcción de secciones del muro fronterizo.
“El Gobierno tiene derecho a la misma respuesta aquí”, escribió el panel de tres jueces.
Trump tuiteó respecto al fallo, diciendo: “¡Todo el muro está en construcción o preparándose para iniciar!”
La Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo el jueves que la corte había levantado una “orden nacional ilegítima” y permitió que continuara el trabajo en el muro fronterizo con fondos de construcción militar.
“Terminaremos el muro”, dijo en un comunicado.
Detractores de las acciones del gobierno de Trump habían acogido el fallo previo de la corte de distrito que suspendió la obra, diciendo que los actos del presidente republicano eran un “indignante abuso de poder”. Destacaron que, durante su campaña presidencial de 2016, Trump reiteró que México sería el que pagaría por el muro.
