Esta semana se cumplen siete años desde que el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó su guerra contra el narcotráfico. Todavía no tenemos cifras cerradas sobre el resultado, pero organizaciones y medios calculan que entre 60 y 90 mil perdieron la vida a causa de una estrategia mal planeada y mal ejecutada. Se habla de 25 mil mexicanos desaparecieron en dos años, también. Pero nunca sabremos muchas cosas. Como cuántos ciudadanos extranjeros fueron secuestrados y asesinados por los narcotraficantes, que encontraron en la migración una nueva fuente de ingresos. O cuántos mexicanos. Lo peor, dicen organizaciones internacionales, es que Enrique Peña Nieto parece no haberse dado cuenta de la tragedia. Los migrantes no están, simplemente, en su agenda…
Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– Ambos tienen objetivos distintos: unos trafican drogas y los otros, persiguen el “sueño americano”. Y ambos viajan por rutas paralelas y en el camino, se encuentran.
Pero la balanza en este encuentro se inclina hacia los traficantes de drogas. Encuentran en los migrantes centroamericanos, que cruzan por la República Mexicana con la esperanza de llegar a Estados Unidos, todo un negocio aparte: secuestro, extorsión, reclutamiento y trata.
Y esto se hizo más grave desde que, hace 7 años, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzara su guerra contra el narcotráfico. Una tragedia que algunos señalan como emergencia humanitaria.
“La migración se está integrando a un esquema de diversificación de los propios narcotraficantes ahora que el Estado Mexicano está diseñando estrategias de contención contra el crimen organizado. Lo que está haciendo el narcotráfico cuando toma en sus manos al migrante es tener una alternativa adicional de ingresos dado el riesgo que está teniendo a propósito de los ingresos tradicionales por la compra, venta, traslado de drogas”, dijo Javier Urbano Reyes, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana (UIA).
Urbano explicó: “En todos los casos el migrante es un actor que por las circunstancias está confluyendo por la mismas rutas de tráfico de drogas y en segundo lugar el propio migrante se ha integrado como una fuente tradicional de recursos y están saliendo dos tipos de productos: el migrante utilizado como mercancía y el reclutado como sicario, pero este último vínculo es muy forzado por el narcotraficante”.
De acuerdo con el experto, no existen cifras exactas del porcentaje de migrantes que son reclutados en las filas del narco; tampoco las hay sobre los abusos a los que son sometidos durante su paso por la Ruta del Migrante a bordo de La Bestia.
Pero sí se tiene documentado que el negocio masivo para los criminales en cuanto a los indocumentados es la extorsión y el secuestro.
“Se sabe bien que hay una cuota que oscila entre los 100 y los 500 dólares para poder ir sobre La Bestia y si la persona no tiene para pagar es arrojado del tren. También se sabe que existen gran número de casas de seguridad a donde llevan a los migrantes secuestrados; que desde allí se pide rescate a sus familiares y si no pagan, los matan”, detalló.
Las mujeres son violadas y secuestradas para utilizarlas en la trata como esclavas sexuales; sin embargo para Urbano, esta realidad apenas se conoce por la falta de registro, atención y seguimiento de las autoridades mexicanas.
San Fernando le dio rostro a una realidad que los activistas y expertos en el tema migratorio denunciaban desde hace tiempo.
La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, todavía está fresca en la memoria a pesar de que ya pasaron tres años. Aquel 22 de agosto de 2010 México recibió la noticia del hallazgo de los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres maniatados, ejecutados por la espalda y apilados en un terreno baldío. Los muertos, provenían de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Brasil.
El crimen se conoció gracias a que un ecuatoriano logró huir de sus secuestradores y de la muerte (a pesar de que le dispararon) y reveló el lugar donde estaban abandonados los cadáveres. La funcionaria a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) era una mujer sin experiencia en el tema, con la única credencial de ser amiga del Presidente.
Después de su renuncia para irse de Secretaria General del Partido Acción Nacional (PAN) diría en una entrevista que la tragedia de San Fernando sería “una línea más” en su currículum.
Fray Tomás González Castillo, director del albergue La 72 de Tenosique, Tabasco, un activista social que permanece amenazado de muerte, bautizó con ese nombre al lugar que hoy recibe alrededor de 150 indocumentados centroamericanos diarios, en memoria de los masacrados en San Fernando.
Para el sacerdote, la masacre de San Fernando sólo puso sobre la mesa una realidad que sucedería todos los días a lo largo del país.
“Cuando pasa la masacre, todos se vuelvan a ver este problema. Esos 72 son los que se saben porque logró escapar uno, pero cuántos no hay como ellos en las fosas clandestinas”, dijo.
Fray Tomás está familiarizado con el drama que viven los migrantes. A lo largo de su trayectoria como defensor de los centroamericanos, ha sido testigo de toda clase de vejaciones.
El sacerdote y otros activistas que lo apoyan, igual que el padre Alejandro Solalinde, los han visto muertos en las vías del tren. Los han descubierto en fosas.
“Mientras Estados Unidos levanta fosas, aquí cavamos fosas para enterrarlos”, dijo Fray Tomás.
Hace apenas unas semanas, Alejandro Solalinde denunció el hallazgo de fosas clandestinas en Oaxaca con una cantidad “escandalosa” de cuerpos sin órganos, aparentemente de migrantes, en fosas clandestinas.
El director del albergue Hermanos en el Camino afirmó que el hallazgo podría corroborar que “existen organizaciones que usan indocumentados para el tráfico ilegal de órganos ya que aseguro que tanto este delito como el tráfico de infantes existen”.
“Me preocupa porque sí hay tráfico de niños, me preocupa porque hay tráfico de órganos. Sí hay, en algún lugar que por ahorita no puedo revelar, yacimientos de cuerpos sin órganos y esto es grave. Fui informado por autoridades de algún estado, no puedo decir en dónde porque necesitamos ver con las autoridades”, indicó Solalinde luego de recibir el premio “Juan de Palafox y Mendoza”, que otorga el municipio de Puebla.
Sin embargo, el Estado mexicano parece permanecer estático ante la evidencia.
Una semana después de la masacre de San Fernando cometido por el crimen organizado, el gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó un programa para proteger a los indocumentados de paso por el país a través de cinco medidas: establecer convenios de colaboración con los gobiernos de los estados de la Ruta del Migrante, desarticular a las bandas tratantes de personas, vigilar las vías férreas, un plan para informar sobre los peligros en el cruce por México y mejorar la atención a las víctimas extranjeras.
Pero el plan de Calderón Hinojosa sólo se quedó en buenos deseos, mientras que el nuevo gobierno priista bajo el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto, no hizo gran cosa por detener los asesinatos y secuestros que suceden todos los días a lo largo de las vías del tren.
“En términos prácticos no creemos que hayan servido los compromisos que se desprendieron después de la masacre, porque no se han cumplido. El programa se dio durante la administración anterior, pero la obligación de proteger a los migrantes y a los activistas sociales que luchan por ellos, no se está cuidando tampoco en la presente administración. No se están dando los pasos adecuados para perseguir a quienes cometen abusos, asesinan y secuestran a los indocumentados”, dijo Daniel Zapico, director de Amnistía Internacional México.
Zapico agregó que la situación de los indocumentados en su paso por el país, no es mejor que hace tres años.
“Hay una enorme preocupación porque no sabemos cómo piensa el Gobierno Federal abordar este problema”, indicó.
Fray Tomás González Castillo dijo que el Estado mexicano no aprendió nada de la masacre de San Fernando.
“No aprendió nada, al contrario, no se ha hecho nada. Estamos a tres años y no hay justicia ni reparación del daño. Hace unos días tuvimos contacto con dos familiares de los masacrados, una señora de Guatemala que perdió a su esposo y otros parientes, y una mujer de Brasil. La brasileña nos dijo que el gobierno mexicano le mandó un cuerpo que no es el de su familiar”, narró el sacerdote.
Fray Tomás estimó que 70 por ciento de los migrantes centroamericanos que tratan de cruzar México son asaltados entre Tenosique y Coatzacoalcos y alrededor de 1% asesinados.
Rubén Figueroa, un activista que se encuentra exiliado del país por las amenazas de muerte en su contra debido a su activismo en La 72, aseguró que diariamente tenía conocimiento de cuatro migrantes muertos sobre las vías del tren. Las mujeres centroamericanas son violadas y secuestradas para obligarlas a prostituirse y los niños son víctimas de trata de personas, dijo.
“La tragedia humanitaria es enorme. Ahorita el albergue se quedó vacío y qué crees que puede pasar con esa gente. Seguramente van muchos criminales arriba que más adelante, empiezan a sacar sus armas, amenazar a los migrantes, más adelante se suben más delincuentes, en algún punto de la ruta migratoria tiran a uno, a dos. Nosotros durante esta última semana hemos detectado muchos migrantes mutilados, muertos porque los tiran del tren. Es algo muy fuerte convivir con la muerte y la sangre”.
NO HAY DATOS PRECISOS
Daniel Zapico, de Amnistía Internacional dijo que el problema principal que enfrenta México en torno al tema migratorio, es que no cuenta con datos precisos de cuántos migrantes son secuestrados y asesinados en el país.
“Si no hay información, si no hay datos oficiales es difícil de realzar políticas públicas. Nunca sabremos si mejoró o no. Hay muy pocos datos disponibles la Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDH] publicó en su último informe sobre migración en 2011 que cerca de 11 mil migrantes fueron secuestrados en seis meses, es decir, si lo llevamos a un año, son 22 mil”, dijo.
Pero a pesar de que existen esfuerzos de organizaciones civiles por darle datos duros al tema de migratorio en México, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) carecen de estas cifras.
“La Segob y la PGR no dan esas cifras porque no se molestan en recoger los datos. No se molestan en saber lo que hay y difícilmente van actuar. Hay estudios que apuntan que hasta 60 por ciento de las mujeres y niñas que atraviesan México, sufren algún tipo de violencia sexual”, indicó.
Zapico recordó que las mujeres centroamericanas antes de viajar a México se inyectan anticonceptivos de larga duración, para evitar un embarazo ante la posibilidad de ser violadas en el trayecto de la Ruta del Migrante.
Según el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicado en 2011, existen distintas cifras sobre la cantidad de migrantes indocumentados que transitan por el país.
Los datos de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), anualmente ingresan 150 mil centroamericanos, pero organismos de la sociedad civil aseguran que son 400 mil.
Sobre la cantidad de migrantes secuestrados, las cifras que las autoridades le reportan a la CNDH son marginales. Pero de acuerdo con el trabajo de campo que realizó la Comisión donde entrevistó a 68 mil 095 personas, la violencia en contra de los migrantes no disminuye, sino se incrementa y el crimen organizado se especializa para cometer sus ilícitos.
“En un periodo de seis meses se documentó un total de 214 eventos de secuestro, de los cuales, según el testimonio de las víctimas y testigos de hechos, resultaron 11 mil 333 víctimas. Esta cifra refleja que no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices del secuestro en perjuicio de la población migrante”, dice el documento.
En cuanto a las víctimas de secuestro 44.3% por ciento son hondureños; 16.2 por ciento salvadoreños; 11.2 por cuento guatemaltecos; 10.6 por ciento mexicanos; 5 por ciento cubanos; 4.4 por ciento nicaragüenses; 1.6 por ciento colombianos y 0.5 por ciento de ecuatorianos.
La CNDH documentó que 67.4 por ciento de los ilícitos sucedieron en el sureste del país (Veracruz, Tabasco y Chiapas); 29.2 por ciento en el norte y 2.2 por ciento en el centro.
En gran parte de los casos, las víctimas denuncian colusión entre las corporaciones policiacas, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) e instituciones de Seguridad Pública estatal y federal, con las bandas del crimen organizado.
Existen otra serie de datos recabados directamente por los activistas sociales que trabajan en los albergues, como Rubén Figueroa y Fray Tomás, quienes reconocen a los criminales físicamente, a través de tatuajes, rostros y apodos. Conocen sus movimientos y modus operandi, y a pesar de ello y de las denuncias penales que han realizado, siguen libres y cometen ilícitos con libertad.
De acuerdo con Fray Tomás González Castillo del total de indocumentados que pasan por Tenosique 15 por ciento son menores de edad entre nueve a 17 años; 10 por ciento son mujeres; 2 por ciento madres con niños y embarazadas y la gran mayoría, 90 por ciento, son hombres.
La ruta más peligrosa para los migrantes en el sureste es la que inicia en Tenosique –desde que inician su camino a pie ya son víctimas de robo y ataques sexuales–, hasta la que se extiende a lo largo de las vías ferroviarias.
Un indocumentado tarda 20 días aproximadamente para llegar por tren a alguno de los estados fronterizos con Estados Unidos.
“Las amenazas vienen desde miradas. Si me ven en las vías me dicen que me van a matar. Algunas las he hecho públicas, otras no. Ellos están cazando a sus víctimas y son asesinos. Es una labor muy peligrosa, pero yo tengo que ser muy cabrón para defender a los migrantes. Conocer sus operaciones, ubicarlos, saber quiénes son”, dijo Rubén Figueroa en abril, cuando aún se encontraba en el albergue La 72.
Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado la violencia contra las mujeres migrantes.
En su informe Víctimas Invisibles, Migrantes en Movimiento en México, la organización dice que existe un consenso entre organizaciones civiles y de salud, donde revelan que seis de cada 10 mujeres y niñas indocumentadas son violadas en el país.
El peligro principal es para aquellas que viajan por la zona del tren, pues son presas de bandas delictivas, traficantes de personas, otros migrantes o funcionarios públicos corruptos.
2013, UN AÑO VIOLENTO
En el tema migratorio, la administración de Enrique Peña Nieto, no solo no cuenta con avances, sino que la situación empeoró en lo que va del año, dijo Javier Urbano.
El especialista explicó que el Gobierno Federal solo se quedó en declaraciones y buenas intenciones, pero en poco trabajo de campo.
“La situación respecto a la administración de Felipe Calderón no se ha movido, se ha agravado. Hace un año o dos el cobro de los 100 dólares arriba del tren a los migrantes no existía, es un tema de esta administración. Se agravaron las violaciones a las mujeres, se multiplicaron las extorsiones, secuestros, han aparecido cosas emergentes, no sólo no mejora, sino que empeora”, dijo.
El 2 de mayo, en el tramo de Canticas en el kilómetro 25 del municipio de Cosoleacaque, Veracruz, más de 300 migrantes fueron atacados a machetazos, con armas de fuego y lanzados del tren por no poder pagar la cuota de los 100 dólares.
Un hecho que el gobierno de Veracruz negó al declarar que se trató de una riña entre personas alcoholizadas.
A finales de ese mes, elementos de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes detuvieron a una banda de extorsionadores que operaba en la zona ferroviaria de Palenque, Chiapas.
Hace unos días el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) dio a conocer que del 23 de septiembre de 2012 a la misma fecha de 2013, se registraron 23 muertes de migrantes en 15 accidentes de tren.
Esta información se desprendió de la información que el Instituto Nacional de Migración (INM) proporcionó a un particular que solicitó conocer el número de migrantes fallecidos y el total de accidentes del tren conocido como “La Bestia”.
En un comunicado el IFAI precisó que en primera instancia el órgano de la Secretaría de Gobernación orientó la solicitud a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
“Por conducto de la Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación, manifestó que los Grupos Beta de Protección a Migrantes dan aviso a la autoridad ministerial de los accidentes que ocurren en rutas de flujo migratorio, para los trámites de rigor”, dijo.
De acuerdo con información proporcionada por las delegaciones del INM de Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Tabasco y Veracruz, en la primera entidad se reportaron tres fallecidos en siete accidentes, y uno en igual número de accidentes en el segundo y tercer estados.
Mientras que en Tabasco se tiene un registro de 11 fallecidos en un accidente y en Veracruz reportó siete fallecidos en cinco incidentes.
Migrantes y activistas han denunciado que las muertes que ocurren a bordo de “La Bestia”, en su mayoría, son asesinatos del crimen organizado.
El 26 de noviembre al menos dos migrantes que viajaban sobre ”La Bestia” cerca de Acayucan, Veracruz, perdieron la vida luego de que un grupo armado abriera fuego contra los tripulantes del tren de carga que no les pagaron una “cuota”.
De acuerdo con reportes de la prensa local, el ataque ocurrió entre Medias Aguas y Juan Rodríguez Clara, cuando el grupo de migrantes que se transportaba se negó aportar la cantidad solicitada por los criminales.
Versiones de algunas personas que alcanzaron a huir y que son citadas por la prensa de Veracruz refieren que el número de víctimas podrían llegar a ser hasta de 10.
La Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) sólo reconoció a dos personas muertas.
Al parecer cuatro sujetos de origen hondureño, dos de ellos portando armas de fuego y los otros dos, armas blanca, exigieron la “cuota” de 100 dólares a los indocumentados para poder continuar su camino; sin embargo, ante la negativa de alguno de ellos fue como inició la agresión.
Extraoficialmente se indicó que los sobrevivientes pidieron apoyo a los policías de Juan Rodríguez Clara y los cuerpos de auxilio, quienes acudieron a las vías donde trascendió el hallazgo de los cuerpos sin vida.
La delegación en Veracruz del Instituto Nacional de Migración informó que ya se investiga los hechos para dar con las causas que desataron la violencia. Los primeros informes señalan que hay 18 personas rescatadas que viajaban con los agredidos. Además de un joven de 34 años que responde al nombre de Gilberto “N”, que está herido e internado en el Hospital Regional de Oluta.
Una semana después de este suceso, el 3 de diciembre, un comando armado asaltó y desnudó alrededor de 100 migrantes que viajaban en “La Bestia”.
El ataque ocurrió en el punto conocido como “Corazones Chahuites” en el tramo Arriaga, Chiapas- Ciudad Ixtepec, Oaxaca.
De acuerdo con la denuncia que presentaron los agredidos la noche del lunes a las autoridades de la Subprocuraduría Regional de Justicia y de la Fiscalía Especial para la Atención al Migrante, en el albergue “Hermanos en el Camino” de Ciudad Ixtepec, el asalto se registró alrededor de las tres y media de la madrugada.
“Los maquinistas pararon el tren porque en las vías habían palos y se obstruía el paso, fue ahí cuando alrededor de 10 personas con armas y machetes nos abordaron. A punta de mentadas y golpeando los machetes en los vagones nos bajaron. Nos quitaron todo, ropa, dinero, mochilas, zapatos y nos dejaron en calzones”, narró Timoteo Cazun Ruan, salvadoreño asaltado.
El padre Alejandro Solalinde denunció este nuevo asalto y señaló al maquinista como copartícipe del atraco, ya que detuvo la locomotora en el tramo denominado Los Corazones, sitio donde eran esperados por un grupo de sicarios que portaban armas de fuego y machetes, quienes únicamente pudieron controlar a los migrantes de un sólo vagón, donde viajan alrededor de cien personas.
“Los bajaron del vagón y los desnudaron por completo para poder quitarles todo lo que traían; sólo los dejaron en paños menores”, afirmó Solalinde.
El clérigo exigió a las autoridades responsables investigar el asalto masivo. Al gobierno de Oaxaca de Gabino Cué Monteagudo le solicitó implementar mejor la Fiscalía Especial de Atención al Migrante y que busque mejores estrategias de protección.
Asimismo exigió al Estado mexicano exigió velar por la integridad de los miles de migrantes que atraviesan el territorio, ya que está obligado a hacerlo.
De acuerdo con reportes de prensa, muchos de los migrantes saltaron del tren al ver al grupo de asaltantes y huyeron entre los matorrales.
El resto que no pudo correr se le arrebató toda la pertenencia que traían dejándolos sólo en ropa interior, algunos de ellos fueron golpeados en las espaldas con la parte plana de los machetes.
Las víctimas relataron que los asaltantes tenían el acento mexicano, por lo que se sospecha que el grupo sea de la zona de Chahuites.
El especialista Javier Urbano de la UIA dijo que esto sucede por el desconocimiento de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) de la legislación y la falta de sensibilidad en derechos humanos de los encargados de llevar el tema en México.
“El perfil del actual comisionado del Instituto no tiene las credenciales ni requisitos, ni perfiles, para hacerse cargo de una responsabilidad. Este mensaje indica el grado de irresponsabilidad del gobierno de Peña Nieto. No ha habido una lectura adecuada, la narrativa del gobierno del mexicano sigue siendo la misma narrativa migratoria de criminalizar por mucho que digan”, dijo.
Agregó que hace falta capacitación a las autoridades migratorias, así como una verificación efectiva de la Ruta del Migrante.
“Un punto que me preocupa es la falta de protocolos de protección para los defensores de migrantes. Las amenazas han empeorado durante esta administración. Por último en el tema de los desaparecidos, no existe una estructura formal para la búsqueda de los migrantes que desaparecen en su paso por México”.
Urbano propuso que el Gobierno Federal revise la legislación y le otorgue más facultades para actuar en la materia a los gobiernos locales.
“Está muy centralizado todo, hay que darle mayor flexibilidad a la Ley para que actúen los gobiernos”, indicó.
El experto agregó que México puede ser un ejemplo en materia de cooperación etiqueta recursos para apoyar a los países centroamericanos que expulsan migrantes.
“Es la única forma de que no salgan de sus países. México tiene muy bien identificados de qué regiones vienen. Vía del incentivo de desarrollo se podría ayudar a que no se vengan para acá. Los que trabajamos con ellos no quisiéramos verlos en el tren”, finalizó.
