Según la investigación se solicitó orden de aprehensión contra 25 personas por el delito de homicidio, entre ellas los hermanos Suástegui Muñoz, “el 9 de enero, el órgano jurisdiccional obsequió orden de aprehensión a estas personas, misma que fue debidamente ejecutada”.
La Secretaría General de Gobierno enfatizó en el respeto a los derechos humanos por lo que indicó que los detenidos fueron certificados por un médico, ingresados a áreas adecuadas, se les dio alimentos, los vieron sus familiares a los que se les informó su situación jurídica, recibieron asesoría legal de sus abogados y acompañamiento de organismo defensores de derechos humanos.
Por Mariana Labastida
Acapulco, Guerrero/Ciudad de México, 10 de enero (El Sur/SinEmbargo).- La Secretaría General de Gobierno estatal informó que la autoridad ministerial emitió y ejecutó orden de aprehensión por el delito de homicidio en contra de 25 detenidos, entre ellos los hermanos Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz, por los hechos ocurridos el pasado domingo en la comunidad de La Concepción.
En un escrito dirigido al representante en México de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Jan Jarab; al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez; al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno, y a organizaciones de la sociedad civil y la opinión pública, la Secretaría informó de los hechos.
En el relató de los hechos, la Secretaría General de Gobierno se refiere a los policías comunitarios pertenecientes al sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) como “civiles armados” vinculados con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (Cecop).
La Secretaría General de Gobierno en el texto relató que en una llamada telefónica al número de emergencia 911 se solicito el auxilio “debido a que Marco Antonio “N” y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades de La Parota (Cecop) habían detenido, golpeado y matado a varias personas”.
Al lugar se trasladaron policías estatales, agentes de la Fiscalía General del Estado, Policías federales y Ejército, a los que les informaron que entre las 2 y 2:30 de la madrugada del domingo hubo “un altercado en la comisaría municipal entre pobladores y civiles armados del Cecop, resultando 2 de éstos privados de la vida con arma de fuego”.
En respuesta, “un grupo de 35 personas del Cecop, al mando de los hermanos Marco Antonio y Vicente “N”, llegaron al lugar y asesinaron con armas de fuego a 6 habitantes del pueblo”. Horas después, a las 11:30 de la mañana, según la dependencia estatal “los civiles armados del Cecop dispararon sus armas en contra de los elementos de la Policía Estatal, la cual al repeler la agresión abatieron a tres civiles armados del Consejo”.
En el escrito se indicó que se aseguraron “24 armas largas, 4 armas cortas (3 calibre 9 mm y 1 calibre .38 súper), 102 bolsas de marihuana; 628 envoltorios conocidos como “carrufos” y se liberaron a 4 personas que estaban privadas de la libertad por la Cecop”.
De las 38 personas detenidas, 26 fueron por delitos contra la salud y portación de arma de fuego ante la Fiscalía General del estado, de los cuales siete quedaron en libertad; seis fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) y seis más entre ellos los hermanos Marco Antonio y Vicente fueron llevados al penal por delitos como lesiones, despojo y robo.
Según la investigación se solicitó orden de aprehensión contra 25 personas por el delito de homicidio, entre ellas los hermanos Suástegui Muñoz, “el 9 de enero, el órgano jurisdiccional obsequió orden de aprehensión a estas personas, misma que fue debidamente ejecutada”.
La Secretaría General de Gobierno enfatizó en el respeto a los derechos humanos por lo que indicó que los detenidos fueron certificados por un médico, ingresados a áreas adecuadas, se les dio alimentos, los vieron sus familiares a los que se les informó su situación jurídica, recibieron asesoría legal de sus abogados y acompañamiento de organismo defensores de derechos humanos.
“Un representante del Alto Comisionado en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, integrantes de las Comisiones de los Derechos Humanos Nacional y del Estado de Guerrero, actuarios pertenecientes a Juzgados de Distrito y organizaciones civiles, visitaron a los detenidos y verificaron que se les respetan sus derechos constitucionales y humanos”.
Se atendieron las medidas cautelares emitidas por la CNDH el mismo domingo, y que el gobernador, Héctor Astudillo Flores expresó su convicción de que las autoridades estatales se apeguen al Estado de Derecho, apliquen la ley, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
