Con la firma de los secretarios Jorge Carlos Ramírez Marín y Rosario Robles Berlanga, el 19 de noviembre de 2015 concluyó la entrega de esas mil 700 hectáreas a nueve particulares por el precio de 74 pesos la hectárea.
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Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– El Gobierno federal vendió en 1994 mil 700 hectáreas de la Bahía de San Quintín, en Baja California, en 74 pesos a nueve particulares, de acuerdo con una investigación del noticiero "Despierta" de Carlos Loret de Mola.
Los documentos del reportaje revelaron que con la firma de los secretarios Jorge Carlos Ramírez Marín y Rosario Robles Berlanga, el 19 de noviembre de 2015 concluyó la entrega de esas mil 700 hectáreas a pesar de que se trataba de propiedad privada.
De acuerdo con la investigación, desde el año 1947 esas hectáreas pertenecieron a integrantes de la familia Orendain.
En esa época, el Presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, se las entregó a cambio de predios ubicados en el municipio de Magdalena, Jalisco, que repartió a campesinos como parte de la Reforma Agraria.
Desde entonces la tierra fue cambiando de manos dentro de la misma familia, situación que consta en una cadena de escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad.
De acuerdo con el reportaje del noticiero "Despierta", en 1994, las nueve personas beneficiadas por la expedición de títulos de propiedad en el año 2015 habían hecho un primer intento por quedarse con la tierra de los Orendain.
Los beneficiados son Francisco Sesma Vázquez, ex dirigente de la CNC del PRI y ex Diputado local, además de Héctor Bojórquez Quintero, Miguel Valadez Ríos, Manuel Fernández Ramírez, Guadalupe Díaz Castellanos, Daniel Salazar Goyry, Everardo Bayón Barrios, Mario Gerardo Rivera Garza y Juan Manuel Cota Pérez, quienes argumentaron que esos predios habían dejado de ser propiedad privada porque Orendain no vendió a terceros en los 10 años siguientes, como condicionó el Presidente Alemán Valdés.
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El 27 de septiembre de 2001 la Secretaría de la Reforma Agraria emitió una resolución en la que rechazó su solicitud de hacerse dueños y eso implicó el reconocimiento de la propiedad privada a favor de Orendain.
Los nueve interesados se ampararon y el caso cayó en manos de la juez María Guadalupe Rivera González, conocida entre otros casos polémicos, por frenar el desafuero contra Carlos Romero Deschamps, líder sindical petrolero.
La juez dictó cuatro sentencias a favor de los 9, pero finalmente el primer tribunal colegiado sobreseyó el amparo y reafirmó que los terrenos eran propiedad privada.
A finales de 2014, los nueve personajes que querían la tierra solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano una revisión de la resolución de septiembre de 2001 que les negó la propiedad.
La oficina aceptó y su titular en ese entonces, Jorge Carlos Ramírez Marín, emitió un acuerdo en el que anuló la resolución, a pesar de lo que había dictado el tribunal colegiado.
Después, cuando llegó Rosario Robles, en agosto de 2015, la funcionaria continuó con el proceso que inició Ramírez Marín y entregó los 10 títulos de propiedad a los nueve personajes quienes pagaron en 1994 los 127 mil pesos en total por las mil 700 hectáreas a 74 pesos la hectárea.
Actualizado con la inflación de hoy sería a 450 pesos la hectárea.
