“A los jóvenes, nos están matando”, reza un desteñido cartel sobre una placa verde olivo que está acompañada de los rostros de muchachos desaparecidos en Sinaloa y han pasado días, semanas, meses y años sin que se sepa más de la mayoría de ellos.

Es una historia que se repite frecuentemente en cualquier lugar del país. Y está semana nos lo recordó el asesinato de cinco jóvenes guanajuatenses, estudiantes de medicina, que regresaban de una fiesta en Querétaro y, en algún punto del trayecto a sus casas, se encontraron con sus asesinos.

No les valió el argumento esgrimido por ellos para salvar sus vidas en flor. Sólo se oyó la metralla en medio de la noche y quedaron sus cuerpos inermes dentro de un auto o botados en el camino, para volver a recordarnos, que en México ser joven es un estatus de alto riesgo y motivo de revictimización desde las altas esferas de la función pública.

Allí, está, como confirmación, la expresión del presidente López Obrador, quien sin información consistente se atrevió a decir en su “mañanera” lo siguiente: “Lo que sucedió es que los jóvenes estudiantes, incluso de medicina (sic), fueron a una fiesta a Querétaro, de regreso se fueron a Villagrán y en algún lugar, pasaron, esto es hipotético, a un lugar supuestamente para la adquisición de droga y ahí los asesinaron”.

La pregunta si es una hipótesis entre otras por investigar -si es que se investiga y no a solo se reduce simplemente a abrir una carpeta de investigación, como frecuentemente sucede con este tipo de casos que destrozan familias- ¿cómo el presidente humanista se atrevió a expresarlo públicamente sin ninguna evidencia?

Esta lógica, malsana, lleva inevitablemente a que se hable menos de las víctimas y más de lo que ha dicho el presidente en perjuicio de la verdad y la honorabilidad de estos jóvenes que se suman a los de Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas…

El presidente al decir que es una hipótesis actuó con irresponsabilidad y falta el respeto por las víctimas que reclaman empatía y una acción de gobierno para detener a los culpables de este nuevo crimen brutal contra la juventud mexicana.

Y, al hacerlo así, no respeta a los padres. No respeta a sus amigos y compañeros de universidad. A sus maestros.  Y menos, al debido proceso de esclarecimiento de estos hechos fatales. A lo mejor lo hace porque supone que nunca se detendrán a los culpables de este crimen horrendo.

La egolatría del presidente López Obrador lo lleva una y otra vez hacer lo mismo. Sucedió, recientemente, en el Acapulco con las víctimas del huracán Otis, cuando dijo que no tenía contacto con los deudos y damnificados para que “no se afectara su investidura presidencial” ante la posibilidad, de que la molestia de los acapulqueños se convirtiera en groserías directas contra quien, recordemos, siendo opositor aprovechaba este tipo de tragedias para capitalizarlas políticamente.

Y, entonces ante la insensatez, el foco mediático se puso sobre él y no en las víctimas, las cuales están recibiendo a cuentagotas el apoyo de los gobiernos para hallar a sus desaparecidos, reconstruir sus viviendas, recuperar su empleo, normalizar su vida.

En México, están asesinando a los jóvenes, sin que haya una reacción de acuerdo con la dimensión del drama humano. Este segmento de edad se ha vuelto de altísimo riesgo. Las estadísticas de homicidios dolosos de acuerdo con información de INEGI en 2022 “En 70 por ciento de los 32 mil 223 homicidios la víctima tenía entre 15 y 44 años, y de estos casos, 86 por ciento las víctimas eran hombres y 12 por ciento mujeres”.

Además, segmentando las edades para ese mismo año: “Asesinaron a 6 mil 390 personas de edades de 15 a 24 años; 9 mil 227, en edades de 25 a 34 años, y a 6 mil 949 personas de edades que van de 35 a 44 años. En total, estos tres bloques suman 22 mil 566 personas”.

En cuanto al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda: “Las niñas y jovencitas representan más de la mitad del total de personas que desaparecieron cuando eran menores de edad, con 7 mil 032 reportes (55.13 por ciento); en tanto que 5 mil 682 desapariciones corresponden a desapariciones de niños y hombres adolescentes (44.55 por ciento), y 41 reportes (0.32 por ciento) están como “indeterminados”.

Y mucho de este atropello contra los jóvenes encuentra su explicación en el fracaso de la política de seguridad de “abrazos, no balazos”, que ha terminado allanando el camino para que los cárteles transiten y capturen territorios enteros.

Y cuando esto sucede, frecuentemente, hay una captura de las instituciones de seguridad. Lo que significa que los ciudadanos quedan igualmente capturados y a merced de la delincuencia.

No es casual que está semana el número de los homicidios dolosos ya escaló hasta las 173 mil víctimas mortales y podría llegar tendencialmente a los 200 mil para cuando termine la gestión del presidente López Obrador, muy por encima de las 60 mil de Felipe Calderón o las 100 mil de Enrique Peña Nieto – sí, 360 mil vidas perdidas, en los últimos 18 años.

Una gestión que estará manchada por la incapacidad para contener el flagelo de violencia criminal. Y si está política desastrosa en materia de seguridad pública se hereda a la siguiente administración lo que estamos viendo será una minucia ante lo que puede llegar a suceder el resto de esta década, paradójicamente, la de mayor financiamiento público en seguridad pública y más militarizada desde la revolución de 1910.

Vamos, mucho de esta violencia criminal, se explica por las múltiples tareas que le han asignado al ejército ya que los ha llevado a desatender las que están establecidas en la Constitución y las leyes reglamentarias.

No hay que olvidar que en política no hay vacíos. Estos siempre se llenan y la mayor tragedia es que se llenan con malos mexicanos. Aquellos que son parte del crimen organizado. Y que están detrás de las muertes de los jóvenes de Celaya y lo van a seguir haciendo porque saben que la tolerancia contempla impunidad.

En definitiva, es parte del insumo de la política de “abrazos no balazos” y también de las hipótesis del presidente que buscan con la revictimización dar la vuelta a la narrativa presentando como culpables a las víctimas de estos crímenes cuando se les inscribe en la idea fácil, miserable, de que si los asesinaron es porque estos muchachos “pasaron a comprar droga”. Quizá, lo mismo se dijo, de los dueños de los rostros que ilustran calles y muros de Sinaloa.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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