En los últimos años, cientos de activistas y familiares de víctimas de feminicidio y violencia, han reclamado el actuar de las fiscalías estatales para atender estos casos. Se ha denunciado negligencia, maltrato y desinterés de parte de estos funcionarios que actúan frente a estos casos con misoginia e ignorancia a diario.
Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Son miles las mujeres víctimas de violencia en México. Es una constante que las sobrevivientes de ataques o las familias de quienes fueron asesinadas se encuentren en la búsqueda de justicia con un “segundo verdugo” en las fiscalías, esa autoridad que está facultada para aprehender y castigar a los agresores.
Ariadna, Debhani, María Elena, Luz Raquel, Lesby, Mariana… los ejemplos en los últimos años se acumulan.
Antes de que el término “feminicidio” se utilizara de manera más generalizada, activistas denunciaban que muchos asesinatos de mujeres se disfrazaron como suicidios con el fin de cerrar carpetas, apresurar investigaciones y dejar a las familias la pregunta de qué fue lo que llevó a su hijas, hermanas o esposas a tomar esa decisión, dejando de lado que la lesiones en su cuerpo gritaran otra cosa. En esas historias, las fiscalías han sido un personaje central.
Y esos órganos han sido acusado no sólo de ser omisos en los casos de feminicidio sino también cuando se trata de agresiones: a las mujeres que llegan denunciando violencia intrafamiliar o ataques con ácido han quedado en segundo plano por debajo del prejuicio de quien las atiende: ¿qué hizo para que la golpeara su marido?, ¿por qué andaba de novia si la trataba mal?, ¿por qué salió de noche? o ¿por qué se viste así?
Esta es una realidad que a diario enfrentan las abogadas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). En sus tareas de acompañamiento, la pelea con funcionarios que cierran investigaciones es una constante en la que deben exigir más de una autopsia o hasta la exhumación del cuerpo para demostrar que una mujer fue víctima de feminicidio.
En el caso de Ariadna Fernanda, el ejemplo más reciente de este actuar de las fiscalías, es que se determinó desde el primer minuto en que su cuerpo fue encontrado en Tepoztlán, Morelos, que la causa de su muerte fue por asfixiarse con su propia saliva, además de asegurar que abusó del alcohol. Días después la Fiscalía de la Ciudad de México aseguró con otra necropsia en mano que la joven tenía signos de golpes y que la causa de su muerte fue un trauma múltiple.
La Fiscalía de Morelos falló con el principio de que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse como feminicidio. Actualmente todos los estados de México cuentan con un protocolo para atender feminicidios, el problema, explicó María de la Luz Estrada Mendoza, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) es que aunque se tengan los estándares más avanzados en materia si hay corrupción nada funciona.
En entrevista con SinEmbargo, Estrada Mendoza comentó que Morelos tiene un tipo penal y un protocolo actualizado bajo los mejores estándares de debida diligencia “y mandata que toda muerte violenta de una mujer se debe investigar como feminicidio y no se implementa”.
“Es un tema de responsabilidad a las autoridades porque ante un caso como el de Ari, las deficiencias están en lo pericial. Una cosa es que lo tengan y otra es que lo apliquen. Puede haber negligencia, falta de expertise, pueden no tener perspectiva de género a pesar de ser fiscalías especializadas, el problema es cuando estás frente a corrupción porque ahí ningún tipo penal y ningún marco legal sirve”.
Estrada Mendoza considera que ese es el reto que tiene la Fiscalía de Morelos: demostrar si fue negligencia o corrupción.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al mes de septiembre se tiene registro de 695 presuntos delitos de feminicidio, de los cuales 26 han ocurrido en Morelos, entidad que se ubica como la octava demarcación con más delitos de este tipo.
Además, dos de sus municipios están en la lista de los más inseguros para las mujeres; son Cuautla y Cuernavaca.
LA REALIDAD DEL DÍA A DÍA
“Es muy grave lo que vivimos a diario quienes acompañamos casos de violencia contra mujeres y feminicidios. La autoridad ignora constantemente el protocolo para investigar los feminicidios”, comentó la activista.
Estos protocolos establecen que las autoridades están obligadas a no revictimizar, a tratar a las familiares y a las víctimas de las tragedias de manera digna y por eso la autoridad “tiene que cuidar la manera como hace sus comunicados, sus narraciones. Todo tiene que ir bajo el principio a la dignidad y la memoria de las mujeres que ya no están para defenderse”, explicó.
En ese sentido señaló que las autoridades pueden dar declaraciones pero no asegurar, desde que se halla el cuerpo de una mujer, que no se trata de un feminicidio cuando va iniciando la investigación.
En el caso de Ari, las autoridades recibieron la alerta de un cuerpo encontrado en Tepoztlán, un lugar en donde no se entiende cómo llegó y la autoridad calificó que “hubo abuso de alcohol, que broncoaspiró y por eso falleció; la autoridad se adelanta y así incumple con investigar toda muerte violenta de una mujer cuando están obligados a no adelantar nada”.
Para la defensora este caso de Ari exhibe que hay un objetivo político: “es innegable”.
“La autoridad, así esté la opinión pública pidiendo respuestas, se debe a la familia y no por nadie más. Esas declaraciones preocupan porque estaban dos situaciones con dos jóvenes que se subieron a taxis y ya se estaba dando por sentado que así fue su desaparición y se hizo sin demostrar que efectivamente así había ocurrido. Salió después que Ari nunca tomó un taxi y después de la necropsia se habla de que fueron golpes lo que le quitaron la vida”.
Agregó que es grave porque las fiscalías afirman que las muchachas se suicidan, por ejemplo y entonces se debe recurrir a peritos independientes, con lo que se demuestra que esa no fue la causa de la muerte o al menos para tener certezas.
“Pero es un servicio costoso, no es tan fácil que las familias puedan hacer un peritaje, porque de por sí cuesta pagar un abogado cuando ya no confías en la asesoría de la autoridad ni en el Ministerio Público, entonces el peritaje que puede ir desde la autopsia o hasta exhumación, cuesta. A cuánta gente no le dicen que su hija se suicidó y terminan aceptando a pesar de las dudas…”, concluyó Estrada Mendoza.
