Chiapas, Estado de México, Michoacán, Yucatán, Campeche… En distintos estados del país se registraron durante el año pasado movimientos de ciudadanos, la mayoría indígenas y campesinos, que levantaron la voz para denunciar la depredación en sus tierras para dar paso a las grandes obras. Algunas protestas tuvieron final feliz, pero otras no sólo llevaron a la detención de sus líderes, sino también a la muerte de inocentes.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– En noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo para suspender el permiso de la empresa de transgénicos Monsanto para sembrar soya en la Península de Yucatán ante los daños que causaba a la apicultura, el principal sustento de 15 mil familias indígenas de Yucatán y Campeche.

El fallo de la Corte se dio después de tres años de lucha y determinó también el acceso a una consulta libre e informada respecto a los permisos de Monsanto.

Éste es solo un ejemplo de las luchas que a lo largo del año que concluyó tuvieron que enfrentar distintas comunidades indígenas, campesinas y hasta urbanas ante el avance infrenable de las megaobras y los intereses de las grandes empresas.

Los pueblos nativos tuvieron que salir a defender sus territorios y sus derechos ante la creciente explotación de los recursos naturales en sus territorios, a través del desarrollo de presas, carreteras, parque eólicos, y extracciones mineras.

A pesar de que la única defensa con la que cuentan hasta ahora estos pueblos es la consulta: un mecanismo vigente desde 1991. Sin embargo, también puede ser un arma de doble filo, pues así como ha sido invocada por las comunidades afectadas por los megaproyectos, también puede ser usada por las empresas que los impulsan, a fin de legitimarlos.

En sus vocabularios tuvieron que incorporarse las palabras Higa, OHL, pero también pudieron constatar que en algunos casos fue posible la victoria ciudadana. Como lo comprobaron los habitantes de Choix, Sinaloa, quienes lograron que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausurara un proyecto minero para extraer oro en el municipio, afectando 10 mil metros cuadrados de vegetación forestal.

Sin embargo, el número de casos llegó a tal nivel que activistas anunciaron que preparaban un movimiento nacional para demandar solución a los más de 200 conflictos ambientales que en este momento están en proceso en el país a raíz de las megaobras, las expropiaciones mineras y de recursos naturales.

Moctezuma Madrigal Mercado, uno de los voceros del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Santa María, en Michoacán, señaló que desde 2012 ya existe en el país la Coordinadora Nacional de Afectados Ambientales, fundada por aproximadamente 300 organizaciones, y que se busca reactivar ante los crecientes atropellos en contra de pueblos nativos, ejidatarios y el medio ambiente.

“Estos conflictos se han agudizado, hay una gran embestida contra el medio ambiente. Ya se lanzó a nivel nacional una convocatoria para recolectar firmas y hacer visible el conflicto ambiental”, expresó el activista a SinEmbargo.

Tan sólo en el caso de Michoacán, desde hace años, el Movimiento de Mercado Madrigal ha recurrido ante instancias locales, estatales y federales para frenar el desarrollo del “Libramiento sur, segunda etapa, ramal Camelinas” pasa por el área verde llamada Loma de Santa María y a través de una carretera y dos túneles busca conectar las partes altas con el resto de Morelia, sin embargo, según diversos estudios pone en riesgo la vida de 14 mil personas, especies animales y vegetales en peligro de extinción y quita casi 200 hectáreas de zona verde al único pulmón natural de la ciudad.

Destaca el caso de Ostula, también en Michoacán, donde los afectados acusan una intervención militar, que dejó un niño muerto y 18 heridos, por los intereses de particulares en bosques, playas y minerales que tiene el lugar.

“Es una franja desde San Juan de Alima hasta Lázaro Cárdenas. Ahí el gobierno tiene en la mira de hacer zona hotelera, por arriba son puros cerros, pero llenos de mineral”, dijo en agosto pasado en conferencia de prensa Nicolás Flores Legardo, presidente Ejidal de la comunidad de Ostula.

Flores Legardo explicó que se trata de una estrategia de exterminio de más de 30 mil habitantes que viven en Ostula, Pómaro y Coiré a través de la intervención de las fuerzas federales, estatales y del crimen organizado.

Está también el tema de la “Meseta Purépecha” donde existen movimientos en contra de la incorporación de semilla transgénica, según confirmó Madrigal Mercado.

HIGA Y LOS PARQUES EÓLICOS

En el Estado de México, existen también una serie de denuncias de despojos de tierras o intento por la construcción de grandes obras o carreteras concesionadas a grupos como OHL o Higa.

Tal es el caso de los habitantes de San Francisco Xochicuautla por la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca concesionada a Constructora Teya, filial de Grupo Higa a quienes un decreto presidencial despojó de 38 hectáreas de uso común.

“Escucha bien [Enrique] Peña Nieto, la autopista no va a pasar”, advirtieron pobladores de San Francisco Xochicuautla ubicado en el municipio de Lerma, Estado de México durante una manifestación realizada el 29 de junio. Los habitantes han luchado ocho años y estuvieron a punto de ganar, dijeron, pero el 9 de julio de 2015 el Presidente de México firmó un decreto para expropiar las hectáreas de uso común de aquel pueblo otomí con el fin de construir el proyecto carretero.

En el Edomex se ubica también el problema de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en la zona de Texcoco, que le quitaría 5 mil hectáreas a ejidatarios de la zona.

Otro caso ampliamente señalado es el de la construcción de parques eólicos, principalmente en el Sureste del país. El 11 de diciembre, un amparo determinó la suspensión definitiva del proyecto de Eólica del Sur, por violar los derechos de los pueblos, así lo señalaron representantes del pueblo zapoteco o binnizá, de Oaxaca, y de las organizaciones como: Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), Centro de Derechos Humanos Tepeyac (CDHT) y Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C.

El Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca otorgó la suspensión definitiva en el amparo presentado por mil 166 miembros del pueblo indígena binnizá del Istmo de Tehuantepec contra el proyecto de construcción de un parque eólico, por violaciones al derecho a la consulta, ya que la construcción del parque fue presuntamente aprobada en un proceso a mano “alzada”.

Pero no todo fueron buenas noticias: en Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ha denunciado que cientos de ejidatarios están siendo presionados para dejar o vender sus tierras en municipios como Tenejapa, para dar paso a distintas obras, entre ellas, la autopista San Cristóbal-Palenque que atravesaría territorios de San Cristóbal, San Juan Chamula, Tenejapa, San Juan Cancuc, Ocosingo, Chilón, Tumbalá, Salto de Agua, Catazajá y Palenque, destruyendo así una gran cantidad de territorios ancestrales pertenecientes a los pueblos indígenas. El proyecto también contempla la creación de una presa hidroeléctrica en los ríos Agua Azul, Tulijá y Bascán, despojando a las comunidades de sus recursos naturales y lugares sagrados.

Antes de finalizar el año, en medio de protestas de organizaciones ambientalistas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) avaló la construcción de un complejo turístico de la compañía RIUSA II, filial de Riu, que afecta áreas protegidas de mangle en Punta Nizuc, Quintana Roo. El pasado 18 de diciembre, la dependencia federal aprobó el polémico proyecto.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) se ha manifestado en contra del proyecto de la compañía española RIUSA II, filial de RIU en Punta Nizuc, que ha sido frenado una y otra vez por irregularidades en los permisos que ostenta.

El proyecto original del hotel de 565 cuartos fue modificado ligeramente a 530 cuartos luego de que la Semarnat negó en el mes de marzo la autorización del quinto hotel de la compañía en Cancún.

De acuerdo con las organizaciones ambientalistas, el “Estudio de la Vulnerabilidad y Programa de Adaptación ante la Viabilidad Climática y el Cambio Climático”, elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt), revela que, con una tasa de erosión promedio anual de 13.9 metros, Punta Nizuc –donde se edificarán las torres de 15 niveles del Riu– registra una de las tasas de erosión de playas más altas de Cancún y en ocho años reportó una erosión total de 111 metros de arenales.