El presidente de la CoVAJ indicó que “informar a la sociedad sobre los avances que tenemos no representa sino el cumplimiento de nuestras obligaciones”.
Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), declaró, respecto a la denuncia penal que anunciaron los abogados de cuatro militares presos por el caso Ayotzinapa, que pretender que garantizar el derecho a la verdad implica una violación a los derechos de los imputados es absurdo y aseveró que, detrás de quienes le acusan “están quienes pretenden mantener la impunidad sobre este caso”.
“Los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de #Ayotzinapa”, compartió en Twitter el Subsecretario junto a un video en el que afirma que la Comisión de la Verdad continuará con su labor.
El también titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) expuso que, pese a lo dicho por los abogados en su contra, es la Fiscalía General de la República (FGR) la que sustenta las imputaciones contra sus clientes, no la Comisión. “No puedo permitir que se manipule y desinforme sobre el trabajo que desempeñamos”, dijo.
Los que hoy me acusan son parte, de quienes vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de #Ayotzinapahttps://t.co/wlrsW0w4yS
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) November 9, 2022
“Quiero referirme a las declaraciones hechas el día de ayer por los abogados de los militares detenidos con relación al caso Ayotzinapa. En primer lugar, quiero señalar que es la Fiscalía General de la República quien ha sustentado las imputaciones contra los militares ante los tribunales con base en evidencias sólidas y contundentes, lo cual ha sido confirmado por un Juez al vincularlos a proceso”, expuso.
“Confío en que se obtendrán sentencias condenatorias, con lo que se dará un paso significativo contra la impunidad”.
Encinas aseguró que reconoce el legítimo derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso de los militares, “sin embargo, es importante reafirmar que el ejercicio de las funciones de la Comisión de la Verdad no implica afectación alguna a la presunción de inocencia o al debido proceso”, indicó, para luego agregar que “la Comisión busca y da con la seria información sobre los hechos. No somos jueces ni fiscales, pero colaboramos con ellos”.
“Informar a la sociedad sobre los avances que tenemos no representa sino el cumplimiento de nuestras obligaciones”, apuntó.
“Pretender que garantizar el derecho a la verdad implica una violación a los derechos de los imputados es absurdo. Sostener que, además, implica la comisión de algún delito, es una aberración. Quieren confundir para distraer la atención sobre su participación en estos hechos”.
Además, el presidente de la CoVAJ afirmó que, “contrario a lo que se pretende desinformar, el trabajo que hemos presentado no forma parte, hasta este momento, de los casos que la Fiscalía ha judicializado”, ya que la Fiscalía ha sustentado sus imputaciones en muchos otros elementos de prueba, y el Poder Judicial de la Federación, ha resuelto vincular a proceso a los militares implicados.
“Desafortunadamente, siguen arraigadas prácticas y personas del viejo régimen que deberían estar investigando con rigor e imparcialidad y que obedecen a intereses que buscan dinamitar nuestra misión y proteger a quienes durante años han buscado mantener la impunidad”.
“Aprovecho para informar que hemos entregado a la Fiscalía Especial un alcance de nuestro informe preliminar con el análisis de 154 eventos que conforman parte de nuestra investigación. Lamento que los abogados de los militares presuntamente involucrados en los hechos pretendan confundir y engañar para litigar en los medios lo que no pueden demostrar en los tribunales”, manifestó.
“Debo ser claro, los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Detrás de ellos están quienes pretenden mantener la impunidad sobre este caso”.
Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor del Subsecretario por la denuncia penal que los abogados anunciaron el día de ayer en contra de quienes resulten responsables de, presuntamente, falsear información.
“Ahora con el caso Ayotzinapa salieron cosas que estaban ahí. De repente se sintieron afectados los que dominaban en algunas áreas de la Fiscalía y daban protección, al grado de que ayer presentaron una denuncia unos abogados en contra de Alejandro Encinas. Quiere decir que vamos bien”, expresó desde Palacio Nacional en su conferencia matutina.
Ayer, los litigantes acusaron a Encinas Rodríguez de entorpecer la investigación y fabricar pruebas falsas en contra de sus clientes: el Subteniente Fabián Pirita Ochoa, el Sargento Eduardo Mota Esquivel, el General José Rodríguez Pérez y el Capitán José Martínez Crespo.
La demanda presentada ante la FGR fue por los delitos contra la administración de justicia y fabricación de pruebas en el caso Ayotzinapa, sobre los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Esta es la denuncia de hechos contra QRR interpuesta por cuatro militares acusados del crimen de los normalistas de #Ayotzinapa. pic.twitter.com/tQl37qYyx9
— Raymundo RivaPalacio (@rivapa) November 8, 2022
El mandatario usó la denuncia penal como ejemplo de que su administración difiere respecto a las anteriores, un símbolo de cambio de las estructuras de poder hacia el interés del Pueblo.
“Quiere decir que vamos bien porque Alejandro tiene todo nuestro apoyo. No les gustó lo que se hizo en una primera etapa. Es que imagínense si hubiese seguido la misma política, lo vuelvo a repetir, es donde todos los intereses cuentan, menos el interés del Pueblo, como sabíamos”, afirmó.
La tarde de ayer, los abogados desestimaron las pruebas presentadas por Encinas con anterioridad y pidieron su destitución por corromper el debido proceso, así como la presunción de inocencia de sus clientes, y, con ayuda de un video, indicaron que no es posible demostrar la veracidad de las conversaciones de WhatsApp mostradas como pruebas por el Subsecretario en su informe del pasado 18 de agosto.
“El Subsecretario hizo a un lado a sus colaboradores presentando a sus espaldas un informe falto de rigor, elaborado con evidencia cuestionable y puso en peligro el futuro de la investigación y las esperanzas de los familiares de los estudiantes y la confianza de la sociedad”.
Los licenciados dijeron que, al igual que Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), el Subsecretario Encinas debería separarse de su cargo “ya que además de tener un claro conflicto de interés, su permanencia en el cargo de la Comisión sólo puede ir en detrimento de la verdad y de la justicia”.
“Su conducta ha viciado el proceso, quizás de manera irreparable, y cada día que permanezca al frente de la Comisión seguirá destruyendo la confianza de los familiares de las víctimas y de la sociedad”, expusieron.
De igual forma, el abogado Alejandro Robledo Carretero señaló a Encinas de anteponer intereses políticos por encima del esclarecimiento de los hechos, puesto que “necesitaban un chivo expiatorio para justificar sus casi cuatro años de investigación y la verdad parece más distante que nunca”.
El pasado 27 de septiembre la defensa legal de los militares ya había rechazado las acusaciones del informe de la CoVAJ en contra de estos elementos del Ejército.
“Pedimos al Subsecretario Alejandro Encinas, presidente de la CoVAJ, deje de politizar las investigaciones, para que los padres de los estudiantes desaparecidos y todo México puedan realmente conocer la verdad y tener acceso a la justicia sin sesgos ni manipulaciones”, expuso el abogado César Omar González Hernández en conferencia de prensa.
Respecto al informe de la Comisión de la Verdad, los abogados dijeron que “se encuentra plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones, como la afirmación de que toda la información y productos obtenidos los han entregado a la Fiscalía especial para el caso y al GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes], lo que fue desmentido por éste”.
A las afueras de la Puerta 8 del Campo Militar 1-A, el legista Robledo Carretero explicó que no es posible que se haya dictado un auto de formal prisión basándose en las acusaciones de un testigo protegido sin considerar las pruebas presentadas, por lo que, afirman, el caso está “politizado”.
