Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) ha detectado –en un año y medio- más de 62 mil millones de pesos desviados por presuntos actos de corrupción en un puñado de casos investigados. Solo para poner algo de perspectiva a tantos ceros, la UNAM tiene un presupuesto anual de 39 mil millones de pesos (2016).

El pasado 5 de noviembre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPC) publicó el nuevo proyecto llamado #Paradisepapers. Anteriormente había publicado Bahama Leaks y Panama Papers. El proyecto global se basa en la filtración de una base de datos de la empresa Appleby, encargada de la ingeniería financiera para esconder dinero en paraísos fiscales. Los vínculos económicos y riquezas ocultas en paraísos fiscales de políticos, empresas y millonarios fueron descubiertos en un cúmulo de documentos con más 13.4 millones de registros.

Tener cuentas en paraísos fiscales no es un delito. No declarar ese dinero y no pagar sus impuestos respectivos sí.

La investigación periodística reveló diferentes casos mexicanos de deportistas, políticos y empresarios quienes tienen su dinero en paraísos fiscales. La autoridad tendrá que determinar quiénes – si es que alguno- pagó los impuestos respectivos.

Según la investigación de Raúl Olmos “Fraude en altamar”, Pemex asignó contratos de renta de plataformas marinas por 16 mil millones de pesos (unos mil millones de dólares) a dos empresas ‘hechizas’ ligadas a personajes del PAN, según se revelaron documentos del Paradise Papers. MCCI tuvo acceso a los 13.4 millones de archivos filtrados al diario alemán “Süddeutsche Zeitung”, con base a los cuales se realizó la investigación Paradise Papers.

El despacho Appleby, afincado en Bermudas, elaboró en noviembre de 2011 esta propuesta para transferir a un fideicomiso los derechos de cobro de un contrato con PEMEX por 81 millones de dólares. Vale preguntarse por qué la necesidad de esconder en un fideicomiso los nombres de personas que obtuvieron un contrato millonario de una empresa pública. Como primer beneficiario del fideicomiso aparece una empresa de Irlanda cuyos socios no se conocen, y como segunda, una empresa fantasma en Nuevo León, cuyos socios radican en colonias populares. Como fideicomitente y tercer beneficiado aparece la empresa Industrial de Servicios & Outsourcing, que es la que recibió el contrato de Pemex.

El 20 de febrero de 2009, dos empresarios de Tabasco vendieron la empresa Industrial de Servicios & Outsourcing a personas de Nuevo León; al mes siguiente, PEMEX le asignó su primer contrato a la empresa, por 1,531 millones de pesos para rentar una plataforma marina. Una empresa sin experiencia previa y de recién creación recibe un contrato de más de mil millones de pesos.

Según Olmos, En el arranque del Gobierno de Felipe Calderón, Pemex otorgó un contrato por 10 mil 300 millones de pesos para la renta por cinco años de una plataforma marina a una empresa recién creada en Campeche, cuyo dueño fundador es esposo de la actual diputada federal por el PAN, Rocío Matesanz Santamaría.

La serie de movimientos extraños en torno a la firma recién nacida, no pararon ahí.

Doce días antes de que entrara en vigor el contrato con Pemex, el fundador y casi dueño único de SeaDragon de México vendió el total de sus acciones en 50 mil pesos a dos empresas extranjeras sin experiencia, también recién creadas. El 99 por ciento de las acciones quedaron en manos de Sea Dragon Offshore Ltd., que había sido constituida en Islas Caimán, en el domicilio de Ugland House, donde están las oficinas de otras 18 mil empresas de ‘gaveta’

Según la investigación de MCCI, antes de que SeaDragon de México concluyera su contrato con Pemex, volvió a obtener en febrero de 2014 una nueva asignación para rentar cinco plataformas, durante seis años, por 1,800 millones de dólares (unos 23 mil millones de pesos al tipo de cambio de entonces). El titular de PEMEX en ese momento era Emilio Lozoya Austin, quien defendió el contrato sin licitación, con el argumento de que no había plataformas disponibles en el mercado.

Contratos ilegales otorgados por Pemex no es novedad. Actos a los que hemos consentido la población entera. A pesar del enojo cada vez que nos enteramos de ellos. La investigación Paradise Papers revela una técnica más para esconder dinero (alguno de procedencia dudosa) o evitar el pago de impuestos que conlleva una millonaria ganancia. También estamos acostumbrados a quebrar la ley para pagar menos. Cuando en los Panama Papers se revelaron los nombres de las empresas que tenían inversiones en paraísos fiscales, el SAT logró recuperar más de 300 millones de pesos en multas. Por lo que, entonces, no es una teoría descabellada que detrás de esta nueva entrega periodística miles de millones de pesos está ilegalmente en paraísos fiscales.

La corrupción no es exclusiva de la administración de Enrique Peña Nieto. Ha sido parte de nuestro sistema político, social y económico durante décadas. Tal vez siempre ha estado ahí. Pero no estamos condenados a sufrir la corrupción. Ese es el paradigma que debemos de cambiar. Ante el avasallamiento de actos de corrupción solo queda saber que la sociedad civil y los medios de comunicación independientes son la única oposición para generar un cambio.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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