Los juzgadores y magistrados federales acordaron concretar las acciones para hacer patente el rechazo a los foros sobre la reforma judicial, a fin de reforzar la defensa de la división de poderes e independencia.
Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) anunció este viernes que se “considera seriamente” un paro de labores en el Poder Judicial de la Federación (PJF), tras asegurar que los foros realizados en la Cámara de Diputados son “una simulación”.
Por medio de un comunicado, los jueces y magistrados dieron a conocer que en diversas ocasiones no se les permitió participar en los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Judicial, por lo que buscan reforzar la defensa de la división de poderes y de la carrera judicial que, señalan, “es fortaleza de la independencia judicial”.
“En la fecha de colocación de las mantas, lectura en todos los Circuitos de un posicionamiento de rechazo a la iniciativa de reforma constitucional por parte de la JUFED y de diversas organizaciones del Poder Judicial de la Federación”, se lee en el boletín.
🟡#COMUNICADO La #JUFED acordó concretar acciones para reforzar la defensa de la división de poderes y de la #CarreraJudicial, que es fortaleza de la #IndependenciaJudicial. pic.twitter.com/kRdnsgWhfz
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) August 9, 2024
De esta manera, la organización compartió una serie de acciones como la colocación de mantas de rechazo a los foros y reforzar la defensa de la división de poderes y de la carrera judicial; así como la lectura en todos los Circuitos de un posicionamiento negativo contra la iniciativa de reforma y la desaprobación absoluta a la designación de juzgadores por voto popular.
De acuerdo con la asociación, “se consideró seriamente la propuesta aprobada en asamblea general extraordinaria de 18 de junio de 2024 de realizar la suspensión de labores en fecha por definir”. Sin embargo, la JUFED determinó que los aspectos anteriores se tratarán para su aprobación con las Directivas Regionales de la asociación en reunión a celebrar este 9 de agosto.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, que este año termina su periodo de Gobierno, envió el lunes 5 de febrero del 2024 a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 18 iniciativas de reformas constitucionales para revertir los efectos del frenesí legislativo de los gobiernos que le antecedieron.
Esas iniciativas serán dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados durante el mes de agosto, para que sean discutidas y eventualmente aprobadas por el pleno de la nueva legislatura que iniciará sus tareas el domingo 1 de septiembre del 2024.
Con respecto a la Reforma Judicial, la iniciativa señala: “El Gobierno de la Cuarta Transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ha restado credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones”.
El documento reflexiona que: “La paz sólo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público”.
Y explica: “Esta reforma pretende romper con la inercia de los acuerdos cupulares, dónde las y los ministros, magistrados y jueces, no eran responsables ante la ciudadanía sino ante quienes los propusieron en el cargo, orientando sus decisiones a la protección y defensa de intereses personales y de grupos e intereses fácticos. Al impulsar la democratización de la justicia y someter a los integrantes del Poder Judicial al voto popular, se garantiza que representen las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana, logrando así que el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial sea una realidad y no un principio escrito, que sólo se utiliza para fundar y motivar los procesos judiciales, pero que no se refleja en la realidad de las personas justiciables”.
