José, de 28 años, estaba recostado debajo de un puente peatonal que cruza las vías del tren suburbano, a unos 500 metros de la estación Lechería en el Estado de México. En la zona había refugios y casas para personas migrantes, pero los gobiernos municipales y algunos vecinos xenófobos provocaron su cierre.

Aquel lugar es todo lo que queda como refugio y normalmente es usado por hermanos migrantes que van hacia Estados Unidos y pasan por la Ciudad de México. Al acercarme a platicar volteó su mirada con cierto dolor. Platicamos durante un rato y me animé a preguntarle de dónde venía y si estaba lesionado.

Hace tres meses José trabajaba cerca de Tegucigalpa en una transnacional procesadora de frutas. Un recorte terminó con su empleo de cuatro años. Dos meses duraron sus ahorros y el trabajo de su esposa lavando ropa en su barrio, hasta que las carencias para alimentar a sus tres hijos se hicieron evidentes. El asalto a uno de sus hermanos y la ausencia de oportunidades para lo que resta del año lo convencieron de salir de su país.

Un mes después de emprender su viaje, y ya en suelo mexicano, José y el grupo de migrantes que caminaban por las vías fueron perseguidos por la Policía Federal y agentes del Instituto Nacional de Migración en Tlaxcala. Los intentaron extorsionar, al no encontrarles dinero los liberaron y les ordenaron correr en un descampado. Pensaron que les dispararían. Tratando de escapar no solo lesionó un tobillo, también la parte interna de la pierna con un alambre de púas. Pensaron en denunciar pero vieron las patrullas de sus agresores cerca de la agencia del ministerio público. En esas condiciones continuó caminando sobre la ruta del tren hasta que el dolor no se lo permitió y se detuvo. Ahí es donde lo encontré.

Su país y el resto de México, Centroamérica incluso Colombia se encuentran en el radar de la política de Estados Unidos que subordina, en su beneficio, el aprovechamiento de recursos naturales y humanos de esta región, necesarios para una economía extractiva y de trabajo forzado. Para lo anterior es necesario: 1. El despojo de tierras de miles de comunidades y la reforma de leyes de origen nacionalista para ofrecer los recursos al apetito de las transnacionales. 2. Los acuerdos de complicidad con las élites gobernantes de la zona a cambio de “cooperación” financiera. 3. La creciente militarización de la región, la transferencia de armamento, tecnología de vigilancia y la subordinación de las milicias y fuerzas del orden a  estrategias diseñadas en el Pentágono.

Si dudamos de lo anterior solo hay que responderse a las siguientes interrogantes: ¿Estados Unidos condenó el golpe de Estado a Honduras? ¿En qué año terminó la histórica resistencia de la Armada mexicana a participar en los ejercicios del Comando Norte? La falta de clausura de Minera México en Cananea a pesar del desastre ambiental ¿no es una omisión deliberada del gobierno de Enrique Peña Nieto para dar un mensaje de “confianza” a las trasnacionales mineras y petroleras?

Esta política tiene terribles consecuencias en la vida de millones de personas. La lista es larga, desde el despojo de tierras, la privatización de las cuencas hidrológicas, la contaminación ambiental, el modelo maquilador o de procesamiento industrial de insumos y alimentos para el mercado del norte, la concentración caótica de mano de obra para estos modelos en zonas urbanas servicios básicos. La proscripción de modelos más razonables sobre las drogas junto con la tolerancia a la industria del narcotráfico, su poder corruptor y la violencia asociada, que garantizan que las dosis de sustancias siempre estén disponibles en las calle de EU. Las decenas de miles de mexicanos y migrantes desaparecidos y asesinados y la falta de un mecanismo regional acceso a la justicia de las víctimas.

Una consecuencia lacerante de este terrorismo de Estado es la migración masiva de personas. Ya que la criminalización no detiene la llegada de migrantes a EU se generan algunas “consecuencias indeseables” para las buenas conciencias de la política en Washington. Decenas de miles de niñas y niños migrantes arriban al sistema educativo o de salud y eso demanda recursos para su atención que no están dispuestos a dar. El escándalo provocado por la presencia de infantes en cárceles disfrazadas generó la oportunidad para modificar macabramente la estrategia de criminalización de migrantes en México.

EU impuso a México en 2013 un plan para militarizar la frontera con Belice y Guatemala, dónde no le corresponde estar. Después ordenó al gobierno mexicano colocar filtros para la migración en México aunque Miguel Ángel Osorio Chong mienta con eufemismos de que estos operativos son para “cuidarles”. Emplea para ello todos los recursos incluso al Grupo Beta, que supuestamente tiene una misión humanitaria.

Si observamos bien, el impidan subir a La Bestia o el que les persigan por los caminos no les frenará porque para nuestras hermanas y hermanos de Centroamérica como para nuestros paisanos que migran a EU, se trata de una lucha entre la vida o la muerte. Aquella tarde pregunté a José si todo este sufrimiento tenía sentido. “Prefiero morir intentando dar alimento a mi familia  que verlos morir de hambre o por la violencia”.

Lo único que provoca este hostigamiento policial es que quienes pueden correr más rápido (sea para tomar el tren en zonas alejadas, huir de la policía o quienes resisten mejor la caminata, el hambre, el frío y el calor) sean los que finalmente logren llegar a los trabajos que la mayoría de norteamericanos no quieren.

¿Y quiénes son los que pasan el filtro? Son comúnmente los varones de 18 a 39 años, precisamente los que necesita la economía de la construcción, del campo y de los servicios que nadie quiere desempeñar. Con ello México “filtra” a niñas y niños, la mayoría de las mujeres y a los adultos incluso a personas mayores que migran, toda esta estrategia sin reparar en el destino de estas poblaciones: la deportación o la cárcel como el defensor de derechos humanos Ángel Almicar, la extorsión, la desaparición, la violación por el crimen organizado y para miles de ellas, la muerte y masacres (que para la CNDH no son violaciones graves a los derechos).

Hay que decir que, guardadas las proporciones debidas, los filtros a poblaciones no productivas terminaron con la vida de millones de personas en la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Aunque no lo diga el gobierno no lo reconozca o aunque muchos mexicanos volteen hacia otro lado “lo que pasa en México con la población migrante es un verdadero genocidio” sostiene Fray Tomás González, ejemplo de compromiso con la dignidad humana.

Ante esta barbarie la única respuesta ética, la solución conforme a los derechos fundamentales es recibir a en nuestro país a quienes sufren persecución, despojo y violencia, acogerlos mediante una visa humanitaria y/o un permiso de paso para quien decida seguir al norte. El diseño de un mecanismo efectivo de acceso a la justicia para las víctimas como lo ha sustentado la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Lo anterior también aplicaría a quienes huyen de la exclusión y el hambre, ya que cualquier criterio económico para otorgar visas humanitarias o permisos temporales atenta contra el artículo 1 constitucional.

Entre una vecina, su compañero y yo, logramos que José fuera atendido debidamente. Le entregué una mochila con provisiones que através de donaciones reúne el colectivo Vía Migrante. Tal y como el colectivo promueve, no solo se envía comida, ropa y medicinas. La mochila va con una carta que la persona donante redacta. José la quiso leer. A todos se nos hizo un nudo en la garganta que impidió que nos despidiéramos con palabras.

La carta de Gaby, la donante, dice:

“En tu paso por México quiero que te lleves mi cariño y apoyo, ningún ser humano es ilegal. No todas las personas de este país rechazamos la migración. Hay quienes pensamos que huir de la violencia, tratar de salir de la marginación y tener el valor de abandonar la familia y propia tierra, es el sagrado derecho a perseguir la felicidad. Con cariño”.

Jesús Robles Maloof

https://www.sinembargo.mx/author/jrobles

Defensor de derechos humanos, entusiasta de los efectos transformadores de las tecnologías de la información. Hace años decidí unir mi voluntad a quienes luchan contra la corrupción, la violencia y la impunidad. Desde integro 2010 el colectivo de activistas digitales Contingente Mx. Colaboré como Senior Lawyer en New Media Advocacy Project y actualmente soy responsable del área de Defensa Jurídica de la organización Enjambre Digital que defiende las libertades en internet.

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