El Gobierno federal y estatal tomaron el control de la seguridad en el municipio luego de las investigaciones que revelaron actos de corrupción en la Policía Municipal.
Por Brenda Escobar
Acapulco, 9 de septiembre (ElSur).- En Zihuatanejo, Guerrero, la Secretaría de Marina (Semar) tomó el mando de la Dirección Municipal de Seguridad Pública “por instrucciones superiores”.
Fuentes de esa dependencia municipal revelaron de manera escueta que la Marina tomó el control de la seguridad en Zihuatanejo desde el viernes 2 de septiembre “por instrucciones superiores de Gobierno federal”, pero sin que se conozca el alcance de sus atribuciones.
De acuerdo con la fuente, el nuevo titular de la dependencia municipal es el tenitente de fragata infante de marina paracaidista fuerzas especiales, Carlos Sedas Taracena, mientras que el inspector de Seguridad Pública estatal, Carlos Mercado Domínguez, quien se venía desempeñando como director municipal de Seguridad Pública, continuará desempeñándose como director operativo de esa corporación.
Se conoce que marinos junto con policías municipales hacen juntos recorridos de prevención del delito en la ciudad y se espera que sea la próxima semana, durante su visita a Zihuatanejo, que la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, haga el anuncio oficial de este cambio en la dependencia municipal de Zihuatanejo.
Hasta este 2 de septiembre, la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Zihuatanejo estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, luego de que en mayo de 2017, durante la administración del Alcalde perredista Gustavo García Bello, fueron desarmados y detenidos 57 policías municipales, algunos de ellos señalados como presuntos infiltrados del crimen organizado en esa corporación, y otros por portar armas y uniforme sin haber aprobado los exámenes de control de confianza.
Este cambio ocurre después de que durante mayo, junio y julio de este año, la población de Zihuatanejo vivió episodios de psicosis colectiva por presuntas amenazas de grupos de la delincuencia organizada a transportistas con la quema de sus camionetas y asesinatos a choferes.
También con la quema de expendios de cerveza, así como amenazas directas de extorsión a industriales de la masa y tortilla, situación que obligó a restringir el servicio de transporte, a cerrar los negocios y toques de queda voluntarios de la población que durante esos meses limitó sus salidas durante la noche.
Asimismo, el cierre de ferreterías y casas de venta de materiales para la construcción, cuyos propietarios denunciaron ser víctimas de extorsiones.
Para conocer sobre este nuevo nombramiento, se buscó en el Ayuntamiento al Alcalde priista, Jorge Sánchez Allec, donde sus colaboradores informaron que se encontraba fuera de la ciudad.
