Esta presunta estafa se dio en un año de los tres de esa legislatura y supera por 151 millones el desfalco de los 312 millones de pesos de la Estafa Maestra en su paso por Sonora.
Hermosillo, Sonora, 9 de octubre (SinEmbargo).– En el 2021, en la Legislatura LXII del Estado de Sonora, en el contexto de la crisis de la pandemia por la COVID-19, el Congreso habría desviado más de 463 millones de pesos, de un presupuesto total devengado de 814 millones 899 mil 710 pesos, es decir, el 57 por ciento del total, mediante la partida de “Ayudas Sociales”, de acuerdo con documentación oficial y testimonios a los que tuvo acceso el reportero.
En este esquema se habrían utilizado 11 empresas, 10 de ellas empresas fachada de reciente creación, con domicilios deshabitados, otros totalmente abandonados y en algunos casos, domicilios que ni siquiera existen. Lo mismo sucede con los domicilios de los supuestos propietarios de estas empresas, uno de ellos ligado a diputados de esa legislatura.
Esta presunta estafa legislativa se dio en un año de los tres de esa legislatura y supera por 151 millones el desfalco de los 312 millones de pesos de la Estafa Maestra en su paso por Sonora. En la cuenta pública del 2020 de este Congreso Local también se observa el mismo modus operandi y las mismas anomalías, según acusó la Diputada Ernestina Castro Valenzuela, Coordinadora de la bancada de Morena.
Entre los años 2019, 2020 y 2021 —en la anterior legislatura LXII— se gastaron en el Congreso sonorense cerca de 869 millones de pesos en el capítulo 40000 de “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” en su partida 44101 de “Ayudas Sociales”.
En su cuenta pública del 2021 mediante el oficio del Informe Individual de Auditoría Financiera en la 2021AE0102011923 del cuarto trimestre, auditada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de Sonora (ISAF), organismo autónomo encargado de vigilar el recurso público estatal, constan que de los 463 mdp devengados en esta partida, se revisó un total de 419 mdp que representan el 91 por ciento.
De esos 419 mdp, este ente fiscalizador le observó que no acreditó las evidencias documentales de la recepción de las adquisiciones de bienes ni las evidencias documentales que acredite la entrega de los bienes a sus supuestos beneficiarios por 398 millones 625 mil 376 pesos, es decir 95 por ciento del total revisado. Poco más de 383 mdp en el Informe Individual de Auditoría Financiera 2021 2021AE0102010571 del tercer trimestre, que comprende el período del mes de enero a septiembre y más de 15 mdp en la auditoría 2021AE0102011923 del cuarto trimestre, período comprendido de octubre a diciembre.
En los años 2019 y 2020, los presupuestos utilizados en la partida de Ayudas Sociales fueron de 65 millones 106 mil 148 pesos y 340 millones 539 mil 675 pesos, respectivamente. Este último año, en el que se incrementó en un 423 por ciento este presupuesto, también cuenta con algunas observaciones del ISAF, por el mismo motivo de no acreditar la recepción de adquisiciones de bienes ni el padrón de beneficiarios donde se haga constar que los bienes fueron entregados.
Algo que también resalta es que la ejecución del presupuesto en esa partida fue con el mismo modus operandi y con las mismas 11 empresas proveedoras que en el 2021.
El 5 de octubre del 2021 en la comparecencia del entonces Auditor Mayor del ISAF, Jesús Ramón Moya Grijalva ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Sonora, la Diputada Ernestina Castro, coordinadora de la bancada de Morena, le reclamó al anterior la omisión de sus comentarios y explicaciones en lo referente a las observaciones no solventadas de este Poder Legislativo en la cuenta pública del 2020, entre ellas una observación por más de 149 millones de pesos en la misma partida de Ayudas Sociales.
Nueve días después, el 14 de octubre en la discusión en pleno de la Cuenta Pública 2020 de ese Congreso del Estado y ante los otros 32 diputados locales, la misma Diputada morenista Castro Valenzuela exhibió la ausencia de evidencias que justifiquen los más de 340 millones de pesos que se destinaron para Ayudas Sociales, asimismo dio a conocer la lista de las 11 empresas que facturaron las adquisiciones de los bienes de esta partida, pero que además, entre solo estás 11 empresas terminaron facturando un total de 511 millones 867 mil 809 pesos, lo que significó un 59 por ciento de lo que fue el presupuesto global de ese año 2020: 871 millones 038 mil 236 pesos.
También precisó que esos montos y ejecución de los mismos, se aprobaron en las Comisión de Administración y en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP).
En una mesa de debate en el espacio radiofónico de En la radio con Aarón Tapia el 9 de febrero del presente año, el Diputado local de Movimiento Ciudadano Ernesto De Lucas, le señaló al exdiputado del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Urbina, que en esa legislatura (LXII) donde él y Gildardo Real, Diputado coordinador de la bancada del PAN en esa legislatura y hoy presidente estatal este partido, “andan volando 500 millones de pesos”.
El Diputado De Lucas se refería a los casi 512 que millones que facturaron al Congreso del Estado de Sonora las 11 empresas fantasmas en el 2020 y que Ernestina Castro resaltó en el pleno el 14 de octubre del 2021, donde los 340 millones de pesos de la partida 44101 de “Ayudas Sociales”, formaban parte de ese monto que reclamaba Ernesto De Lucas.
El ISAF de manera muy sospechosa y violando las leyes de fiscalización y transparencia, bajó de su portal de internet toda la información referente al informe individual de la auditoría financiera de la Cuenta pública 2021 del Congreso del Estado que hasta el 18 de agosto del año en curso aún se podía consultar en ese portal.
La Diputada local Natalia Rivera confirmó en el mismo programa de En la radio con Aarón Tapia, que en su calidad de Presidente del Congreso del Estado de Sonora, recibió la documentación de ese informe individual de la auditoría financiera y afirmó haberse percatado de las observaciones por las inexistentes evidencias ya mencionadas.
LAS 11 EMPRESAS “PROVEEDORAS”
Dos de las empresas envueltas en esta trama son Avidsa Supply y Grupo Comercial Garavi, que facturaron al Congreso del Estado de Sonora 21 millones de pesos en el 2021, la primera 16.1 y la segunda casi 4.9 millones.
Avidsa Supply fue registrada ante el Registro Público de Comercio el 7 de noviembre del 2018 y constituida ante el corredor público Javier Iriarte Torres y Grupo Comercial Garavi dos días después y formalizado ante el notario público Gustavo Adolfo De Unánue Aguirre.
El domicilio fiscal de ambas, es una bodega abandonada desde el 2018, según Google Maps Street View, en Av. Ignacio Manuel Altamirano 581, Col. Benito Juárez en Hermosillo, Sonora.
Es el mismo domicilio que el de otras empresas fachada, BDG del Noroeste, S.A. de C.V., Difva S.A. de C.V. y Comercializadora Ragafer, S.A. de C.V., que también fueron registradas el 7 de noviembre del 2018, excepto Difva, su registro fue el 9 de noviembre del mismo año, al igual que Grupo Comercial Garavi.
A excepción de Avidsa Supply y Grupo Comercial Garavi, las otras 3 empresas registraron un cambio de domicilio social a la ciudad de Tijuana, Baja California. En el caso de BDG del Noroeste y Difva, fue el 7 de septiembre del 2020 y Comercializadora Ragafer, el 15 de noviembre del 2019.
Estas cinco empresas también comparten las mismas socias, según consta en las actas constitutivas del Registro Público de Comercio. Avidsa Supply, BDG del Noroeste y Difva también recibieron pagos de facturas del propio ISAF entre el 2019 y 2020. Comercializadora Ragafer facturó servicios el 2019 al Instituto Sonorense de la Juventud.
Cifras Disparadas, S.A. de C.V y Tripto Éxito, S.A. de C.V son otras de las empresas. Entre ambas, en 2021, facturaron al Congreso sonorense 122.2 mdp. La primera casi 48.2 mdp, la otra, 74 millones.
Este par de empresas cuentan con el mismo representante legal y las constituyó el mismo corredor público Carlos Orduño Fragoza, quien cuenta con una estrecha amistad con el ex Auditor Mayor del ISAF Moya Grijalva y es hermano del Diputado local del PT de la actual legislatura Sebastián Orduño Fragoza.
Este par de empresas cuentan con el mismo representante legal, Ulises Celaya Marina, un joven de 25 años, abogado y miembro activo del cuerpo de bomberos en Santa Ana, Sonora, donde cuenta con su domicilio particular. Es hijo de una pareja de profesores de la Secundaria General Alfonso Marín Ratiff en el mismo poblado de Santa Ana y las constituyó el mismo corredor público Carlos Orduño Fragoza, quien cuenta con una estrecha amistad con el ex Auditor Mayor del ISAF Moya Grijalva y es hermano del diputado local del Partido del Trabajo (PT) de la actual legislatura Sebastián Orduño Fragoza.
Cifras Disparadas fue registrada el 9 de julio del 2020 y su domicilio fiscal dice estar ubicado en Magdalena de Kino, Sonora, ubicada a solo 18 km de Santa Ana, pero no se proporciona información de este, en cuanto a su dirección. El domicilio particular de Francisco Javier Martínez Bojorquez, uno de los dos socios de esta empresa, que dice estar ubicado en calle Santiago Iglesias 310 en la colonia San Felipe, no existe, la numeración solo llega hasta el 307 y al indagar sobre esta persona con algunos vecinos de esa misma calle, aseguraron no conocer a ninguna persona bajo ese nombre.
Francisco Javier Martínez es muy cercano a Arturo Duarte, aspirante a candidato por la Alcaldía de Magdalena de Kino por el PAN y este a su vez presume una estrecha cercanía con Gildardo Real, actual presidente estatal del PAN en Sonora y que fue Diputado local en esta legislatura LXII del Congreso del Estado de Sonora, integrante de la CRICP en 2021, una de las dos comisiones que aprobó las compras a estas empresas fachada.
En el caso de Tripto Éxito su registro data desde el 10 de agosto del 2020. Uno de sus dos propietarios es empleado de Precsoblock, una blockera en Hermosillo, Sonora donde se desempeña como estibador (cargador de mercancía). El domicilio fiscal de Tripto Éxito es una vivienda ubicada en la Colonia Universitaria, el cual se visitó en diferentes días y horarios, pero nunca se encontró gente en el domicilio.
Otras empresas son Comercializadora y Logística de Sonora JH, S. de R.L. de C.V. y Distribuciones y Comercio Amy de Hermosillo, S.A. de C.V. La primera facturó 53.7 mdp; la otra 34.7 en 2021 para el mismo poder legislativo; es decir, entre ambas facturaron 88.5 mdp.
La primera empresa fue constituida ante el notario público Francisco Javier Cabrera Fernández en Hermosillo el 1 de marzo del 2016, los socios propietarios aparentemente son hermanos, Mario Israel y Adalberto Haro Amador. Mario Israel también aparece como apoderado legal de Distribuciones y Comercio Amy de Hermosillo, según el acta constitutiva de esta empresa, que fue registrada el 11 de noviembre del 2016 y formalizada ante el notario público Yeri Márquez Félix.
En el supuesto domicilio fiscal de Comercializadora y Logística Sonora JH, en calle Veracruz 225, Colonia Country Club en Hermosillo, se encuentra situada una clínica de odontología, nutrición, fisioterapia y psicología, llamada Reintegra. Aparentemente esta clínica ya no se encuentra en funcionamiento, por lo menos en este domicilio. Se visitó en diferentes días y horarios y nadie atendió el llamado. Según testimonios de vecinos ya tiene tiempo sin observarse afluencia de personas en ese local.
El domicilio calle Los Sauces 25, Colonia Los Sauces, es una casa habitación deshabitada e incluso con un aviso del organismo operador de agua, alertando el corte del servicio. Ese domicilio según el acta constitutiva de esta empresa corresponde a Mario Israel, los vecinos comentaron que la casa tiene más de dos años sin habitarse y dicen no conocer a esta persona. El supuesto domicilio de Adalberto es en Cerrada del Oro 67, Colonia Valle Bonito, vivienda que se encuentra habitada, pero la persona que nos atendió aseveró que no vivía en esa casa y que tampoco lo conocía. Otros vecinos consultados dijeron que tampoco lo conocen.
Ambos domicilios están ubicados en Hermosillo.
Distribuciones y Comercio Amy de Hermosillo, otra de las empresas, aparece con el domicilio Francisco Mina 119, colonia Pedregal de la Villa en Hermosillo, es una casa habitación y quienes residen ahí, dijeron no tener conocimiento de esta empresa ni de los socios propietarios.
En tanto, Fresco EAA fue constituida formalmente ante el notario público Carlos Aguilar Díaz e ingresó al Registro Público de Comercio el 13 de diciembre del 2016 y facturó en ese año del 2021 al Congreso del Estado de Sonora 59.7 mdp. En la calle Veracruz 51 de la colonia 5 de mayo en Hermosillo, se encuentra ubicada un salón de belleza, es la misma dirección del domicilio fiscal de Fresco EAA. La propietaria de este salón de belleza negó rotundamente que ese sea el domicilio fiscal de Fresco EAA, a la cual jamás había escuchado de ella y así mismo aseveró no conocer a ninguno de sus socios, Alejandro Noriega Gaxiola y Alejandro Sarmiento Márquez.
Tecnología en Mantenimiento y Servicios Mezef, S. de R.L. de C.V es otra de las empresas que facturó en 2021 al poder legislativo de Sonora 41.5 mdp. Su ubicación según su domicilio fiscal en calle De la Moneda 3 en la colonia Villa Satélite en Hermosillo. En ese local se encuentra instalada una empresa llamada SEN Integral, dedicada a la venta de impresoras y copiadoras, al servicio y reparación de las mismas. Declaran no conocer una empresa llamada Tecnología en Mantenimiento y Servicios Mezef que se constituyó como empresa ante el notario público Carlos Aguilar Díaz el 23 de marzo del 2018.
Ketuvim, S.A. de C.V. y Nidui Servicios, S.A. de C.V registran la misma fecha de ingreso al Registro Público de Comercio, el 1 de septiembre del 2020. También las constituye el mismo notario público, Gustavo Adolfo De Unánue Aguirre y ya para el 2021 tuvo una facturación para este Congreso Legislativo de 45.5 mdp. Ketuvim facturó 45.5 mdp y Nidui Servicios 18.2, entre las dos un total de 63.7 mdp. En sus actas constitutivas no aparecen ni los domicilios fiscales ni sociales ni los domicilios particulares de los socios propietarios y en una intensa búsqueda por internet, no arroja ningún resultado que las ubique.
Alson Comercializadora es la única empresa que cuenta con un domicilio y con una actividad empresarial real, sin embargo, según el informe individual de la auditoría financiera del ISAF, no existe evidencia documental se haya recibido las adquisiciones de los bienes por 700 mil pesos que el Congreso del Estado de Sonora le pagó.
En un reportaje de la periodista sonorense Priscila Cárdenas publicado el 24 de enero del año en curso y titulado “Pago ISAF en Sonora 5 mdp a empresas “fantasmas” listadas por el SAT” se expone que entre el 2019 y 2020 la institución encargada de vigilar la correcta ejecución de los presupuestos de los entes públicos del estado de Sonora, pagó facturas a empresas fantasmas.
El Auditor Mayor en ese entonces era Jesús Ramón Moya Grijalva, señalado y exhibido en varios trabajos periodísticos por sus omisiones de observaciones en las diferentes dependencias del gobierno del estado, gobiernos municipales, en el poder judicial y el propio congreso del estado, además de su cercanía con gobiernos priístas.
En el documento CG 137/2021 del Instituto Estatal Electoral de Sonora, en donde se analizó sobre violencia política en contra de las mujeres en razón de género en el caso IEE/VPMG-03/2021, por una denuncia interpuesta por la Síndico del Ayuntamiento de Empalme, Sonora (en el trienio 2018-2021), en donde acusaba la síndico que la violencia política ejercida sobre ella de parte del Presidente Municipal, entre otras razones, también deviene por una investigación que ella personalmente llevó a cabo por un presunto desfalco al erario de ese ayuntamiento por parte del mismo Presidente Municipal por efectuar transferencias bancarias a empresas fantasmas y en entre otras, son señaladas como tal, Comercializadora y Logística de Sonora JH, Tecnología en Mantenimiento y Servicios Mezef y Fresco EAA.
CG137-2021El actual Director General de Administración Florentino Valencia manifestó que los recursos que ejercieron los anteriores administradores no cuentan con la documentación comprobatoria.
Después de realizar una minuciosa búsqueda de dicha información que no fue entregada por los servidores públicos salientes en el acto de entrega-recepción, asegura que fue por eso que no se proporcionó la evidencia documental que acredite la recepción de los bienes adquiridos, así como, la evidencia documental que acredité la entrega de los bienes adquiridos a sus beneficiarios, es por ello que interpuso formal denuncia con oficio DGA/18-2022 ante la Contraloría Interna donde se solicita a la misma la investigación de los hechos; por lo tanto fue imposible solventar lo observado en esta auditoría.
La denuncia es en contra de David Suilo Orozco, Director General de Administración y Ana Teresa Teros Hernández, ex Subdirectora de Control Presupuestal y Contabilidad y quien resulte responsable.
