En México, el acceso a internet y, por ende, el ejercicio de derechos en el espacio digital continúa enfrentando grandes obstáculos para la población que vive una situación de vulnerabilidad histórica. Lo anterior, pese a que desde el inicio de su sexenio, el Ejecutivo señaló como prioridad la conectividad universal, prometiendo que, para 2024, 92% del territorio nacional tendría acceso a internet.

Hoy en día el despliegue de infraestructura de internet no logra hacer frente a las causas estructurales que limitan la posibilidad de acceso a la red.  La actual falta de un enfoque de autonomía y fortalecimiento de capacidades técnicas en los programas gubernamentales de conectividad implica una constante dependencia de las comunidades de la voluntad política de quienes ostentan el poder para dar seguimiento y mantenimiento a la infraestructura desplegada.

Además, se someten a los intereses de las empresas privadas de telecomunicaciones cuyo objetivo primordial es la ganancia. Hay, asimismo, una falta de mantenimiento y desempeño eficaz de la infraestructura, acompañada de la opacidad en la ejecución. El peligro aumenta ante el amago de desaparición de organismos reguladores autónomos en competencia económica y telecomunicaciones, que pone en mayor riesgo la accesibilidad de por sí limitada.

Tenemos como ejemplo que, en la Montaña de Guerrero, sus habitantes deben pagar entre 5 y 10 pesos por hora para acceder a internet. En un contexto donde impera el hambre y la falta de servicios básicos, el derecho de acceso a internet se convierte en un privilegio y así se profundiza la desigualdad en un ciclo que parece no tener fin.

Los problemas en el ejercicio de derechos en el ámbito digital no han cesado ahí. En diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que ya no había espionaje. Durante el sexenio se continuó la adquisición y operación de equipo espía de diversa gama y sofisticación. El hito más preocupante fue el expuesto por la investigación de “Ejército espía”, en la cual se detectó la continuidad en el despliegue de Pegasus contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas durante el sexenio actual.

Entre las víctimas de la nueva ola de espionaje estaban el defensor Raymundo Ramos, el periodista Ricardo Raphael, un periodista de Animal Político y dos integrantes del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh). Por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos y posteriormente ocultó los contratos con el proveedor del spyware, alegando razones de “seguridad nacional”.

Se cierra un sexenio en el que se continuó espiando y en el que no se alcanzó justicia en los casos “del pasado” (gobierno de Peña Nieto), como el de Carmen Aristegui, en el que el único acusado por espionaje fue absuelto. Aun así el juez reconoció que fue espiada por su trabajo periodístico. Tenemos, entonces, espionaje sin espías.

El sabor es aun más amargo ante la evidencia de que el círculo cercano del presidente fue espiado, también con Pegasus, durante el gobierno anterior.  Eso no fue acicate para avanzar en una agenda de controles democráticos de las herramientas de vigilancia.

Pero eso no es todo, el cerco sobre el ejercicio de los derechos humanos en internet se apretó con iniciativas y reformas que amenazan con destruir y desalentar el espacio cívico digital.

Con estas reformas se avalaron procesos que son abiertamente violatorios de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte. Por ejemplo, el llamado mecanismo de “aviso y retirada” en la Ley Federal de Derechos de Autor. Este nocivo y probado mecanismo, fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de este año, abriendo las puertas de par en par a la censura digital.

Las diversas intentonas de regresión autoritaria en internet también se han expuesto en iniciativas de “ciberseguridad” que pretenden avalar el monitoreo de redes y “ciberpatrullaje” por parte del Ejército.

Por todo lo anterior, podemos decir que en México hay en internet una disputa entre un modelo que busca garantizar derechos humanos y uno de control autoritario. Nada está dicho aún, pero la batalla continuará.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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