Los casos de retrasos y sobrecostos son anomalías que ocurren frecuentemente en la obra pública en México, considerado como el sector más corrupto a nivel nacional y mundial. La organización México Evalúa expuso en un estudio que la transparencia en obra pública ha sido mayormente dirigida a la generación de los documentos, pero falla en su accesibilidad para su utilidad.
Por el contrario, destacó, entre las irregularidades que sobresalen durante las fases de precontratación, contratación y postcontratación son los consultores “amistosos” que avalan proyectos mal planeados, no hay registros de la integridad y desempeño previo de los proveedores, no se publica el fallo (justificación por las que se determina al ganador) y no hay mecanismos de seguimiento durante la ejecución de los contratos.
Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– El sector más corrupto del país y del mundo es la construcción de obra pública, lo cual provoca baja calidad, baja rentabilidad económica y social, y precios más elevados de lo previsto pese a retrasos, planteó el equipo de Presupuesto y Rendición de Cuentas del centro de análisis México Evalúa, que detectó irregularidades en las fases de precontratación, contratación y postcontratación.
De acuerdo con su Métrica de Transparencia de la Obra Pública (MetrOp) aplicada a 64 documentos, la calificación para ese sector en el ámbito federal mexicano es de 3.7 sobre 10, o lo que es lo mismo: estamos reprobados.
Entre las opacidades que sobresalen son los consultores “amistosos” que avalan proyectos mal planeados, no hay registros de la integridad y desempeño previo de los proveedores, no se publica el fallo (justificación por las que se determina al ganador) y no hay mecanismos de seguimiento durante la ejecución de los contratos.
“Los elevados montos de los contratos y el alto grado de dificultad técnica que implican los proyectos dificultan su monitoreo, su contraloría social y, en general, su rendición de cuentas. Las características altamente especializadas de los materiales de construcción dificultan que se cotejen sus costos y plazos de entrega con otras referencias, lo cual permite inflar o esconder los costos reales más fácilmente”, expuso el estudio.
En entrevista, la coordinadora de la investigación, Mariana Campos, dijo que además de la corrupción, el sobrecosto en las obras públicas tiene que ver con la falta de planeación y preparación del proyecto antes de su contratación, por lo que trae deficiencias en una carpeta conocida como “proyecto ejecutivo”. Esta tiene aspectos técnicos, presupuestales y legales sobre la factibilidad.
“Si el proyecto ejecutivo es deficiente, es mucho más necesario hacer cambios en los contratos. [Para evitar sobrecostos] es muy importante lograr un proyecto bien preparado y específico por lo que debe ponerse mucha énfasis en la fase de la precontratación para lograr controlar mejor los ajustes. También deben ponerse límites explícitos en los cambios y porcentajes que se pueden ampliar en los contratos. Si se siguen permitiendo las modificaciones de esas magnitudes se vuelve un incentivo para no planearlo bien”, aseguró.
Campos agregó que este sector es proclive a la corrupción por ser altamente técnico y difícil de calcular el precio de una obra a simple vista, lo que permite bajar la calidad sin que la ciudadanía se percate.
Cuando los proyectos no son manejados adecuadamente, acaban financiándose obras públicas innecesarias, proyectos con problemas de factibilidad o proyectos de baja rentabilidad económica y social que sólo satisfacen los objetivos de ciertos grupos de interés; obras a precios excesivamente elevados; edificaciones de mala calidad que comprometen la rentabilidad de los proyectos, así como su potencial impacto positivo en la productividad de la economía y en el desarrollo social, además de que pueden poner en riesgo la vida humana, concluyó el informe.
EL REINO DE LA OPACIDAD
De 80 proyectos llevados a cabo entre 1999 y 2010, las obras aumentaron de precio en 36.3 por ciento y se tardaron 126 por ciento más de lo programado para concluirse, reveló la Auditoría Superior de la Federación.
En el caso del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), en septiembre del año pasado se anunció un aumento en el costo de 169 mil millones de pesos a 180 mil millones de pesos y a principios de 2017 se advirtió de otro, bajo el argumento del incremento del dólar a 186 mil millones de pesos. Hasta el momento, se prevé que sea inaugurado el 20 de octubre de 2020.
El MetrOP analizó el compromiso del Estado y se observa una calificación de 3.3 en el marco normativo y un 4.1 en la implementación. En la dimensión de la transparencia si bien la disponibilidad de información obtuvo un 5.4, la de accesibilidad es de 2.9.
“Los esfuerzos en materia de transparencia en obra pública han sido mayormente dirigidos a la generación de los documentos y en menor medida han buscado incorporar buenas prácticas de elaboración y accesibilidad que abonen a la validez de la información y a su utilidad”, destacó el informe. “Es necesario regular las condiciones de accesibilidad a la información para que ésta pueda ser fácilmente consultada o analizada”, pidió.
De hecho, la información de las tres fases de la vida de la obra pública (precontratación, contratación y postcontratación) se encuentra desvinculada entre sí. No es posible rastrear un proyecto de inversión, una obra pública o un contrato desde su diagnóstico hasta su ejecución, evaluación y auditoría.
También existen obras que no se terminaron de construir o que se concluyeron pero en los hechos no operan. Así, la ASF alerta sobre la edificación sistemática de “elefantes blancos” u obras ociosas que finalmente no operan por falta de equipamiento, personal, programa operativo, mantenimiento, o problemas legales, entre otros.
México Evalúa analizó el caso de 13 hospitales abandonados, que se encuentran en diferentes estados y regiones. Destacan hospitales que fueron abandonados antes de concluir su construcción, como los de Tekax y Ticul en Yucatán, el Hospital General Rincón de Urías en Mazatlán, el Hospital Matías Romero en Oaxaca, la Unidad de Atención Ambulatoria Integral en el municipio de Nautla, así como un hospital en el municipio de Perote y otro en Papantla, estos últimos tres en Veracruz.
En Tijuana, el Hospital Materno sí fue terminado, pero no se equipó, por lo que permanece cerrado y sin operar. Se encontraron otros casos de hospitales no funcionales en Sonora, Oaxaca y Veracruz.
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FASES DE UNA OBRA PÚBLICA
El objetivo central de las contrataciones públicas consiste en que el gobierno pueda adquirir los mejores productos y servicios en términos de su relación precio, calidad y oportunidad, para atender una necesidad o resolver un problema de interés público. Sin embargo, la falta de transparencia durante el proceso impide identificar a los mejores proveedores para cada tipo de proyecto.
En el análisis de México Evalúa, la fase de precontratación, cuando se prepara el proyecto de obra, contó con un total de 23 documentos y su calificación es 3.3, la más baja de las fases que se evaluaron con la MeTrOP. Abarca la identificación y caracterización de necesidades y de problemas por resolver con infraestructura, la evaluación de alternativas para atenderlas, la valoración específica de un proyecto (por medio de su factibilidad económica, técnica, legal y ambiental), la presupuestación, así como el diseño de los requisitos y procesos para la contratación de la obra pública.
En esta parte la investigación destaca que no existen diagnósticos independientes sobre los problemas en materia de infraestructura, ya que no son validados por un cuerpo autónomo de carácter técnico.
“Los diagnósticos están hechos para justificar los planes ya definidos por el Poder Ejecutivo, y no para ofrecer un análisis objetivo sobre las necesidades de inversión física, lo cual limita la rentabilidad social y económica de las obras. Además, la planeación de la infraestructura tienen una alcance limitado”, concluyó.
Además, aunque existen expertos que dictaminan los análisis costo-beneficio, existe el riesgo de que “Consultores amistosos” avalen proyectos mal planeados o que atiendan necesidades ficticias, lo cual puede derivar en obras públicas que constituyan un desperdicio de recursos. O bien, puede haber conflictos de interés por parte de funcionarios públicos quienes, motivados por un beneficio personal, avalan necesidades ficticias que pretenden justificar la creación de determinados proyectos.
Respecto al perfil del proveedor, no existen bases de la experiencia, desempeño e integridad que acrediten que los contratistas efectivamente cumplen con los requisitos mínimos legales y administrativos. Solo hay un registro único de contratistas de la administración pública federal que solo registra aquellas empresas que ya han prestado servicios al gobierno.
Tampoco se mandata ni se practica la publicación de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de los funcionarios implicados en la toma de decisiones de las contrataciones.
La contratación va desde que se invita a los contratistas a participar en un procedimiento hasta la entrada en vigor del contrato y en su caso el proceso de impugnación. Su calificación global es de 4.1. De los 19 documentos consultados, solo el 1 por ciento hizo público el documento del contrato a pesar de que establece los términos en que se emplearán los recursos públicos y el costo de publicarlo es casi nulo. Incluso, es más eficiente que los contratos se publiquen completos y de manera automática que atender solicitudes de información.
El 60 por ciento de las licitaciones o invitaciones a tres no ponen a disposición del público su fallo completo, documento que describe ampliamente las justificaciones por las que se determina el ganador de un concurso.
“No existe homogeneidad en las obligaciones de transparencia entre procedimientos de contratación y más puntualmente es que hay opacidad en las adjudicaciones directas”, enfatizó. Sólo 23.6 por ciento de las bases de contratación de las adjudicaciones directas está disponible mientras que 87 por ciento de los procedimientos competitivos cuenta con acta de fallo. Las adjudicaciones directas tienen un mayor potencial de ser discrecionales, por lo tanto, preocupa que sus documentos sean menos transparentes”, agregó.
Finalmente, la postcontratación es la fase que inicia con la ejecución del contrato y termina con la operación de la obra, incluyendo la supervisión, auditoría y evaluación de la misma. Su calificación global es de 3.7. Sin embargo, no hay buenos mecanismos de seguimiento para los ciudadanos durante la ejecución de los contratos.
De acuerdo con una encuesta del Foro Económico Mundial, en América Latina las dos áreas donde los empresarios reportan los sobornos más frecuentes son las contrataciones públicas y luego el sistema judicial.
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En México, el artículo 134 constitucional dice que las contrataciones de todo el Estado Federal Mexicano deben realizarse en un marco de eficacia y transparencia.
“La contratación de obra que realicen se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, reza.
La Ley de Obras Públicas en su artículo 34 también establece como principio la obligación de usar la licitación como procedimiento de contratación.
La corrupción es posible gracias a la opacidad y discrecionalidad por lo que la regulación debe reducir los márgenes de discrecionalidad de los funcionarios públicos, así como garantizar que tomen decisiones con base en criterios explícitos, de forma colegiada, con procesos de revisión y mecanismos de contrapeso, propuso el informe de la MetrOP.
En cuanto a la participación de la sociedad civil, puede monitorear los procedimientos de contratación de forma eficiente y transparente.
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