Las revelaciones del uso de paraísos fiscales por parte de grandes empresarios iniciaron con la filtración masiva de datos de los Offshore Leaks en 2013, hasta llegar a los Paradise Papers de este año. La evasión fiscal –en general–, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, cuesta a México el 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto.
Ante los escándalos de presunta defraudación fiscal a nivel global en los que políticos y grandes empresarios mexicanos se han visto involucrados, además de figuras de interés público para nuestra nación, las autoridades –de acuerdo con datos recientes del Servicio de Administración Tributaria– han recuperado 700 millones de pesos en cobros por “contribuciones omitidas”. Sin embargo, hasta ahora, no hay detenidos o acciones penales imputadas.
Mientras tanto, los grandes contribuyentes se benefician con jugosas condonaciones de deudas por parte del Gobierno federal, en un país donde la clase más adinerada paga, en proporción, menos de lo que debería.
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Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– Los escándalos de defraudación tributaria, a través de intrincadas redes de cuentas bancarias y de inversiones en paraísos fiscales, que se desprendieron de la filtración de millones de documentos en los últimos años y que fueron dados a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) –llámense Offshore Leaks (2013), Panama Papers (2016), Bahamas Leaks (2016) o Paradise Papers (2017)–, no sólo han menoscabado la imagen pública de funcionarios, empresarios y personalidades de interés común en México; también han destapado un nido de opacidad y de presunta corrupción que está impune, de acuerdo con distintos grupos civiles. Mientras tanto, las promesas por parte del Gobierno federal de investigar y de llevar ante la justicia a quienes hayan violado la Ley se quedan en el aire.
Corría abril de 2013 y los llamados Offshore Leaks estallaban. Cerca de 130 mil documentos liberados al escrutinio publico daban testimonio de la amplitud con que las élites del mundo evadían el pago de impuestos. La filtración fue llamada, en su momento, “el más grande golpe de todos los tiempos en contra de la defraudación fiscal”. Un compendio de papeles en los que al menos figuraban tres empresas [Selmont Holdings Inc., Alta Vista Corp. y Adino Capital Markets], 43 individuos y dos intermediarios, todos ligados a México.
Dos meses más tarde, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la firma de un acuerdo con cinco naciones europeas –Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia– cuya finalidad era frenar la evasión fiscal de las empresas trasnacionales. Hasta entonces, México contaba con un acuerdo parecido con Chile, Colombia, Estados Unidos y Perú. Sin embargo, los Offshore Leaks sucedieron y el caso quedó enterrado. No se dijo más al respecto.
Un par de años después, volvió a suceder. Millones de documentos de compañías, fondos y fundaciones registradas en Panamá atiborraron las planas de periódicos e inundaron los temas en medios de comunicación con una sola noticia: los Panamá Papers, mismos que daban cuenta de 65 compañías, 246 individuos y al menos 37 intermediarios vinculados a nuestro país, en un mar de escándalos de supuesta evasión fiscal. Sólo que esta vez brotaron nombres importantes por su estrecha relación con el Gobierno o con el habitante de Los Pinos.
Se trataba de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa –quien erigió la denominada “casa blanca” y la residencia en Malinalco de Luis Videgaray Caso–, quien estuvo detrás de un presunto desvío de 100 millones de dólares, a través de tres fideicomisos y varias cuentas bancarias.
En la lista también figuraron los socios de Oceanografía –empresa culpable de un fraude multimillonario denunciado por Citigroup en febrero de 2014– Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio; el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, hoy investigado por supuestamente haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de parte de Odebrecht; Omar Yunes Márquez, hijo del actual Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares; Óscar Fernando Trujano Sandoval, funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) –de quien, según el propio SAT, sólo se hizo referencia como “prospecto de intermediario”, por lo que no hubo cargos en su contra–, entre otros.
La respuesta del SAT, luego del altercado, llegó sin demoras. De la mano de su titular Aristóteles Núñez, la dependencia informó que había hecho la entrega de “10 cartas invitación” para algunos de los implicados en los Panama Papers, quienes tuvieron 10 días hábiles para aclarar sus operaciones financieras, o de lo contrario, el SAT les practicaría una auditoría.
Pasaron las semanas, y transcurrido un mes, el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer su primer informe preliminar sobre los Panama Papers. El SAT refirió que estaba tras la pista de “33 sujetos”, 29 personas físicas y cuatro empresas mexicanas. Poco después, hubo un segundo informe en el que la dependencia federal aseguraba haber identificado a “311 sujetos implicados” [280 personas físicas y 31 empresas mexicanas].
De esos 311 sujetos, 211 estaban inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes [189 personas físicas y 22 empresas]. Y de aquellos 211, 163 habían presentado declaraciones fiscales durante los ejercicios 2010 a 2014, por un monto acumulado de “poco más de 5 mil 615 millones de pesos” [2 mil 253 millones pagados por personas físicas y 3 mil 362 millones por empresas], se lee en el documento del SAT.
Asimismo, la institución refirió que 67 de los 211 contribuyentes habían sido “sujetos de auditorías fiscales realizadas por el SAT con una recuperación a favor del fisco por 438 millones de pesos y aún se encuentran liquidaciones en proceso de cobro por 187 millones de pesos”, explica su informe.
Para entonces, el SAT ya no había emitido 10 sino 26 “cartas de invitación” para esclarecer operaciones financieras. Hasta mayo de 2016, “de las cartas notificadas [24 de 26 emitidas], se han recibido a 16 sujetos, quienes han presentado 18 declaraciones complementarias por los ejercicios fiscales comprendidos entre 2011 y 2015”, señaló el SAT. La situación derivó en la recaudación de 300 millones 900 mil pesos, pero no hubo detenidos.
A pesar del esfuerzo, la inteligencia fiscal falló. Según el SAT, a través de solicitudes de información institucional, le pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a 70 entidades financieras que dieran a conocer si estos 211 contribuyentes habían realizado pagos bajo el esquema de “Pago Anónimo”, durante el periodo 2010-2014. La respuesta fue parca: 50 instituciones financieras dijeron no contar con esa información; seis aseveraron no poder proporcionar los datos, y otras seis más no se molestaron en contestar. El resto [ocho] proporcionó la información de dos “sujetos”.
Hoy, a un año y ocho meses del destape de los Panama Papers, el SAT, en la voz de su titular Osvaldo Antonio Santín Quiroz, reconoce que la mayor parte de las investigaciones y de las más de 100 auditorias “están concluidas con recaudación o con cobros por contribuciones omitidas, y algunas de ellas, incluso, todavía están en proceso”, dijo recientemente en entrevista con Fórmula Financiera.
En el caso del monto derivado de estas recaudaciones, mencionó que es cercana a los 700 millones de pesos. Sin embargo, apuntó, en ningún caso se identificó un problema en materia penal “y por lo tanto no tenemos ninguna sanción de ese tipo”.
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LOS ESCÁNDALOS NO PARARON AHÍ
Cuando el país apenas se recuperaba de los Panama Papers, en septiembre de 2016, salió a la luz otro listado de personas que podrían recurrir al uso y creación de empresas offshore para esconder su peculio. Pero ahora en las Bahamas, un país que, al igual que Panamá, es considerado un paraíso fiscal.
Entonces el SAT prometió actuar “conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, y como en el caso de la investigación denominada Panama Papers, informará periódicamente los avances a través de su portal de internet”, indicaba uno de sus comunicados. En lo ulterior, no se supo más al respecto.
Los Bahamas Leaks pusieron en la lista de “sujetos” con operaciones offshore a varios políticos, empresarios y diversas personalidades ligadas a México. Destacan el ex Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y dos personas que fueran sus socios: Julio Esponda y Alberto Zinser, ambos relacionados con la empresa Majo Don’t B Laight LTD; el ex Gobernador de Nuevo León [1997-2003] y Secretario de Energía y Economía durante el sexenio de Vicente Fox Quezada, Fernando de Jesús Canales Clariond, quien figuraba como el director de la empresa Yukali Subsidiary Corp, registrada en Bahamas; Dionisio Garza Sada [Grupo Alfa]; María Teresa Martín Bringas [Soriana]; Ricardo Pierdant [Crimson Worldwide y Grantley Ventures]; además de Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir [Grupo Imagen, Excelsior, entre otros]; y la periodista Martha Debayle y el hijo de Joaquín López Dóriga, Joaquín López-Dóriga López Ostolaza; entre muchos otros.
La historia de evasiones fiscales a través de redes de cuentas bancarias y de inversiones en paraísos fiscales se había detenido hasta ese punto. El silencio no aguardaría mucho para romperse. El 5 de noviembre de este año, nuevas filtraciones quebraron el sigilo con un acumulado de 13.4 millones de archivos que conforman los denominados Paradise Papers.
Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, entre los inversionistas involucrados se encuentran los mexicanos Ricardo Salinas Pliego, principal accionista de Grupo Salinas; Carlos Slim, dueño de Grupo Carso; Roberto González Barrera, fundador de Grupo Maseca; Enrique Coppel Luken, ex presidente de Grupo Coppel; Marcial Maciel, fenecido sacerdote quien fundó a la organización religiosa de los Legionarios de Cristo; Joaquín Gamboa Pascoe, quien fuera líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y uno de los pilares del Partido Revolucionario Institucional (PRI); y más.
De nueva cuenta, los más ricos y poderosos de México aparecieron en la lista. Esto en un país en el que la evasión fiscal es un grave problema, pues hasta el año pasado, nos costó el equivalente al 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); o lo que es igual, 483 mil 874 millones de pesos, refieren datos de la Cuenta Pública de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Este monto alcanzaría para saldar –con creces– las deudas contraídas por los ex gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz [273 mil 638 millones 300 mil pesos, en conjunto].
El escenario se agrava aún más si consideramos las condonaciones masivas de pagos de impuestos, multas, recargos, entre otros, que la Secretaría de Hacienda le concede a los grandes contribuyentes. SinEmbargo publicó el año pasado que, entre mayo de 2015 y mayo de 2016, el SAT les canceló y condonó un monto total de 50 mil 845 millones 151 mil 387 pesos, equivalente, por ejemplo, a 1.4 veces el presupuesto asignado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2016.
Entre los beneficiados estuvieron grandes contribuyentes y funcionarios públicos, entre ellos, Jorge Alberto Clouthier Herrera, quien trabajaba para la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SEDET) de Tamaulipas y a quien le fueron condonados 103 millones 044 mil 167 pesos; Juan José Escandón Paz, señalado como el socio de narcotraficante Zhenli Ye Gon [25 millones 298 mil 872 pesos]; la empresa Corphomed S.A. de C.V. señalada de haber defraudado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2008 y 2011 [98 millones 395 mil 425 pesos]; la compañía Excelencia en Eventos Gastronómicos S.A. de C.V., que fuera una de las principales contratistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para realizar servicios de limpieza [171 millones 722 mil 484 pesos]; Casas Geo [4 mil 437 millones 180 mil 600 pesos perdonados de una multa por no pagar impuestos]; Banco Multiva [2 millones 228 mil 405 pesos]; Banco Inbursa y Patrimonial Inbursa [2 millones 600 mil pesos]; Televisa [3 mil 492 millones 637 mil 85 pesos entre 2013 y 2015]; Tv Azteca [13 millones 280 mil pesos]; y muchos otros más.
Entre 2008 y 2016, de acuerdo con datos del SAT, el Gobierno federal no cobró 593 mil 448 millones de pesos como parte de sus condonaciones masivas a personas físicas y morales. Esta cantidad equivale a todo el gasto ejercido en educación en México durante 2015.
Al día de hoy, en el marco de los denominados Paradise Papers, el SAT notificó por la vía de un comunicado que “la información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley”. La dependencia refirió, asimismo, que invocará los acuerdos internacionales de intercambio de información para dar respuesta oportuna a esta situación.
“Con la reciente publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, [el SAT] revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México”, señala en su publicación.
Hasta noviembre de este año, según el SAT, de un total de 300 mil millones de pesos registrados en el extranjero, cerca de 20 mil millones ingresaron a las arcas nacionales, a través del programa de repatriación de capitales.
De acuerdo con el jefe de la dependencia federal, Osvaldo Santín, “El SAT actúa de inmediato, coteja datos, y de encontrar alguna anomalía, envía en primer momento cartas invitación. Si no se resuelve [el asunto], se llevan a cabo actos de fiscalización más profundos como las auditorías”.
Según Santín, a raíz de los Paradise Papers, hay 87 mexicanos con operaciones en el extranjero cuya situación financiera será revisada por el SAT, a partir de un proceso de corroboración de datos con base en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Hasta el momento, los involucrados no se han acercado al SAT con la finalidad de aclarar su situación.
Pero el problema también es interno. El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por su parte, ya presentó una centena de solicitudes de información, al margen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para saber si alguna de las 5 mil 815 empresas fantasma detectadas por el SAT –según una lista publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF)– hizo negocios con dependencias del Gobierno federal.
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