De las 12 obras carreteras que la SCT tuvo en su cartera durante 2018, ninguna se salvó de tener irregularidades. La Auditoría Superior de la Federación encontró problemas desde el proceso de licitación hasta el de la construcción y atribuye de manera directa al Órgano Interno de Control (OIC) de esa Secretaría y a las directivas estatales.
Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- En 12 obras carreteras que involucran a 10 estados, la mayoría del sureste del país, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), liderada en ese entonces por Gerardo Ruiz Esparza, acumularon más de 70 irregularidades en su construcción y planeación. El posible daño al erario público, según lo calculado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ascendería a los 275 millones 317 mil 259 pesos.
Sin embargo, los daños en este tipo de proyectos no son únicamente monetarios, sino que al haber errores en la construcción, las afectaciones podrían reflejarse en los usuarios de las carreteras. El ejemplo más certero es el del Paso Exprés México-Cuernavaca, que luego de abrirse un socavón por errores en la construcción y por mala calidad en la obra, murieron dos personas.
Lo que encontró la ASF en las carreteras es muy variado. Los problemas inician desde que la SCT no ejecutó bien las licitaciones porque no revisó todas las propuestas que se le presentaron, en otras escogió simplemente las que consideró “más baratas” y en otras no justificó por qué realizó adjudicaciones directas.
Otro problema que se repitió en las obras carreteras fue la falta de un proyecto ejecutivo desde el periodo de la licitación y cuando las obras ya estaban en marcha. La ausencia de esos planes básicos provocó que los trabajos de construcción se hicieran con cálculos errados o más costosos.
También se encontró que el dinero destinado a las carreteras sirvió para pagar viáticos de servidores a sitios que no tenían relación con las obras o que se utilizó para pagar otras cosas, como la construcción de una secundaria.
Se permitieron excavaciones y demoliciones sin autorizaciones o planos; se avanzó sin la liberación del derecho de vía; se pagó por obra que no se ejecutó y se pagó de más por material.
Y como hubo poco control hacia las empresas, a las que en varios cosos no se les cobró por retrasos en el término de construcción, éstas pudieron sustituir a sus jefes de laboratorio con personas que no cubrieron el perfil (ingenieros civiles titulados). Todas las pruebas de laboratorio que se adjuntaron a las estimaciones fueron firmadas por jefes de laboratorio que ostentan el grado de técnicos.
Esta semana, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que se investigan posibles actos de corrupción que involucrarían al ex Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, con la constructora OHL.
“Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior Administración con OHL”, dijo en entrevista con medios luego de reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
LAS OBRAS CON MÁS DE 70 IRREGULARIDADES
La ampliación de la carretera Palenque-Catazajá, en el estado de Chiapas, tuvo como principal problema los pagos por más cemento del que se recibió y por el inicio de la obra sin pólizas de seguros contra daños a terceras personas y en sus bienes, pérdida de maquinaria, equipo de construcción, pérdida de materiales y seguros de vida para su personal.
La ampliación y modernización del camino alimentador Chiná-E.C. (Haltunchen-Cayal), en el Estado de Campeche, es una obra que se inició son proyecto ejecutivo aun cuando es un requisito indispensable.
En la licitación no se revisaron todas las propuestas que se presentaron, ya que solo se evaluó el factor económico, dejando de lado el técnico; se encontraron “pagos de viáticos” por 17 mil pesos a sitios que nada tenían que ver con las obras y un muro recién construido para la obra se colapsó.
Sobre este caso, la ASF concluyó que se vino abajo por la falta del proyecto ejecutivo; la SCT dijo que lo provocó la “temporada de lluvias”.
Ampliar el Paseo de la República a la desviación a San Miguel de Allende, en el Estado de Querétaro, es una obra que se inició sin el Análisis de Costo Beneficio y sin proyecto ejecutivo.
En la carretera 15 Jiquilpan-Guadalajara, del tramo Tizapán El Alto a Jocotepec, Jalisco, la ASF encontró más de seis irregularidades por las diferencias entre lo pagado y lo que realmente se ejecutó. Otros trabajos no se hicieron conforme a lo que se tenía establecido.
En lo que respecta a la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero, se inició sin la liberación de los derechos de vía; se ejecutaron obras que no estaban previstas y que provocaron un aumento al presupuesto por 11 millones de pesos; no hubo control de calidad en las obras y se pagaron trabajos que nunca se hicieron.
Además, la SCT no acreditó la autorización de impacto ambiental para la explotación del banco utilizado para la piedra del pedraplén y la grava-arena de río.
Sobre la carretera Ciudad del Carmen-Campeche, tramo Champotón-Villa Madero, en el Estado de Campeche, el dinero por aclarar por irregularidades asciende a los 37 millones 653 mil 510 pesos. Esto provocado por no contar con el proyecto ejecutivo; retraso en la obra de 64.8 por ciento; un anticipo no amortizado y un pago en demasía por 1 millón 930 mil 745 pesos.
En el libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco, se autorizó un proyecto ejecutivo deficiente; se realizaron cambios sustanciales al proyecto para sustituirse con otras muy distintas a lo original y se pagó hasta 75 mil kilos más de acero del que se necesitaba.
Para la modernización de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, en el Estado de México, la SCT no verificó que los servicios se acreditaran de acuerdo a las especificaciones particulares y alcances establecidos en el contrato, por ejemplo, hubo un puente peatonal que se hizo distinto a lo especificado en el proyecto inicial.
En la modernización y ampliación de la carretera Costera del Golfo, que va de Campeche a Mérida, hubo un problema con quien formalizó la obra ya que fue un funcionario que no tenía esas atribuciones.
En la modernización de la carretera Federal Pachuca-Tempoal, tramo: Tehuetlán-Huejutla de Reyes, en el Estado de Hidalgo se detectó una deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la ejecución de los trabajos.
Hubo diferencias entre lo pagado y lo realmente ejecutado, no se aplicaron sanciones a las empresas y se encontró que la SCT Hidalgo formalizó contratos sin justificación por los cambios.
En la carretera Libramiento Sur de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo, se calculó un daño al erario por 36 millones 410 mil 942 pesos. Esto por pagos de viáticos que se pagaron con el dinero de la obra pero que no fueron para tal cosa, no hubo instrucciones pertinentes y ni vigilancia en la supervisión externa, se pagaron contratos que no se formalizaron para realizar trabajos en una secundaria y también se reportaron pagos por obra que nunca se encontró.
Finalmente, en el caso de la carretera Acayucan-Entronque La Ventosa, en el Estado de Oaxaca, el posible daño al erario asciende a 40 millones 874 mil 790 pesos, por gastos de los que no se presentaron facturas, de nueva cuenta por viáticos a sitios ajenos a la obra, trabajos no ejecutados y base asfáltica de distinto grosor y otro que no cumple con el que se tenía especificado.
