Ante el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Ruíz Cabañas, afirmó que el Estado mexicano está dispuesto a erradicar las desapariciones forzadas, y a “abatir” la impunidad en la que quedan muchos de los casos de estos delitos.
Ginebra, 9 de noviembre (EFE).– Las desapariciones forzadas son el mayor desafío de derechos humanos que enfrenta México, señaló hoy la delegación gubernamental que se presentó ante el Comité de la ONU que vigila la implementación de la Convención destinada a evitar estos abusos.
México se presentó oficialmente ante este organismo en 2015 y tras ser evaluado, el Comité de la ONU sobre la prevención de desapariciones forzadas le pidió que presentara en 2018 un informe sobre los avances logrados y la implementación de las recomendaciones.
México lo presentó en febrero de este año y el Comité lo invitó a un diálogo de seguimiento, que hoy se produjo, y que representa el primero en su categoría.
En este sentido, el jefe de la delegación mexicana, el Subsecretario de Derechos Humanos, Miguel Ruíz Cabañas, se mostró “complacido” por ser el primer país a someterse a un escrutinio no contemplado específicamente en la Convención.
Tras redoblar públicamente el compromiso de México con el trabajo del Comité, Ruíz Cabañas “reconoció” que los avances logrados por el Estado mexicano “son insuficientes y que los desafíos son enormes”.
Pero dejó claro “el compromiso del Estado en la búsqueda de la verdad y la justicia” para las víctimas de desapariciones forzadas.
De hecho, el Subsecretario afirmó que “las desapariciones forzadas es el desafío más grande que enfrenta México en materia de derechos humanos“.
Acto seguido, explicó que se ha legislado mucho en los últimos años, pero asumió que las normas por si solas no cambiarán nada, por lo que prometió una implementación lo más rápida posible de las mismas.
Uno de los desafíos a dichas intenciones, señaló, es el hecho de que México sea un Estado federal, lo que complica la coordinación entre los distintos niveles del Estado.
Ruiz Cabañas agregó que la disposición geográfica de México, situado entre “centros productores y mercados consumidores de drogas” es un hándicap.
“A ello, debe sumarse el tráfico ilícito de armas, particularmente desde Estados Unidos hacia México”, sostuvo.
“En 2015, en la región fronteriza del lado de Estados Unidos se localizaban seis mil 700 establecimientos con licencia para venta de armas. De acuerdo con autoridades estadounidenses, la mitad de las armas ilegales que circulan en México son compradas en Tejas, y un tercio de ellas en Arizona y posteriormente traficadas por la frontera”, agregó.
Dicho todo ello, Ruíz Cabañas afirmó que el Estado mexicano está dispuesto a erradicar las desapariciones forzadas, y a “abatir” la impunidad en la que quedan muchos de los casos de estos delitos.
Asimismo, dijo que el objetivo es poder “reparar de manera integral a las víctimas” con compensación y garantías de no repetición.
